Los resultados de la consulta sobre revocación de mandato del pasado domingo son otra muestra de que los instrumentos que hemos diseñado para darle a los ciudadanos una mayor capacidad de incidir en la política y en las grandes decisiones acerca de lo público no han funcionado. Con independencia de las interpretaciones sobre qué pasó el domingo, el hecho es que la consulta popular para preguntar acerca del enjuiciamiento de los expresidentes, así como la revocación de mandato, no alcanzaron por mucho el nivel de participación necesario para ser vinculantes, y ese es tal vez el dato más relevante de ambos ejercicios.
En ninguno de esos dos casos se ha dado un interés suficiente de los ciudadanos como para llamarlos a votar y participar como para que estos ejercicios tengan validez legal y consecuencias, tengan posibilidad de cambiar la realidad. No han servido tampoco para darle forma a la opinión pública sobre los temas que se han consultado sino que al contrario, han intensificado la polarización y en ese sentido, no han conseguido legitimar las decisiones del gobierno. Son ejercicios en los que las preguntas planteadas se han quedado suspendidas, han dado vueltas como trompos sobre su propio eje, para quedarse como al principio, en el mismo lugar y sin resolver nada a un costo altísimo. Creo que es momento de preguntarnos cómo debemos emplear estos mecanismos de consulta pública de tal forma que la confianza y la credibilidad de los ciudadanos en estos instrumentos no caigan presa del cinismo, la suspicacia y la desilusión.
Es un hecho conocido de que las democracias enfrentan grandes retos a futuro, y que tienen ante sí grandes presiones políticas por parte de movimientos iliberales. Un estudio de opinión publicado en diciembre pasado por el Pew Research Center (https://www.pewresearch.org/global/2021/12/07/global-public-opinion-in-an-era-of-democratic-anxiety/) encontró que los ciudadanos que vivimos en democracias nos sentimos en cierta medida defraudados por los resultados de gobierno; esto ha provocado un apoyo decreciente hacia la democracia, nuevas divisiones políticas y sociales que plantean retos de gobiernabilidad para los gobiernos democráticos, así como una creciente demanda de los ciudadanos por contar con más y mejores mecanismos que permitan que su voz sea escuchada y tomada en cuenta en los debates políticos relevantes y en las grandes decisiones de gobierno.
La forma más clara de atender la creciente desconfianza en la democracia y de atender la demanda de los ciudadanos por tener una mayor capacidad de incidir y participar en los asuntos públicos pasa por revisar el diseño de estos mecanismos, la forma como se decide qué temas van a ser sometidos a consulta, cómo se plantean las preguntas y cómo vamos a traducir los resultados de esos ejercicios para transformar la realidad.
No debemos olvidar que los mecanismos de consulta pública pueden tener un papel transformador y de reafirmación de los procesos y valores democráticos, como lo muestra la reciente experiencia chilena. Tras una gran movilización de la sociedad, se alcanzó un acuerdo político amplio y plural en el Congreso chileno en 2019 para organizar un referéndum que le dio a los ciudadanos la opción de decidir redactar o no una nueva Constitución. Este referéndum planteó una pregunta directa y sencilla de comprender: “¿Quiere usted una nueva Constitución?”. La opción aprobatoria ganó por casi seis millones de votos, 78.27 por ciento del total. Aquí la democracia chilena logró articular las aspiraciones de cambio de la sociedad y consiguió perfilar una ruta de transformación política radical, en la que se escuchó y respetó a todas las tendencias, opiniones y voces. Este exitoso ejercicio nos puede dar pistas sobre cómo debemos plantear de nuevo los ejercicios de consulta pública en México, de tal forma que cumplan con su función de ser facilitadores de consensos y de transformaciones. Es fundamental tomar en cuenta que las consultas públicas no son la única forma en la que los ciudadanos podemos incidir en lo público e impulsar cambios transformadores. Existen numerosos mecanismos de presión directa hacia legisladores y tomadores de decisiones por medio de redes sociales, cartas, llamadas y otros mecanismos, como lo hemos visto recientemente con la movilización ciudadana por redes sociales sobre la reforma eléctrica. Los mecanismos de consulta pública pueden mejorarse y debemos tener esa discusión; pero no deben ser las únicas vías democráticas para encauzar los intereses de la sociedad.