Si nos cuestionamos si un presidente o expresidente puede ser enjuiciado, la respuesta parece fácil: pueden ser enjuiciados y en su caso, castigados como cualquier otro ciudadano de acuerdo con la ley. Sin embargo, cuando tomamos en cuenta historia, contextos y posibles consecuencias de enjuiciar a expresidentes, el tema se vuelve mucho más complejo. En democracias desarrolladas, en las que los procesos judiciales gozan de independencia frente a intervenciones políticas, el riesgo para la democracia de enjuiciar a expresidentes es bajo. Pero cuando se trata de democracias débiles o nacientes, hay un alto riesgo de que los juicios y la persecución judicial a expresidentes o políticos del pasado sean utilizados para eliminar enemigos y asegurar la permanencia en el poder. Mientras más débiles sean las instituciones democráticas, más se incrementa el riesgo de que los procesos judiciales sean manipulados con fines políticos.
Históricamente, los presidentes en México han gozado de amplios márgenes de impunidad. Ésta se sustentaba en la ley y en normas y costumbres políticas no escritas que operaron durante muchos años. Por un lado, figuras legales como el fuero y los procesos legislativos que dificultaban emprender juicios de procedencia, mantenían la impunidad de los presidentes en funciones; por otro lado, la norma política de olvidar el pasado, en un pacto de impunidad que se transfería de gobierno a gobierno, aseguraba que los presidentes salientes no fueran enjuiciados por los gobiernos entrantes. Este arreglo no escrito de impunidad transexenal, como muchos otros que se usaron antes de la transición democrática, eran acuerdos que le daban viabilidad a un sistema autoritario en el que el Estado de derecho se subordinaba a criterios políticos. Enjuiciar al presidente anterior, dentro de ese sistema autoritario y con debilidad democrática, hubiese sido un exceso de autoritarismo y una invitación a remojar las propias barbas. Nadie quiso hacer eso. Canjeaban la impunidad del pasado por la del futuro.
Una cuestión que debemos discutir ahora que queremos fortalecer la democracia y superar la persistente cultura política del periodo autoritario es cómo queremos abordar el problema de la posibilidad de enjuiciar a los expresidentes. Muchas de las viejas debilidades de nuestras instituciones democráticas, marcadamente la falta de independencia del Poder Judicial y la corrupción en sus procesos, persisten hasta hoy, por lo que investigar a quienes gobernaron el país presenta riesgos importantes.
Tal vez el inconveniente más grave de iniciar una persecución legal en contra de gobernantes del pasado es arrancar un ciclo de venganzas políticas que se reinicie con cada nuevo gobierno. Cualquier diferencia política con el pasado se saldará en la arena judicial. Cualquier debate partidista se escalará hasta que alguien termine en la cárcel. Un segundo riesgo es elevar los costos implícitos de dejar el poder y la posibilidad de ser enjuiciado al término del gobierno; en ese caso los incentivos para permanecer en el poder a cualquier costo se incrementan. En tercer lugar, la persecución judicial de exgobernantes puede tener un costo enorme para la convivencia democrática. Si se persigue judicialmente o se inicia una campaña de estigmatización en contra de los expresidentes, necesariamente eso va a ser interpretado como una venganza política, no como un acto de justicia. Una escalada de recriminaciones en contra de los expresidentes avivará la discordia y la polarización, rebasando el terreno en el que los acuerdos políticos y la discusión democrática son posibles.
La respuesta a este dilema no es fácil. Por un lado, el arreglo de completa impunidad es inaceptable; por el otro, el uso de las instituciones de justicia para ajustar cuentas con rivales políticos tampoco es la respuesta.
En un contexto como el de nuestro país, en el que la democracia es joven y las instituciones aún son susceptibles de ser manipuladas políticamente, es fundamental que toda iniciativa para investigar o enjuiciar a gobernantes del pasado se encuentre completamente libre de sospecha de manipulación política.
Como sabemos, el mecanismo de consulta ciudadana del primero de agosto se estrena con una pregunta confusa en su redacción, pero clarísima en sus motivos. La pregunta es ambigua; el objetivo es específico. Lejos de estar libre de sospecha de intención política, esa intención es evidente a leguas. Su propósito es provocar consecuencias políticas que le permitan al gobierno justificar un ajuste de cuentas con sus enemigos políticos del pasado. La manera en la que se ha promocionado y publicitado la consulta —de forma ilegal por cierto, pues el único que podría promoverla es el INE—, la convierte en un acto evidente de revancha política con actores del pasado y de estigmatización de los expresidentes. Eso no es justicia; eso no es combatir la corrupción ni acabar con la impunidad. Necesitamos superar la etapa de la impunidad transexenal fortaleciendo la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial y la absoluta imparcialidad en las investigaciones sobre posibles delitos del pasado. Pero forzar procesos de persecución judicial de rivales políticos con una consulta impregnada de intenciones políticas de ajuste de cuentas, no es la forma en la que vamos a asegurar que termine la impunidad del pasado.