Benito Solis

Inflación y control de precios perjudican a los más necesitados

El entorno de mayor inflación perjudica a aquellos que no tienen trabajos estables o que sus ingresos son relativamente fijos, como los jubilados o empleados.

Tal y como escribí en mi pasada columna, las tasas de interés en México y en el resto del mundo tendrían que elevarse para compensar la mayor inflación que ya varias naciones estén registrando. Varias tenían incrementos en los precios cercanos a cero y en la actualidad ya suben por arriba de 5.0 por ciento anual. Esto está sucediendo a pesar de que se afirma que estos mayores precios son transitorios por el Covid-19 y que se corregirán en el mediano plazo. Es conveniente recordar que la inflación es el aumento generalizado en el nivel de precios; sin embargo, es frecuente confundir el incremento de algún producto o bien como si eso fuera inflación, lo cual es incorrecto. La inflación es cuando se generalizan los aumentos de precios. Si solo sube un producto y se mantiene constante el ingreso de las personas, así como la emisión de circulante, la gente no puede pagar el nuevo precio, a excepción de que reduzcan el consumo y la demanda de los demás bienes y servicios, lo que en consecuencia hace que bajen sus precios. Con esto se compensa todo o parte del incremento en el precio del producto que lo subió al principio, por lo que no existe un aumento generalizado de los precios.

Sin embargo, a los gobiernos no les gusta que debido a un aumento de algún precio y servicio (que con frecuencia ellos provocaron como más impuestos, incrementos en los energéticos, autorizaciones de nuevas tarifas como transporte público, etcétera) se reduzca la demanda agregada y la economía se desacelere con su impacto negativo en el empleo. Para evitarlo imprimen o presionan a los bancos centrales para que emitan más circulante o autoricen un incremento en el crédito interno o subsidien a algún sector en específico. Con esto se ‘valida’ un incremento en la inflación. Esta situación está ocurriendo en la gran mayoría de las naciones más desarrolladas, que han seguido agresivas políticas monetarias en los pasados años. Además, han tenido políticas fiscales caracterizadas por elevados déficits en sus finanzas públicas.

Aunque el gobierno mexicano ha tratado de mantener un manejo más prudente en sus finanzas, también tiene un desequilibrio relevante, el cual se espera sea de 4.2 por ciento del PIB en el presente año, lo que significa que sería superior a 1.1 billones de pesos, es decir más de un millón de millones de pesos en 2021. Esta es la cantidad de recursos con los que no cuenta y que tiene que obtener de alguna manera para ejercer el gasto. En el caso del gobierno de Estados Unidos la situación es todavía peor, ya que su déficit esperado puede ser superior a 3 billones de dólares, lo que significaría que podría estar por arriba de 13 por ciento de su PIB.

Desafortunadamente este entorno de mayor inflación perjudica a aquellos que no tienen trabajos estables o que sus ingresos son relativamente fijos, como sucede con los jubilados, con los empleados, con los obreros y en general con los trabajadores que no pueden incrementar sus ingresos con facilidad. Por su parte ciertos profesionistas independientes, así como diversos empresarios que si puedan elevar sus precios con la inflación, estarán menos perjudicados por la misma. En conclusión, la inflación tiene uno de sus mayores costos en una concentración de los ingresos, perjudicando a los sectores de menores ingresos de la sociedad.

En este entorno es frecuente que distintos sectores de la población soliciten o presionen para que sus gobiernos impongan controles de precios máximos para distintos productos y servicios que consumen. Asimismo, solicitan que se establezcan o se incrementen los salarios mínimos que los trabajadores deban de recibir. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos los resultados de estas políticas son contrarios a lo que se pretendía lograr.

Por ejemplo, es imposible obligar a una empresa para que venda sus productos por debajo de sus costos, a excepción de que reciban un subsidio (que generalmente proviene del mismo gobierno) con lo que se eleva el déficit fiscal, creando mayores presiones a los precios. En el caso de que no se tenga este subsidio o sea muy limitado, se reducirá el número de empresas que pueden producir artículos que estén bajo el control de su precio, con lo que se reducirá la cantidad producida. Esto provocará una escasez del mismo y es frecuente que su carencia desarrolle un ‘mercado negro’ o alterno en donde los precios del bien sean incluso superiores al que tenían antes del control de precios.

Una manera más efectiva para lograr que se eleve la producción de distintos productos es por medio de reducción en los costos de producción y un incremento en la competencia. Es decir que existan más empresas que compitan entre sí para aumentar la producción y así reducir sus precios. Medidas como reducir la producción de energía eléctrica que se está proponiendo el gobierno en la actualidad tendrán el efecto contrario, al elevar los costos de producción de toda la planta productiva nacional. Esto elevará los precios de la mayoría de los productos producidos en el país, perjudicando así a los sectores de la población más necesitados.

El autor es economista.

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