La semana pasada, el 24 de febrero -otro día, parafraseando a Franklin D Roosevelt, que vivirá en la infamia- se cumplieron cuatro años desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala, injustificada y premeditada, a Ucrania, la agresión territorial más descarada y grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Son cuatro años de bombardeos sobre civiles, de ciudades arrasadas, de crímenes de guerra documentados, de millones de desplazados. Y cuatro años de que México, un país que debiera aspirar a ser una de las potencias diplomáticas regionales de mayor peso y reputación en el mundo, se ha negado sistemáticamente a denunciar, motu proprio y explícitamente, las cosas por su nombre.
La invasión rusa en el este de Europa, que entra ahora en su quinto año sombrío, ya se ha alargado más que lo que duró el conflicto en el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial. Entre 1944 y 1945, los soviéticos marcharon desde las puertas de Leningrado hasta Berlín en poco más de 15 meses; hoy, el ritmo de avance ruso en Ucrania, en la zona de Pokrovsk, es de 70 metros al día y en Kupiansk, de 23 metros. Ese terreno capturado es insignificante (unos 4,865 kilómetros cuadrados, aproximadamente el 0.8 % del país), dada la extensión territorial de Ucrania. Por lo tanto, la idea que pregonan los rusos, a veces aceptada y replicada por una crédula Casa Blanca, de que Ucrania está sufriendo una derrota en cámara lenta, es inexacta. Los incesantes ataques contra la población civil ucraniana hasta ahora han aportado una mínima ganancia estratégica a Rusia, y resulta curiosa, por decir lo menos, esa estrategia de Putin, dado que, según él, ambos países constituyen “un solo pueblo”. El pueblo ucraniano bien puede estar agotado después de cuatro años de guerra, pero aún no hay el más mínimo deseo de ceder ante Putin y mucho menos de entregarle el resto de Donetsk. Tampoco se observa ningún cambio evidente en la dinámica bélica a favor de Moscú. En realidad, incluso considerando que cientos de miles de hogares se encuentran sin electricidad, calefacción ni agua tras los bombardeos rusos este invierno, Ucrania está afinando su estrategia y contraatacando ahora con un éxito moderado. Kiev ha adoptado un enfoque más contundente; Mykhailo Fedorov, el nuevo ministro de Defensa del país, se ha fijado como objetivo eliminar a 50 mil soldados rusos al mes, lo que supone un aumento respecto a la tasa actual de bajas rusas de aproximadamente 35 mil al mes, de las cuales la OTAN estima que murieron entre 20 y 25 mil. Se trata de un objetivo claro, diseñado para superar la tasa actual de reclutamiento ruso, de entre 30 y 35 mil al mes, y obligar a Moscú a una movilización políticamente arriesgada o incluso a una postura diplomática más realista. Pero Ucrania también debe lidiar con el desgaste y agotamiento de muchas de sus mejores unidades y soldados, si bien a lo largo de 2025, algunas de sus unidades de combate aprendieron a mejorar y perfeccionar sus operaciones ofensivas, apoyadas en una industria nativa robusta de nuevas tecnologías de drones y con doctrinas de vanguardia en el uso de comunicaciones, coordinación, comando e inteligencia. Esto ha permitido contraataques exitosos en dos o tres zonas puntuales del frente de batalla. La pregunta para Kiev es si las tácticas de estas unidades pueden replicarse más ampliamente en todo el frente. Mejorar el proceso de entrenamiento de efectivos es clave para abordar el desafío de la regeneración de sus fuerzas y, por lo tanto, reforzar las unidades en el frente, de modo que Rusia no pueda continuar con sus tácticas de infiltración, sobre todo cuando la cobertura que provee la vegetación retorne en primavera.
En este contexto, la atención internacional se ha centrado en las negociaciones impuestas a las partes por Estados Unidos. Washington ha ofrecido a regañadientes garantías de seguridad a Ucrania si Zelenski está dispuesto a abandonar lo que el país aún retiene de la región del Donbás. Al mismo tiempo, la retórica estadounidense hacia Europa y su Estrategia de Seguridad Nacional divulgada en diciembre, más el amago de hacerse por las buenas o las malas de Groenlandia, han socavado la confianza en el cumplimiento de esas garantías, mientras que el territorio que se le pide a Ucrania que evacue constituye su cinturón defensivo, por lo que la retirada requeriría que sus fuerzas se desplazaran a un terreno no preparado e indefendible. Mientras tanto, los rusos mantienen una postura maximalista. Creen que pueden darse el lujo de proseguir la guerra y perciben el proceso de negociaciones en curso como un vehículo para abrir una brecha en la alianza transatlántica. Europa se está rearmando, pero está tardando, por lo que muchos Estados europeos consideran que un alto al fuego repentino en condiciones desfavorables expondría al continente a graves riesgos. La unidad europea también se encuentra bajo ataque constante de la subversión híbrida rusa, y esta combinación hace que el Kremlin apueste a que el apoyo actual a Ucrania se desvanezca, lo que impactaría directamente la situación en el campo de batalla. Por su parte, la Casa Blanca desea un alto al fuego rápido para allanar el camino hacia una renovada relación económica con Rusia. El resultado es que cualquier colapso del alto al fuego durante la implementación del plan de paz que pretende imponer Trump -y que parece redactado por Moscú- dejaría a Ucrania en una posición militar muy debilitada.
