La semana pasada, como cada año, Transparency International (TI) publicó las calificaciones para cada país en su influyente Índice de Percepciones de Corrupción (IPC) para 2021. Este índice, que se publica desde 1995, nunca ha ofrecido sorpresas, pues los resultados para la mayoría de los países son más o menos consistentes año con año. Como siempre, los mejores lugares que son para los países con menor percepción de corrupción recaen en países nórdicos, acompañados por Nueva Zelanda y Singapur; los peor calificados vuelven a ser países africanos y del centro de Asia, con el acompañamiento de Venezuela; casi todos los países reprobados se caracterizan por una gran debilidad institucional, por gobiernos autoritarios y en algunos casos con conflictos armados internos, como es el caso de Sudán del Sur, el país peor calificado en esta edición. México, como siempre, se ubica de media tabla hacia abajo con una calificación que ronda los 30 puntos.
Si pasamos por alto el hecho de que este índice ha experimentado cambios en la metodología de medición y en la forma de calificar la percepción de corrupción a lo largo de los años, resulta interesante repasar la calificación histórica de México en este índice, y tratar de plantear hipótesis sobre las razones de fondo que han motivado los estrechos cambios en sus resultados.
Del año 2000 a 2021, la calificación promedio de México en este índice fue de 32.9. La mayor calificación que ha tenido nuestro país en este índice ha sido de 37 puntos (3.7, por la forma que se calificaba antes), en 2001. La menor fue en 2018, de 28 puntos. ¿Debemos pensar que estos altos y bajos tienen que ver con el ambiente político y la realidad reinante o simplemente se trata de ondulaciones naturales de una calificación que en realidad ha sido más bien constante? Se antoja pensar que es lo primero, y que estos cambios en las calificaciones, modestos si se quiere, responden a dinámicas políticas y al ‘humor social’ específico que se vivía en cada momento.
A partir del año 2001, el año de nuestra mejor calificación, México entró en una especie de meseta, una planicie de altas calificaciones estables que duró prácticamente hasta 2009, periodo durante el que tuvimos una calificación promedio de 35.2. La calificación se hundió fuertemente en 2010 y 2011 para subir de nuevo de 2012 a 2014. Desde 2015 las calificaciones han estado debajo del promedio histórico, tocando fondo en 2018, el peor año para México en este índice. Desde entonces la calificación ha mejorado pero de forma muy modesta, manteniéndose debajo del promedio. En 2021 tuvimos una calificación de 31.
Como se sabe, el IPC clasifica a los países de acuerdo con opiniones de expertos y gente de negocios; integra distintas fuentes de información como el Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial y el Country Risk Service and Country Forecast del Economist Intelligence Unit. Estas opiniones de expertos, necesariamente se ven influenciadas por el ambiente político, social y económico del momento, por lo que es fácil imaginar que temas ajenos a la corrupción tienen una fuerte influencia en sus opiniones.
Las calificaciones relativamente altas registradas entre 2001 y 2009 pudieron haber respondido a las expectativas –cumplidas o no, no entraré a ese debate–, que se tenían en la sociedad sobre la transición a la democracia, la alternancia y los cambios que en efecto se dieron en esos años, destacadamente las leyes de acceso a la información y la consolidación de otros derechos y libertades cívicas. Había en ese momento, un ambiente y una expectativa de progreso y de cristalización de la democracia y de valores que se le vinculan, la rendición de cuentas, la transparencia, el Estado de derecho, la justicia, etcétera.
La caída de la calificación en 2009 pudo deberse al crecimiento de la percepción de inseguridad y la violencia del crimen organizado, que posiblemente contaminaron la percepción sobre la corrupción. En 2012, las expectativas positivas sobre un nuevo gobierno y su optimista agenda de reformas estructurales posiblemente hicieron subir la calificación en el IPC hasta 2014, para caer de nuevo y tocar fondo en 2018, en lo que parece una tendencia espejo de la caída en la aprobación de la anterior administración. Desde entonces y hasta hoy, nos hemos ubicado en un socavón consistente de malas calificaciones.
Desde luego, todo esto es sólo una observación superficial en la que traté de vincular el ambiente político de cada momento con la calificación anual de México en el IPC, pero creo que no puede descartarse de entrada. Si fuera posible demostrar esta hipótesis, se podría afirmar que la percepción sobre la corrupción en México se encuentra influenciada fuertemente por las expectativas a futuro, el humor social y el ambiente político general del momento, lo cual sería un dato elemental a tomar en cuenta, en caso de que se decida emprender acciones específicas encaminadas a mejorar la calificación de México en este índice.