Resulta increíble que en pleno siglo XXI, cuando la economía digital ha transformado prácticamente todos los sectores productivos, en varios aeropuertos de México y América Latina se sigan discutiendo prohibiciones o restricciones que impiden a los usuarios acceder libremente a servicios de transporte “de plataforma” como les dicen a Uber, Didi y otros. Más allá de las discusiones políticas o gremiales, esta restricción constituye un despropósito desde la perspectiva del derecho de la competencia económica y, sobre todo, del bienestar del consumidor.
Los defensores de estas prohibiciones suelen argumentar que se trata de proteger a los taxistas tradicionales, quienes han invertido en concesiones y permisos. Sin embargo, este argumento confunde protección con privilegio. Lo que en realidad se está tutelando no es un derecho legítimo, sino una posición de mercado artificialmente blindada contra la competencia de servicios que probablemente ni siquiera pueden verse como equivalentes.
Desde la teoría económica más elemental, sabemos que los mercados funcionan mejor cuando existe libertad de entrada y salida de competidores. La ley no prohíbe ni regula la operación de plataformas en aeropuertos; sin embargo, en la práctica, las autoridades restringen su acceso. Esta actuación irregular de las autoridades frente a las plataformas de transporte en aeropuertos crea, en los hechos, un monopolio u oligopolio cautivo: el viajero que desciende de un avión se convierte en cliente forzoso de un grupo reducido de prestadores de servicios que, al carecer de presión competitiva, tienen pocos incentivos para mejorar la calidad, reducir precios o innovar. Todos sabemos lo ridículamente caro que es un taxi en los aeropuertos de la Ciudad de México, Monterrey o Cancún. ¿Quién paga las consecuencias de esta distorsión del mercado? El consumidor, por supuesto. No es casualidad: cuando no hay competencia, no hay necesidad de competir en precio.
Pero el daño no se limita al bolsillo. La experiencia del usuario también se ve afectada. Las plataformas tecnológicas dan un servicio diferente. Éstas han introducido estándares de transparencia, seguridad y calidad que los servicios tradicionales no tienen: servicio pre contratado, tarifas competitivas, seguimiento del trayecto en tiempo real, calificación de conductores, facturación automática y mecanismos efectivos de queja. Privar al consumidor de estas opciones no es protegerlo; es condenarlo a un servicio que no es el que quiere.
Desde el punto de vista del derecho de la competencia, las barreras de entrada a un mercado solo se justifican cuando existen razones de interés público claramente identificables: seguridad nacional, salud pública, protección del medio ambiente, entre otras. ¿Cuál es la justificación de interés público para prohibir que un ciudadano solicite un Uber al salir de una terminal aérea? Ninguna que resista un análisis serio.
Los conductores de plataformas cumplen con requisitos de identificación, verificación de antecedentes, seguros y estándares vehiculares. Sus servicios también están regulados y se pagan impuestos. No existe fundamento técnico ni jurídico para impedir su entrada. Si el tema es de logística o tráfico, entonces resolvamos eso. Claramente el tema no va por ahí. Lo que subyace a estas prohibiciones no es una preocupación genuina por la seguridad o el orden, sino la defensa de rentas monopólicas por parte de grupos de interés que han capturado espacios de decisión política y que presionan periódicamente con cerrar la terminal, a lo que las autoridades acaban cediendo.
Los países que aspiran a ser competitivos no pueden darse el lujo de mantener mercados cerrados y protegidos en sectores donde la innovación ya ha demostrado ser una buena alternativa. Cada vez que un turista o un empresario extranjero llega a un aeropuerto y se encuentra con la imposibilidad de usar las herramientas digitales que utiliza en el resto del mundo, recibe un mensaje inequívoco: este es un país que prefiere proteger privilegios antes que fomentar la competencia. Ante la inminente llegada de más de 5 millones de turistas por el mundial de fútbol, el tema se vuelve cada vez más relevante.
México cuenta con una ley de competencia que expresamente prohíbe las prácticas que desplazan indebidamente a competidores o que imponen barreras artificiales a la competencia y la Comisión Nacional Antimonopolio podría incidir en este aspecto en cualquier momento. Estas son el tipo de distorsiones que la ley busca combatir. Los consumidores merecen elegir entre servicios, y en una economía de mercado que funcione como tal, esa elección no debería terminar en la puerta de la terminal aérea.