La matanza de niños de primaria en la comunidad de Uvalde en Texas con un arma automática en manos de un joven de 18 años con antecedentes de violencia, es el corolario casi obligado de una relación viciosa entre el financiamiento privado a campañas electorales y una perversa política de identidades. Desde hace unos años, sectores específicos del Partido Republicano han estado machacando la idea de que la posesión legal de armas es un derecho absoluto, que no es posible limitar en cuanto al número de armas que es posible acumular, el tipo de armamento y las cualidades específicas de la persona que desea comprar un arma (edad, estado mental, antecedentes, etcétera). Al mismo tiempo, los republicanos han entreverado y fusionando esa idea con una imagen simbólica, identitaria y tradicionalista de los valores conservadores estadounidenses. Por su parte, las empresas fabricantes de armas, aprovechando la laxitud de la legislación electoral en cuanto a donativos privados, han capturado a un número importante de gobernantes y legisladores. El resultado de todo esto es que en ese país es posible y legal para cualquier persona, y en algunos estados desde los 12 años, adquirir un número indiscriminado de armas de cualquier calibre, y que existe hoy por hoy una fuerte base electoral de ciudadanos que asumen que el derecho a tener armas es absoluto, y no están dispuestos a renunciar a él. Otro resultado es que Estados Unidos es el país con más armas por persona en el mundo, unas 120 armas por cada 100 habitantes, seguido de las islas Malvinas (Falklands), archipiélago que está bajo la amenaza de ser invadido por Argentina, y Yemen, que se encuentra en guerra desde 2014. Con una sociedad que está armada hasta los dientes, resulta casi natural que cualquiera, sin mayor motivación que tener problemas emocionales o frustraciones personales, decida un mal día ajustar cuentas con el destino y arrasar a plomo con personas que no se la deben, pero que la pagan.
La venta de armas es un gran negocio, sobre todo cuando se hace sin escrúpulos. De acuerdo con el Instituto de Investigaciones sobre la Paz de Estocolmo (SIPRI), de 2017 a 2021 el principal exportador de armas fue Estados Unidos, con 32 por ciento de las exportaciones mundiales, seguido de Rusia (19) y Francia (11). Como sucede con otros países, para Estados Unidos la venta internacional de armas es una forma de consolidar su influencia y promover intereses económicos y de seguridad nacional. Pero cuando caen en las manos equivocadas, esas armas pueden ser instrumentos del terrorismo, del crimen organizado, de violaciones a los derechos humanos y a las normas internacionales que tratan de limitar los abusos en conflictos bélicos.
Siendo vecinos de Estados Unidos, es también natural que la proliferación de armas en ese país derrame sus efectos sobre el nuestro. Un grupo de activistas reunidos en un colectivo llamado Stop US Arms to Mexico, reunió datos en los que muestran que de 2010 a 2021, el Ejército y la Marina Armada de México recuperaron de grupos criminales casi 130 mil armas en todo el país.
En agosto de 2021, el gobierno de México demandó a 11 empresas fabricantes de armas en una corte federal de Estados Unidos. Sin duda se trata de una estrategia inteligente, valiente y acertada. Aun en el escenario de que esta demanda no sea exitosa, se trata de una excelente oportunidad para presentar el caso de México con argumentos sólidos y fortalecer el debate a favor del control de armas en Estados Unidos. Pero es importante que también nosotros hagamos nuestro trabajo en casa para impedir que esas armas lleguen a las manos de los criminales.
En Estados Unidos, la discusión sobre el control de armas es un debate de conciencias y de leyes; en México en cambio el dilema tiene que ver con el imperio de la ley. Aquí el debate no es legal, la posesión de armas se encuentra regulada y controlada en el papel; el problema es la aplicación del Estado de derecho. Está bien utilizar los recursos legales que tienen en Estados Unidos para impulsar el interés legítimo que tiene México de detener desde su origen la enorme derrama de armamento que cruza ilegalmente la frontera gracias a un próspero y desenfrenado mercado negro; pero también es preciso cerrar la pinza aquí, aplicando efectivamente las leyes que ya tenemos.