Ya han pasado ocho meses desde que el primer ministro canadiense Mark Carney formulara, en un discurso trascendental en Davos, un llamamiento a las demás democracias del mundo y a los defensores del libre comercio y de un orden global basado en reglas y el derecho internacional para que se unieran y resistieran la coerción diplomática y económica que hoy emana de Washington. Como nunca antes, ese llamado se ha vuelto más perentorio (para Canadá ciertamente, pero también en este momento para México en el contexto de su negociación a dos bandas con Estados Unidos -la arancelaria y la de la revisión estatutaria anual del T-MEC) con el colapso de las negociaciones comerciales entre Ottawa y Washington, el toma y daca arancelario entre ambos gobiernos, la espiral tóxica en la que se encuentra la relación diplomática entre los dos vecinos y aliados militares, así como con el camino de diversificación estructural, reducción y mitigación de vulnerabilidades y palanqueo cara a la relación con EE.UU que forja el mandatario canadiense.
El sistema internacional vive un despertar abrupto después de un sueño de los inocentes de varias décadas, placido y cómodo -manifiesto también en la relación con el principal socio diplomático y comercial de México- y el comienzo de una dura realidad en la que la geopolítica y la aún principal potencia del mundo no reconocen límite alguno. Paradójicamente, por primera vez en décadas las potencias medias y las llamadas naciones pivote tienen incentivos y espacios para incidir en esa reconfiguración geopolítica. Carney lo planteó con claridad: frente al G2 -es decir, EE.UU y China- hay tres opciones: se puede intentar salir adelante con paradigmas del pasado, aferrados a una OMC que apenas respira; elegir un lado que los cobije para no ser devorados en la nueva ley de la selva que impera, sobre todo con Trump; o tejer coaliciones entre sí para gestionar mejor su posición. México lamentablemente no tiene -estructuralmente en términos de poder duro, pero también por omisión y comisión propias- las opciones que a Canadá le permiten pivotear como lo hace hoy Carney. Tampoco puede elegir bando: la geografía y la interdependencia económica lo hicieron por nosotros. Pero sí puede ser algo que pocas potencias medias -queramos o no asumirnos como tal y ejercer o no ese papel- tienen a su alcance: ser el socio sin el cual la seguridad de Estados Unidos en su propio perímetro es inviable. Hasta ahora, la estrategia de la Presidenta Sheinbaum ha consistido en el trueque de concesiones tácticas en seguridad y migración por la esperanza de la continuidad del T-MEC y un alivio arancelario. Ha servido para ganar tiempo y postergar acciones más radicales por parte de la actual administración estadounidense, pero me temo que esa estrategia, junto con una lógica y postura -dada la enorme asimetría de poder duro con EE.UU- de no confrontación, no alcanzará para lo que viene. Lo ocurrido con Canadá desde el 21 de agosto -aranceles de 50% en cuestión de horas y contramedidas en espejo en vigor desde el 8 de septiembre- demuestra que la buena voluntad no es un seguro. Y no sugiero aquí levantarnos de la mesa; quedarse sentados en ella es la uncia opción en este momento. Pero suponer que la mesa es la misma de siempre es perder de vista el cambio tectónico que ha ocurrido en Washington a partir de enero de 2025. México por ende necesita ajustar su estrategia, y hacerlo -desde el gobierno y el sector privado- en dos pistas simultáneas.
La primera vertiente es de lenguaje y de marco conceptual. Durante más de tres décadas negociamos con Washington con un vocabulario que dominábamos: comercio basado en reglas, niveles arancelarios, reglas de origen, cadenas de suministro integradas, plataformas de coproducción, eficiencia económica y ventaja comparativa. Ese léxico ya no mueve la aguja en Washington. Hoy, para esta Casa Blanca -y hay que subrayarlo, cada vez más para ambos partidos políticos en el Capitolio- el comercio es seguridad económica y la seguridad económica es seguridad nacional. No es casual que el instrumento predilecto de la actual administración sea la Sección 232 de la Ley de Comercio Internacional de EE.UU de 1974 que se ampara justamente en la seguridad nacional para aplicar aranceles, ni que su Sección 301 se haya convertido en otra herramienta para castigar lo que Washington juzga discrecionalmente como riesgo. Cuando la norma cede ante el juicio político, quien sigue argumentando con tablas de eficiencia está hablando otro idioma.
México debe, entonces, cambiar de gramática. Pedir alivio para el acero o aluminio no como una concesión arancelaria, sino como la defensa de una base industrial norteamericana sin la cual no hay industria de defensa ni infraestructura crítica creíble en la región. Discutir las reglas de origen automotrices no como un estira y afloja de porcentajes o costos, competitividad o dislocación para la industria, sino como el blindaje de América del Norte frente a la penetración china. Presentar el cierre de las rutas de triangulación de insumos y los aranceles a más de 1,400 fracciones de países sin TLC como aportaciones mexicanas a la seguridad económica regional, no como concesiones arrancadas bajo amenaza. Clasificar nuestras cadenas de suministro por perfil de riesgo -tecnologías de doble uso, infraestructura crítica, bienes de resiliencia social como alimentos y medicamentos- y mostrar qué aporta México en cada una. Y empaquetarlo explícita y proactivamente bajo el paradigma integral de seguridad norteamericana: una lectura compartida de amenazas y vulnerabilidades en el espacio norteamericano -aéreo, marítimo, cibernético, energético, financiero y de cadenas de suministro- que sustente una arquitectura trilateral de seguridad económica, con coordinación en escrutinio de inversiones (como atinadamente ya lo propuso el Ejecutivo mexicano), minerales críticos, semiconductores y energía. Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y hoy México es percibido como ese eslabón. Con cadenas tan integradas, una vulnerabilidad en cualquiera de los tres países es un riesgo para los otros dos. La prosperidad compartida sólo es defendible hoy en Washington si se ancla en la seguridad compartida. Esto no es capitular; es usar el idioma del interlocutor para defender nuestros intereses. Si México no redefine sus activos en esos términos, Washington los seguirá tasando como pasivos.
