La propuesta de hacer una consulta para que los ciudadanos podamos decidir si el presidente sigue o no en funciones se ha complicado y es difícil que se materialice. No habrá periodo extraordinario de sesiones del Congreso, por lo que la reglamentación de las reformas constitucionales que incluyeron la figura de revocación del mandato del presidente necesariamente se retrasarán. Esa ley reglamentaria debió haber sido aprobada hace más de un año, pero el Congreso fue omiso en esa responsabilidad. Ahora tal vez no haya tiempo ni existan tampoco las condiciones políticas adecuadas para seguir impulsando esa propuesta.
Como se ha discutido ampliamente, la propuesta de hacer una consulta de revocación de mandato incluía un vasto abanico de inconvenientes y sinrazones. En primer lugar, no existía una demanda popular que respaldara emprender una consulta de este tipo; se trata más bien de una propuesta del propio Ejecutivo, cuya necesidad no queda del todo clara. En segundo lugar, la organización de esta consulta implica solventar un conjunto de prerrequisitos complejos desde el punto de vista organizacional (reunir las firmas necesarias para echar andar el proceso) y presupuestario (justificar el enorme gasto de organización de la consulta). Finalmente, todo este proceso, en caso de que la opción de revocación fuera aprobada, metería al país en un remolino político provocado por el vacío de poder, la incertidumbre jurídica y las previsibles disputas políticas que aparecerán si de pronto el mandato presidencial es revocado. En suma, esta idea no solamente es, por lo pronto, legalmente impracticable, sino también políticamente riesgosa, presupuestalmente excesiva y llanamente innecesaria.
La revocación de mandato es una propuesta extrema, radical para conocer si el presidente cuenta con la confianza o no de la mayoría de los ciudadanos para seguir gobernando hasta el final de la administración para la que fue electo. Es extrema porque propone a secas la disyuntiva entre la continuidad y la interrupción de un gobierno; entre seguir con la secuencia natural de una administración o cortarla de tajo. La revocación no resuelve los problemas de un gobierno, los amputa. La revocación de mandato no es gradualista; no es parte de una mejora continua ni ofrece oportunidades de dar un paso atrás y recomponer el camino. La revocación es el ‘serás mía o de nadie’ de la política. Es una medida definitiva e irreversible que además no garantiza que nada se resuelva. Tal vez sea esa característica de ser una medida radical y definitiva, con toda la teatralidad política que la rodea, lo que hace que la revocación de mandato sea una opción atractiva para algunos. La revocación de mandato es como una pelea de campeonato: es un evento espectacular, muy llamativo, pero también efímero y a fin de cuentas, estéril.
En toda esta discusión parecería que no hay forma de valorar el desempeño del gobierno a medio camino si no es planteando una consulta de revocación. Pero el hecho es que hay una forma mucho mejor de calificar, de estimar, de calcular y de saber si el gobierno va o no por buen camino; si el presidente ha cumplido con sus promesas; si los planteamientos de campaña se han convertido en políticas públicas, y si éstas se han traducido en resultados concretos que los ciudadanos valoren. Se llama evaluación de políticas públicas.
Desde hace algunos años, México ha desarrollado un sistema de evaluación del desempeño que inició con la política social, pero que se ha ido ampliando a otros ámbitos del gobierno. Durante ese tiempo ese sistema y sus indicadores de desempeño han madurado lo suficiente como para ofrecer información objetiva y útil sobre la evolución de los resultados de los programas del gobierno federal a lo largo de los años. Es posible usar esa información para emprender evaluaciones que nos respondan muchas preguntas sobre el desempeño del gobierno. Como mucha de esa información se recolecta en tiempo real, también es muy útil para recomponer el rumbo, rectificar y mejorar los resultados de las políticas. El sistema de evaluación del desempeño está en manos del gobierno; es una herramienta que pueden usar para saber si van bien o mal, sin llegar al extremo de sacar al presidente en funciones y generar posiblemente, más problemas que los que se pretende resolver.
Evaluar políticas públicas y descubrir mecanismos de mejora es un ejercicio mejor razonado, más sistemático y ordenado que la cancelación a rajatabla de un gobierno. Puede que evaluar, revisar indicadores y proponer medidas de mejora de las políticas públicas sea menos dramático y quijotesco que lanzarse a la gran aventura de la consulta de revocación de mandato. Pero a veces gobernar es más administración que política.