Imagine que despierta con fiebre y dolor de garganta. Tiene derecho al IMSS, pero acudir a la clínica puede significar desplazarse, esperar turno y perder buena parte de la mañana. A unas cuadras hay una farmacia con médico. Entra, espera unos minutos, paga una cantidad relativamente pequeña y sale con diagnóstico y receta. Para millones de mexicanos esa escena dejó de ser excepcional hace mucho tiempo.
Durante las últimas dos décadas, México desarrolló casi silenciosamente una segunda puerta de entrada a la atención médica. Alrededor de 18 mil consultorios adyacentes a farmacias (CAF) realizan unos 10 millones de consultas al mes, de acuerdo con NielsenIQ. Su crecimiento difícilmente puede explicarse sólo como una buena idea de negocio: encontraron una necesidad que estaba esperando respuesta.
Quien tiene una infección, necesita revisar su presión o quien lleva a un niño con fiebre al doctor rara vez piensa en modelos de atención sanitaria. Quiere encontrar un médico cerca, ser atendido pronto y regresar a sus actividades. Los consultorios de farmacia entendieron esa lógica: proximidad, horarios amplios, poca espera y precios accesibles. De paso, se convirtieron en una válvula de escape para un sistema público que enfrenta una enorme demanda de atención.
Sería injusto presentar estos consultorios únicamente como un problema sanitario o comercial. Durante años han resuelto padecimientos cotidianos y ofrecido una alternativa a personas que necesitaban atención inmediata. La paradoja está en que esa capacidad se financia directamente desde el bolsillo de los hogares, incluidos muchos pacientes que tienen derecho a recibir servicios públicos.
Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), con datos de la ENIGH 2024, el gasto de bolsillo en salud aumentó 7.9% en términos reales entre 2022 y 2024, hasta alcanzar un promedio anual de 6 mil 421 pesos por hogar. Para las familias de menores ingresos el incremento fue todavía mayor, de entre 17% y 23%. Medicamentos y atención ambulatoria concentran buena parte de esos desembolsos.
Más revelador resulta saber dónde se atiende la gente. Aunque 63% de la población reportó afiliación a alguna institución pública, seis de cada diez personas que recibieron atención recurrieron a establecimientos privados o farmacias. Entre derechohabientes del IMSS que necesitaron atención, sólo 45.9% acudió al propio instituto; en el ISSSTE la proporción fue 45.6%.
Detrás de esos porcentajes hay una contradicción cotidiana. Un trabajador cotiza para recibir servicios de salud y, cuando enferma, puede terminar pagando nuevamente por una consulta y después por los medicamentos. No necesariamente lo hace porque considere mejor al médico de la farmacia. Muchas veces está comprando algo mucho más sencillo: tiempo y la certeza de ser atendido.
Los CAF tampoco sustituyen un sistema integral de salud. Su capacidad para dar seguimiento o resolver enfermedades complejas es limitada y durante años especialistas han advertido sobre los riesgos derivados de la cercanía entre consulta, prescripción y venta de medicamentos. Reconocer esas limitaciones no impide reconocer también su aportación: ocuparon un espacio que estaba disponible y millones de pacientes siguen utilizándolos.
Quizá la señal más importante esté ahí. Si una persona que ya tiene derecho a recibir atención decide sacar nuevamente la cartera para conseguirla, el precio no explica por sí solo su decisión. Importan el horario, la distancia, la espera y saber que detrás de esa puerta habrá alguien que pueda atenderla.
Nadie sale de casa con fiebre pensando en cómo está organizado el sistema nacional de salud. Sólo quiere encontrar un médico que pueda verlo hoy.
Sala de Urgencias
• Menos trámites también pueden significar más investigación. Cofepris actualizó esta semana sus criterios operativos para simplificar procesos relacionados con investigación en salud sin riesgo y con el traslado internacional de productos destinados a estos proyectos. Reducir cargas administrativas sin relajar la vigilancia sanitaria puede parecer un cambio menor, pero para investigadores e instituciones el tiempo que no se pierde frente a una ventanilla también cuenta.