El fiscal anticorrupción que la sociedad requiere

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La designación del Fiscal Anticorrupción por parte del Senado de la República es un tema que ha llamado la atención de la opinión pública por ser el servidor público que encabezará las investigaciones de presuntos delitos de corrupción, bajo un andamiaje jurídico e institucional que le dota de plena autonomía a fin de lograr la efectividad en su actuación.

Tal coyuntura da cabida para advertir la responsabilidad que tienen los legisladores de seleccionar a quien ocupará dicho encargo hasta noviembre de 2018, para lo cual, además del apego a los requisitos legales en la conducción del proceso, sería ideal la consideración de criterios vinculados a cualidades deseables, máxime que la encomienda del legislativo se dará por única ocasión, ya que con posterioridad corresponderá al futuro Fiscal General de la República, situación que imprime de mayor relevancia al hecho, pues permitirá sentar un precedente valioso sobre la definición de los rasgos de quien dirija la lucha contra un fenómeno tan lesivo para la sociedad como lo es la corrupción. Bajo este contexto, hay cinco aspectos que, desde el punto de vista del combate a la corrupción, pueden tenerse en cuenta:

Liderazgo: Supone el reto de generar condiciones oportunas para dirigir la transformación institucional e imprimir nuevos ritmos de trabajo, esto con el fin de optimizar la consecución de los objetivos institucionales, en un ambiente de colaboración entre los funcionarios adscritos. Por ello, es importante que el fiscal cuente con la facilidad para transmitir ideas claras y la habilidad de conducir, motivar y lograr resultados entre el personal a su cargo.

Visión estratégica: Implica la capacidad de delinear diagnósticos que decanten en objetivos realizables e identificar las rutas para alcanzarlos en tiempos oportunos. En ese sentido, es deseable que quien desempeñe el encargo de fiscal desarrolle sus labores a partir de planeaciones de corto, mediano y largo plazos, circunstancia necesaria para introducir elementos positivos como la asignación racional de recursos; la mejora permanente de la actuación derivado de evaluaciones constantes y; la inserción armónica en la acción interinstitucional, requisito ineludible ante el novedoso modelo sistémico para combatir la conducta irregular en la administración pública.

Construcción de confianza social: Refiere la creación de escenarios propicios para lograr el respaldo de las personas hacia las acciones de la institución. Este supuesto requiere que el fiscal tenga pericia para comunicar los resultados obtenidos a los distintos sectores de la sociedad, ya que de ello dependerá, en buena medida, la adquisición de óptimos niveles de legitimidad. Para esto es indispensable que el cumplimiento de las responsabilidades del servidor público se apegue al marco jurídico aplicable y que su labor cotidiana sea eficaz, con la intención de que las expectativas comunitarias se vean cubiertas en niveles razonables.

Integridad: Remite al reto de atender a cabalidad las responsabilidades asignadas, aún ante posibles escenarios que pongan a prueba su adecuada conducción por eventuales presiones de agentes externos, poderes económicos, políticos y fácticos interesados en mantener o propiciar escenarios alineados al cumplimiento de sus agendas particulares por sobre el bienestar común. Al respecto, es fundamental que el fiscal posea un conjunto sólido de valores éticos y morales que imperen sobre su conducta, mismos que serán el sustento de una actuación irreprochable contra la corrupción, ante cualquier intento de coerción.

Neutralidad: Redunda en la necesidad de crear ambientes que faciliten niveles de abstracción suficientes en favor de la toma de decisiones objetivas y, por tanto, alejadas de favoritismos o compromisos individuales o de grupo. Apegado a ello, es ideal que el fiscal posea la capacidad suficiente para alinear su desempeño a los criterios técnicos y jurídicos aplicables, pero también para abstraerse, cuando sea necesario, de influencias de cualquier índole, incluidas las personales, que puedan poner en entredicho la imparcialidad de la determinación, con el objetivo superior de privilegiar la plena certeza en todo el procedimiento.

El éxito del fiscal anticorrupción en su delicado encargo beneficiará a los mexicanos e incidirá positivamente en el ámbito de gobierno, a través de fortalecer la imagen de las instituciones del Estado, así como su credibilidad y respetabilidad, por ello, vale la pena que el futuro titular llegue blindado por el cumplimiento de las condiciones legales y por una alta valoración de sus rasgos individuales que, en conjunto, redituarán en resultados de calidad en el ejercicio de su tarea.

*La autora es comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

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