La segunda pista debe correr en paralelo, desde ya: el gobierno debe hacer un inventario exhaustivo de los puntos de estrangulamiento estratégicos que México tiene en su relación con Estados Unidos. En la era de la interdependencia convertida en arma, los cuellos de botella ya no son sólo estrechos marítimos: son el dólar, las exportaciones de energía, los chips, los minerales críticos o los modelos de inteligencia artificial, y quien los controla puede asfixiar a otro sin disparar un tiro. México no está chimuelo y también puede recurrir a los suyos. Y aquí es donde la lección de Carney no es la de la bravata, sino la del cálculo. El arancel en represalia de 25% que Ontario impuso a la electricidad exportada a tres estados estadounidenses duró un solo día, porque llevó a Washington a reabrir la conversación más rápido que cualquier boicot de consumidores; en cambio, el impuesto a los servicios digitales se derogó al primer amago de represalia. Una palanca focalizada y creíble vale más que una campaña difusa, que la retórica hueca y amañada de la soberanía, y una amenaza que no se sostiene erosiona la credibilidad.
¿Qué tiene en su caja de herramientas México? En lo económico, más de lo que solemos admitir. Somos el principal mercado de exportación de 12 estados y figuramos entre los primeros cinco de más de cuarenta de ellos; somos además el primer proveedor de 9 de ellos. Compramos alrededor de $338 mil millones de dólares al año a EE.UU y somos su principal comprador de maíz. Estados Unidos nos surte cerca de 75% del gas que consumimos, pero el crecimiento de esa exportación, un factor sin duda de palanqueo para Washington, depende de permisos, derechos de vía e infraestructura que controla México. México es el primer productor mundial de plata y posee minerales esenciales y críticos, es pieza clave en la expansión de centros de datos, en manufactura de hardware de IA y en la fuerza laboral que sostiene la manufactura avanzada de la región. Somos el primer proveedor de dispositivos médicos de EE.UU y un eslabón de su seguridad sanitaria que la pandemia demostró que no puede darse por sentado. Y somos pilar de su seguridad alimentaria: de México proviene cerca de 69% de las hortalizas frescas y la mitad de la fruta fresca que importa, y en invierno buena parte de lo que llega a la mesa estadounidense se cosecha en Sinaloa, Sonora o Michoacán. En materia de seguridad, las palancas son aún más delicadas: la contención migratoria, la cooperación en inteligencia, la militar-militar, la interdicción de drogas y precursores, la posición geoestratégica de México como frontera sur de la seguridad nacional estadounidense, una diáspora de más de 37 millones de personas de origen mexicano, una comunidad de expatriados estadunidenses en México cercana al 1.6 millones de personas y un sinfín de empresarios prominentes con propiedades de playa o veraneo en territorio mexicano a quienes se les podría negar el ingreso. A todo ello se suma un recurso jurídico subutilizado: el capítulo 31 del T-MEC y la OMC, donde Canadá ya ha presentado dos solicitudes de consulta este año.
Nada de esto implica que México deba activar hoy esas palancas, y menos las de seguridad y migración, que tienen costos internos reales y podrían detonar respuestas más duras de Washington. Implica saber, con precisión, cuánto pesa cada una, qué costo tiene activarla, cuán reversible es y en qué secuencia podría emplearse: de la señalización a la medida calculada y, sólo en última instancia, a lo estructural. La disuasión no nace del uso de la fuerza sino de la credibilidad de un “podríamos”. Y esa credibilidad sólo existe si detrás hay una hoja de ruta y mapeo serio, elaborado y coordinado por las secretarias de Economía y Relaciones Exteriores con el gabinete de seguridad y resguardado hasta que convenga darlo a conocer.
El orden de los factores importa. La primera tarea es urgente: si actores del sector público -y ya hay quienes en Economía lo están haciendo- cambian el discurso, mitigamos el riesgo de que tanto la negociación arancelaria como la revisión del T-MEC, sometida a revisiones anuales hasta 2036 -y con las que tocan hasta el 2028 en el filo de una navaja- descarrilen. La segunda debe hacerse en silencio ya, y revelarse sólo cuando estemos listos para dejar claro que ya hemos mapeado nuestras capacidades y que si el vandalismo diplomático y el gansterismo arancelario siguen imperando (y así será) en Washington de aquí al próximo ciclo electoral presidencial, estamos dispuestos a instrumentar y capitalizar de manera secuencial y escalonada esos puntos de estrangulamiento, de ser necesario. Canadá nos está mostrando en tiempo real el costo pero también las opciones de una ruptura. Sería imperdonable no procesar la lección antes de tener que vivirla.