En Estados Unidos se presentó recientemente una demanda contra McDonalds por vender conjuntamente la hamburguesa con el queso en su versión Quarter Pounder, o Cuarto de Libra.
El argumento es que el queso y el resto de la hamburguesa son dos cosas diferentes, y que no debería obligarse al cliente a adquirir el queso. Como evidencia de la diferencia, apuntan a que la empresa solía vender la Quarter Pounder sin el cuestionado lácteo, pero ahora solo se vende conjuntamente.
Desconozco si en México se venden las hamburguesas sin el queso, pero el caso da para pensar en algunos temas más amplios y muy importantes para México: el tratamiento de las ventas atadas.
Existen países que prohíben directamente las ventas atadas, otros las sancionan sólo bajo ciertos supuestos. En México tenemos reglas especiales en algunos mercados como el caso del sector financiero y, por otro lado, la ley de competencia sanciona las ventas atadas sólo cuando constituyen prácticas monopólicas relativas.
En el caso específico del sector financiero, a partir de la reforma de 2014, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que a las entidades financieras les está prohibido condicionar la contratación de operaciones o servicios financieros a la contratación de otra operación o servicio. La Comisión para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ya ha impuesto sanciones por este tipo de arreglos.
Ahora bien, en otros mercados, al no estar directamente prohibidas las ventas atadas y sólo ser ilegales si se abusa del poder de mercado, la cuestión de evaluar el riesgo de violar la ley es más complicado.
Es difícil saber de antemano si una empresa tiene o no poder de mercado, ya que esto lo determinan las autoridades de competencia (Comisión Federal de Competencia Económica o Cofece, o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT). Normalmente la empresa tiene alguna idea sobre su participación y las barreras que existen, entre otros elementos, pero las autoridades están obligadas a hacer un estudio mucho más profundo que eso y se requiere de un especialista.
Por ello, si se venden bienes o servicios separados o distinguibles de forma conjunta, es necesario hacer una evaluación de los posibles riesgos legales. Habrá empresas que por no tener ese poder puedan realizar ventas atadas, mientras que otras que sí lo tengan, podrían correr grandes riesgos. Las autoridades pueden sancionar hasta con el 8 por ciento de los ingresos a los que realizan prácticas monopólicas relativas.
La Cofece ha tenido algunos casos donde ha investigado prácticas de venta atada. Un ejemplo es el caso del aguacate, donde consideró que se ataban los servicios de administración con servicios de supervisión y verificación fitosanitaria para exportar aguacate Hass. La autoridad de competencia también sancionó por ventas atadas a Petróleos Mexicanos, al considerar que la empresa ataba la venta de hidrocarburos a la contratación de los servicios de traslado, e impuso multas por 653 millones de pesos. En ese caso, la suprema corte otorgó un amparo a Pemex por razones de la ley aplicable, pero ilustra las graves sanciones que se pueden imponer.
Más recientemente Cofece ha anunciado que investiga los mercados de plataformas de comercio electrónico, entre otras razones, por considerar que cuenta con indicios de ventas atadas. El IFT no ha iniciado investigaciones en este sentido recientemente.
Desde el punto de vista de la política de competencia, las ventas atadas pudieran afectar la competencia al aumentar los precios promedio de los bienes o servicios que están vendiéndose de forma conjunta. Justamente, el argumento con la hamburguesa en la demanda es que se obliga a pagar a los consumidores por rebanadas de queso que no quieren, estimando que se les cobran entre 30 y 90 centavos de dólar extra.
Hay algunos llamados a prohibir ventas atadas en más sectores. Veremos si la creciente actuación de Cofece en investigaciones de abuso de poder de mercado pudiera atemperar esos ánimos y dar más claridad al respecto.