De entre las varias promesas rotas de nuestra joven democracia, tal vez la más infamante es la que tiene que ver con asegurar que las elecciones se organicen en paz. No hay nada que sea más ajeno, más discordante con la democracia electoral, que la violencia. Uno de los propósitos centrales de un sistema democrático es permitir la competencia pacífica por el poder. Por eso cuando en una democracia hay violencia precisamente en el contexto de una elección, hablamos de una democracia que falla en lo más esencial. De septiembre a la fecha, unos 80 políticos han sido asesinados en México, de acuerdo con un estudio de la consultoría Etellekt (https://www.etellekt.com/informe-de-violencia-politica-en-mexico-2021-A30-etellekt.html). Esto no es un fenómeno estacional ni es normal, es una aberración. Este estudio no incluye a periodistas y otras personas que también han sido amenazados, agredidos y asesinados en el contexto general de la competencia política y las elecciones, pero habría que sumarlos para configurar una situación general de violencia que hace pertinente preguntarnos sobre si los procesos electorales en México tienen realmente legitimidad. Esto no es exagerado, ni se trata de amarillismo, pues cuando se suman a la violencia otras estrategias de manipulación de las elecciones como la compra de voto, a partir de cierto punto es difícil determinar si el resultado final realmente refleja las preferencias de los ciudadanos. La violencia que hemos visto en este y otros procesos electorales en el pasado reciente, invita a pensar cómo es que las elecciones, que en principio deberían ayudar a terminar con la violencia política, se convierten más bien en la oportunidad para que se genere más violencia.
Una respuesta posible es que la violencia electoral que vivimos se relaciona con la corrupción y la debilidad institucional. Es natural concluir que en un contexto institucional y político que se encuentra fuertemente afectado por la corrupción y la impunidad, los actores políticos pueden recurrir a la violencia para ‘apoyar’ sus estrategias de manipulación electoral. Sólo en un ambiente en el que la corrupción es tolerada y existen altos niveles de impunidad puede un actor político considerar que la violencia es, de alguna forma, más costo-eficiente que emprender una campaña normal, con propuestas y candidatos que atraigan votos.
Una segunda fuente de la violencia electoral tiene que ver con la forma en la que está estructurada la distribución del poder real en nuestra sociedad. Es un hecho que hay grupos del crimen organizado que controlan amplios territorios del país y ejercen el poder como si fueran un Estado paralelo con el fin de obtener rentas. Esos grupos tienen un fuerte interés por controlar esos territorios apoderándose de las estructuras institucionales de gobierno, imponiendo a candidatos a modo o sometiendo a otros mediante amenazas.
La violencia electoral también se relaciona con la forma en la que está organizado el sistema de partidos y con su fortaleza interna. Los partidos fuertes y bien organizados canalizan de forma más eficiente la competencia interna y ofrecen canales de solución de diferencias más efectivos. En cambio, los partidos políticos que no cuentan con la fortaleza institucional para dar cauce a las diferencias y organizar la competencia interna, generan conflictos entre sus propios miembros que no se resuelven y que pueden ser fuente de violencia política del tipo ‘fuego amigo’. En México tenemos un sistema de partidos débiles; por un lado, hay un racimo de nuevos partidos políticos sin experiencia previa en elecciones que naturalmente no han tenido oportunidad de consolidarse internamente; contamos con un partido dominante que, en ausencia de cuadros con experiencia que se incorporaron al gobierno o a alguna de las cámaras legislativas, y también en parte a su súbito crecimiento en los últimos años, no termina de convertirse en una organización fuerte; y finalmente, tenemos partidos tradicionales muy debilitados que han perdido capacidad de canalizar sus disputas internas.
Tal vez para muchos de nosotros la elección del 6 de junio será igual que las anteriores y pasará sin mayores incidentes. Sin embargo, debemos tener en cuenta que no vivimos una situación normal. No podemos normalizar la violencia política. Al normalizar la violencia política, es decir, al no combatir la impunidad con la que se están cometiendo estos crímenes, corremos el grave riesgo de restarle legitimidad a las elecciones. Con la impunidad de la violencia electoral, se avanza en la triste ruta de la erosión de las instituciones y de la democracia mexicana. Ojalá que eso no nos aleje de las urnas este 6 de junio, porque será nuestro único instrumento para construir una realidad mejor.