Competencia 2.0

Sobre el nombramiento de comisionados en Cofece e IFT

La SCJN determinó que es inconstitucional la omisión del Ejecutivo federal de seleccionar y enviar al Senado de la República los candidatos a comisionados.

Hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio un buen empujón al proceso de nombramiento de comisionados en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). El Presidente ha señalado que cumplirá con la resolución de la Corte y se prevé que pronto tengamos un Pleno completo. Es previsible que lo mismo suceda con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Por disposición constitucional, los máximos órganos de gobierno tanto de Cofece como del IFT se componen de siete comisionados y se deben nombrar por un complejo mecanismo de pesos y contrapesos. Sin embargo, llevan ya más de un año operando con cuatro comisionados. La realidad es que ambos órganos han visto mermadas sus facultades por estas faltantes. La sociedad, el sector privado y público, incluyendo los mismos funcionarios de los órganos constitucionales, habían manifestado su enorme preocupación por la falta de nombramientos en los reguladores en materia de competencia económica del país, lo que llevó a estas instituciones a presentar controversias constitucionales al respecto ante el máximo tribunal. Interesante el rol que también jugaron los escritos (Amicus Curiae) presentados por organizaciones como la de abogados de empresa (ANADE) que contribuyeron al debate en la Corte.

La Suprema Corte determinó precisamente que es inconstitucional la omisión del Ejecutivo Federal de seleccionar y enviar al Senado de la República los candidatos a comisionados (en este caso sólo de la Cofece) y se ordenó al presidente para que en 30 días envíe al Senado de la República los nombres propuestos para cada uno de los procedimientos de designación pendientes. De manera novedosa, la Corte determinó que existe una “competencia de ejercicio obligatorio”, pues el artículo 28 de la Constitución establece que una vez recibida la lista del Comité de Evaluación con las personas que obtuvieron las calificaciones más altas en un examen de conocimientos, el Poder Ejecutivo debe seleccionar a una por cada vacante y proponer su ratificación, al considerar que la Cofece se ve afectado en su esfera de competencias y se merma la pluralidad buscada con la integración por siete miembros.

Efectivamente, la falta de nombramientos afecta el correcto funcionamiento e independencia de las instituciones. La afectación real se da ya en procedimientos que no pueden seguir su curso y que pueden estar generando espacios de impunidad en los mercados. Es decir, hay espacios que se abren a la falta de intervención estatal y que aseguran que abusos o barreras que se impongan por las empresas, no serán resueltos hasta que no haya nombramiento de comisionados, lo que resulta muy preocupante. Adicionalmente, podría llegar el caso que por un conflicto de interés o alguna otra situación, no se pudiera llegar al quorum necesario para aprobar una concentración o la votación de otros procedimientos, con efectos económicos negativos para las partes afectadas y el mercado.

Como ejemplo, al momento, existen dos procedimientos de la Cofece que se han tenido que suspender por falta de nombramientos: el procedimiento de investigación de barreras a la competencia en el sistema de pagos con tarjetas de crédito y débito y la investigación de barreras a la competencia en el mercado de turbosina. Además, la falta de nombramientos tiene implicaciones en el sistema de pesos y contrapesos interno y rendición de cuentas, dado que podría impedir que se removieran o nombraran funcionarios.

Como hemos visto en otras oportunidades y en muchos países, la ocasión de nombrar funcionarios con nombramientos que trascienden el ciclo político, son vistos como una oportunidad de enorme alcance para dejar un legado e imprimir un sello que va más allá de las administraciones en turno (sea en el Legislativo o en el Ejecutivo). Un ejemplo es el caso de los nombramientos de ministros de las cortes supremas y que los presidentes de México o de Estados Unidos ven como su mayor legado político. Lo mismo debiera ocurrir en el caso de estos dos órganos, toda vez que el nombramiento es por nueve años, lo que aseguraría que esas personas que se nombren ahora permanezcan muchos años más allá del sexenio en cuestión. Los perfiles en las listas son idóneos y los temas en el tintero son realmente relevantes. La pluralidad de voces que le pueden dar estos nuevos comisionados seguramente contribuirá a un mejor trabajo de estos autónomos. Considerando los dichos del presidente, parece que el mandato se cumplirá pronto y se resolverá de igual forma para el caso del IFT. Igualmente, no habría razón para que el Legislativo demorara en la ratificación dado este precedente. Esperemos ahora que las personas de esas famosas listas sigan interesadas o estaremos ante nuevos problemas…

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