Sin duda alguna, el sistema de pensiones en México arrastra una deuda silenciosa que, lejos de disminuir, se ha vuelto más profunda con el paso de los años. No se trata solo de cifras o de ajustes legales, sino de una realidad que impactará de manera directa a millones de trabajadores que difícilmente alcanzarán un retiro digno. El diagnóstico es compartido por especialistas, pero pocas voces conocen el problema con tanta precisión como Gloria Arellano, abogada experta en seguridad social y una de las principales conocedoras del funcionamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En entrevista con quien esto escribe, Arellano es clara: el país ha optado por administrar el problema de las pensiones, no por resolverlo. Las reformas impulsadas en distintos momentos han sido parciales, reactivas y, en muchos casos, diseñadas para ganar tiempo político más que para construir un sistema sostenible de largo plazo. El resultado es un esquema que sigue sin responder a la realidad laboral y demográfica del país.
La transición del modelo de reparto a las cuentas individuales fue presentada, en su momento, como la gran solución técnica. Se prometió que el ahorro individual permitiría pensiones suficientes y sostenibles, al tiempo que aliviaría la carga financiera del Estado. Sin embargo, en la práctica, ese diseño ignoró variables clave: salarios bajos, informalidad persistente y trayectorias laborales discontinuas que impiden acumular los recursos necesarios para una jubilación adecuada.
Y es que el problema no es menor ni reciente. Millones de trabajadores cotizan de forma intermitente o pasan largos periodos fuera de la formalidad, lo que reduce de manera drástica el monto de sus pensiones futuras. A ello se suma que las aportaciones obligatorias durante años fueron claramente insuficientes, una situación que apenas comenzó a corregirse de manera gradual, y que tardará décadas en reflejarse en mejores pensiones.
Por supuesto, el reto es también demográfico. México envejece a un ritmo acelerado, mientras el mercado laboral formal no crece en la misma proporción. Cada vez habrá más adultos mayores dependiendo de pensiones bajas, apoyos públicos o del respaldo familiar. El sistema actual no fue diseñado para ese escenario y los ajustes realizados hasta ahora no modifican de fondo esa tendencia.
Así, las reformas más recientes buscan aliviar algunas de las fallas más evidentes, como el nivel de las pensiones mínimas garantizadas. No obstante, estos cambios, aunque necesarios, no resuelven el núcleo del problema. Incrementar aportaciones sin transformar el mercado laboral ni combatir de manera estructural la informalidad es apenas un paliativo frente a un desafío mucho más complejo.
Otro punto crítico es el impacto fiscal futuro. Aunque la deuda del sistema de pensiones no siempre aparece de forma explícita en las finanzas públicas, sus efectos se harán visibles con el tiempo. El costo de no haber tomado decisiones de fondo recaerá en las siguientes generaciones, ya sea a través de mayores cargas fiscales o de un menor nivel de bienestar en la vejez.
Para Arellano, el debate de las pensiones requiere una discusión más honesta y de largo plazo, lejos de soluciones temporales o discursos optimistas. Reconocer la magnitud del problema es el primer paso para enfrentarlo. De lo contrario, el país seguirá posponiendo decisiones que, tarde o temprano, serán inevitables.
El derecho a un retiro digno no debería ser una aspiración lejana. La pregunta es si México está dispuesto a asumir el costo político y económico de hacerlo realidad, o si seguirá heredando el problema a quienes hoy apenas comienzan su vida laboral. Al tiempo. Ya veremos.
El Botiquín
- El regreso del sarampión en México no es un misterio médico, sino una falla de Estado. El país pasó de coberturas de vacunación superiores al 95 por ciento, suficientes para erradicar la transmisión, a un brote con más de 7,600 casos y al menos 26 muertes a inicios de 2026. El virus es el mismo; lo que cambió fue la capacidad institucional: fragmentación del sistema, logística deficiente, debilitamiento del programa de vacunación y una peligrosa tolerancia al rezago.
- La ironía es dura: México no perdió el control del sarampión por ignorancia ni por falta de vacunas, sino por desmontar lo que funcionaba y sustituirlo por centralización improvisada y narrativa política. Hoy se promete recuperar el 95 por ciento de cobertura como si fuera novedad. La salud pública no admite ensayo y error: cada ajuste fallido se traduce en brotes, hospitales presionados y un prestigio sanitario que costó décadas construir y solo tomó unos años erosionar.