Benito Solis

Elevados costos económicos que resultarían de la propuesta eléctrica

El incremento de los precios de la electricidad destruiría gran parte de lo avanzado, perjudicando a las empresas nacionales, lo que reduciría el crecimiento económico en los siguientes años.

La iniciativa de modificación sustancial del sector eléctrico enviada al Congreso en días pasados tendría un elevado impacto no solo en este sector, sino para toda la estrategia económica que se sigue en el país, con un alto costo en los diversos sectores de la economía, en los consumidores, así como en la inversión, en la creación de empleos y eventualmente en el entorno social y político del país.

Un primer impacto resultaría del incremento en el costo promedio de la electricidad, ya sea que el mismo se transfiera a los consumidores o se compense con mayores subsidios de parte del gobierno. En el primer caso sería inevitable que las empresas tendrían que reflejar los mayores costos de la energía eléctrica a sus productos y servicios; mientras que en la situación de mayores subsidios del gobierno, tendría menores recursos para invertir (perjudicando el crecimiento económico), así como reducir los recursos para la seguridad, para la educación y para la salud, entre otros sectores. Ya en la actualidad es obvio el deterioro que existe en los distintos servicios públicos, con un elevado costo social en diversas partes del territorio nacional, por lo que la situación sería incluso peor.

Sin embargo, tal vez el principal costo que se tendría en el largo plazo de la aprobación de la propuesta eléctrica es el cambio en la estrategia de crecimiento que ha seguido el país. La misma ha logrado reducir la inflación que era superior al 100 por ciento, ha evitado las crisis sexenales, ha permitido crear sectores competitivos en todo el país, con empleos bien remunerados y una importante reducción en la pobreza.

Hay que recordar que la actual estrategia que se ha seguido en las pasadas décadas fue una decisión tomada ante el colapso económico del país después de las administraciones de Echeverría y López Portillo. El gasto público era muy elevado en esos años debido, entre otras razones, a las pérdidas sufridas por las empresas propiedad del gobierno, propiciando un déficit anual superior al 10 por ciento del PIB y su consecuente impacto en la deuda pública, tanto con la banca y proveedores nacionales como con acreedores del exterior. En el año de 1982 el gobierno se vio imposibilitado a incumplir con el servicio de su deuda, con lo que se cerró el acceso a nuevos financiamientos y se tuvieron una serie de devaluaciones del peso e incluso control de cambios. Por su parte, las empresas también se vieron imposibilitadas para cumplir con el pago de sus deudas, con lo que se tuvo un colapso de la economía nacional. De no haberse modificado la estrategia económica de sustitución de importaciones que se seguía en esa época, nuestra economía hoy sería más parecida a la situación que tiene Argentina, con sus crisis recurrentes, elevada inflación y de tasas de interés o la que han tenido con anterioridad Perú y Bolivia. Peor aún, podría ser como la de Venezuela, aislada del intercambio comercial mundial, con hiperinflación que ha llegado a estar por arriba del millón por ciento y con una pobreza que afecta a 90 por ciento de la población.

El cambio en la estrategia que se siguió consistió en orientarse al mercado externo, para así obtener los dólares que se requieren para el funcionamiento de la economía. Esto resultó en un cambio drástico para las empresas, porque se vieron imposibilitadas a imponer sus precios a los consumidores que resultaban de sus costos internos. Ya los precios los ponían los mercados internacionales y los consumidores nacionales podían escoger entre comprar los productos fabricados internamente, aunque fueran más caros y de mala calidad o adquirirlos en la tienda de la esquina y fabricados en cualquier parte del mundo. Esto obligó a los fabricantes nacionales a competir o perecer. Por lo mismo se vieron obligados a ser más competitivos, a elevar su productividad, a bajar sus costos y a mejorar sus servicios y su calidad.

Paulatinamente se ha hecho lo anterior y hoy en día México destaca en muy diversos sectores por ser muy competitivo en varias ramas manufactureras, siendo un exportador muy relevante en numerosos sectores. Esto se ha logrado mejorando las plantas industriales, dando capacitación a los trabajadores y empleados, mejorando los sistemas y medios de transporte y comunicaciones, eliminado monopolios, formando un sector financiero de vanguardia, importando bienes intermedios y materias primas de todas partes del mundo, etcétera. Todavía faltan avances para lograr que nuestra economía sea más competitiva, como son elevar los niveles educativos de toda la población, eliminar los diversos monopolios que subsisten, tanto públicos como privados, mejorar el funcionamiento de diversos mercados, hacer más eficiente y mejor la seguridad en el país y bajar los impuestos a las empresas, que son elevados en comparación a nuestros socios comerciales.

Un elemento muy importante ha sido poder contar con un mejor servicio de electricidad a precios competitivos, ya sea proporcionado por CFE o por empresas privadas. El incremento de los precios de este energético destruiría gran parte de lo avanzado en los lustros pasados, perjudicando a las empresas nacionales, lo que reduciría el crecimiento económico en los siguientes años o décadas. La alternativa de elevar los subsidios públicos crearía una gran incertidumbre a las empresas sobre su sostenibilidad, por lo que se reduciría la inversión perjudicando la creación de empleos que tanto requiere el país.

El autor es economista.

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