Y todo ello nos trae de vuelta a la postura mexicana, la cual, ante esta guerra, no es de neutralidad. Es ambigüedad funcional para el agresor. Desde el inicio de la invasión en 2022, el gobierno de López Obrador y ahora el de Sheinbaum han evitado condenar explícitamente a Rusia con excepción de algunas resoluciones de la ONU, y han empaquetado su inacción en el lenguaje del dizque pacifismo, neutralidad y la no intervención “características de la política exterior mexicana”. Amén de que México nunca ha observado una postura doctrinaria de neutralidad (la defensa de la República Española, la denuncia del Anschluss, la entrada en la guerra contra el Eje, la denuncia y repudio de regímenes militares en Sudamérica, la declaración franco-mexicana sobre El Salvador, como botones de muestra), la postura de la no intervención mexicana fue diseñada para proteger a México de potencias imperiales, no para servir de escudo diplomático a quien viola la soberanía de una nación independiente o vulnera el derecho internacional con tanques y bombardeos aéreos.
Hay una contradicción flagrante que nadie en la SRE parece querer ver: México tiene una postura histórica de defensa irrestricta de la soberanía, la integridad territorial y el derecho internacional. Esos principios son, precisamente, los que Rusia ha pulverizado en Ucrania. No condenarla no es coherencia doctrinal; es la violación misma de esos principios. Y el costo para los intereses mexicanos de largo plazo es real y creciente. En primer lugar, México aspira legítimamente a tener un papel más relevante en el sistema internacional, a ser un actor de peso en foros multilaterales y a ser considerado un socio confiable por las democracias del mundo. Ese capital se erosiona cada vez que México guarda silencio antes los crímenes de guerra rusos en curso. Y aliados estratégicos de México -EE.UU, Canadá, la Unión Europea, sus socios del Acuerdo Transpacífico- observan y toman nota. La credibilidad no se recupera con discursos; se construye con consistencia. Segundo, la postura mexicana daña su capacidad de invocar el derecho internacional en su propio beneficio. México encara disputas internas, tensiones y vulnerabilidades propias, y más aún con esta administración estadounidense. Un mundo donde la soberanía de los Estados pequeños y medianos sea respetada es, estructuralmente, un mundo que conviene -y siempre ha convenido- a México. Cada vez que una potencia media como México normaliza la agresión o la vulneración del derecho internacional o los derechos humanos, debilita, con su silencio, el andamiaje jurídico que podría protegerlo mañana. Y en tercer lugar, existe un costo reputacional acumulado. México se presenta en el mundo como un país “progresista” y “humanista”, defensor de los derechos humanos, del asilo, de la dignidad humana. Esa narrativa choca brutalmente con la imagen de un gobierno que se niega a señalar a quien asesina civiles en Mariúpol, Bucha o Kherson. El mundo nota -a pesar de que a muchos mexicanos y, aparentemente, al propio gobierno los tenga sin cuidado- esa incoherencia.
¿Qué viene ahora? El conflicto entra en una fase donde la fatiga del occidente geopolítico, las presiones de Washington -bajo una administración estadounidense que ha enviado, bajita la mano, señales erráticas sobre su compromiso con Kiev- y la resiliencia ucraniana definirán si habrá algún acuerdo negociado aceptable o una guerra de desgaste indefinida. En ese contexto, el silencio mexicano no es inocuo: legitima la narrativa rusa de que la condena a su agresión es un asunto occidental, no universal. México debería haber aprovechado este aniversario para rectificar. No lo hizo. Y no se trata de enviar armas ni de romper diplomática y teatralmente con Moscú. Se trata de tener la claridad moral y la coherencia jurídica de decir lo que es evidente: que invadir a un país soberano, bombardear población civil o hospitales, violar mujeres y deportar niños son crímenes, y que México, como Estado que se precia de defender el derecho internacional, no puede guardar silencio ante ello. El “pacifismo” que no distingue al agresor de la víctima no es pacifismo. Es complicidad y arropamiento, y corona por todo lo alto una serie de episodios vergonzosos de política exterior estos siete años.