Sin duda alguna, la noche del 3 de enero de este año se convirtió en un punto de inflexión en el debate global sobre las nuevas formas de guerra, dominación y control estratégico. No por una acción militar abierta ni por una invasión convencional, sino por la consolidación de un modelo de coerción que ya no necesita ocupar territorios, desplegar tropas ni declarar conflictos formales para alterar de manera profunda el equilibrio político de un país como Venezuela.
Durante las semanas previas a la operación, Estados Unidos había incrementado de forma visible su presión estratégica sobre el régimen de Nicolás Maduro. El despliegue naval en el Caribe, los movimientos diplomáticos, las advertencias públicas y privadas, así como las negociaciones indirectas que se prolongaron durante meses, mostraban que el escenario de confrontación estaba lejos de limitarse a la retórica. Sin embargo, lo que terminó imponiéndose no fue una intervención armada clásica, sino la confirmación de que las operaciones especiales, la inteligencia avanzada y la guerra híbrida han transformado por completo la manera de ejercer poder en el sistema internacional.
A partir de este momento, resulta evidente que las grandes potencias ya no necesitan conquistar para controlar. La guerra dejó de ser únicamente una cuestión de armas visibles, tropas desplegadas o bombardeos masivos. Hoy existen capacidades tecnológicas, informativas y operativas que permiten penetrar espacios altamente protegidos, neutralizar estructuras de poder y modificar decisiones estratégicas sin que se dispare un solo tiro ni se produzcan bajas visibles. Estados Unidos, Rusia y China poseen –en distintos niveles– estas capacidades, y su mera existencia redefine las reglas del equilibrio global.
Desde una perspectiva militar, el mensaje es claro. Ningún espacio, por sofisticado que sea su sistema de defensa ruso o chino, puede considerarse completamente impenetrable. La verdadera sorpresa no radica en la fuerza empleada, sino en la ausencia de huellas. Se trata de una forma de intervención sin ocupación, de una invasión sin invasores, donde el control se ejerce sin la presencia formal del ocupante.
La historia ofrece paralelismos inquietantes. El Imperio romano ya comprendía que no siempre era necesario destruir o gobernar directamente un territorio para dominarlo. Bastaba con sustituir o condicionar a quien detentaba el poder, asegurar lealtades internas y garantizar que las decisiones estratégicas respondieran a los intereses imperiales.
Siempre nos hemos preguntado qué aprendió realmente Estados Unidos de las guerras que emprendió desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas se asumió que el mundo no había presenciado nunca una exhibición tan vasta de recursos materiales, capacidades de inteligencia y poder militar como la desplegada por Washington en los distintos conflictos en los que ha intervenido. Sin embargo, una revisión rigurosa de los hechos muestra una conclusión incómoda: Estados Unidos rara vez ganó esas guerras en solitario.
No obtuvo una victoria clara en Corea, fracasó estratégicamente en Vietnam, no logró estabilizar Afganistán tras 20 años de ocupación y terminó retirándose de Irak sin haber consolidado los objetivos políticos que justificaron la invasión. Las únicas operaciones que pueden considerarse triunfos desde 1945 fueron aquellas realizadas bajo condiciones muy específicas: la Operación Tormenta del Desierto, una amplia coalición internacional liderada por el presidente George H. W. Bush para expulsar a Saddam Hussein de Kuwait, y las intervenciones limitadas en Granada y Panamá, que respondieron más a acciones rápidas de cambio de régimen en entornos de baja resistencia que a guerras convencionales de largo alcance.
Este balance explica por qué Estados Unidos dejó de apostar por guerras prolongadas de ocupación y comenzó a desarrollar un modelo distinto de proyección de poder, basado menos en la conquista territorial y más en la supremacía tecnológica, la inteligencia avanzada, la disuasión financiera y la capacidad de moldear resultados políticos sin necesidad de ganar batallas tradicionales.
En este contexto, con la extracción de Maduro, Venezuela se ha convertido en un laboratorio del nuevo orden. La idea de esta “invasión sin invasores” se ha instalado en el nuevo accionar político y militar. No hay tropas estadounidenses ocupando el país, no existe un procónsul estadounidense administrando el territorio y no hay una autoridad militar extranjera visible. Sin embargo, el margen de maniobra del régimen venezolano se ha reducido de manera drástica. El control real ya no pasa por quién gobierna formalmente, sino por quién define el acceso a los mercados, el levantamiento de sanciones, la administración de los activos congelados y, sobre todo, el destino de la renta petrolera.
Las decisiones clave sobre privatización, amnistías, reconfiguración institucional y apertura económica han comenzado a transitar por canales que antes parecían impensables dentro del chavismo. La Asamblea Nacional, que durante años funcionó como un espacio de confrontación ideológica, hoy acompaña transformaciones que marcan un giro profundo respecto del discurso fundacional de la revolución bolivariana. El cierre de centros de detención emblemáticos, la promesa de poner fin a la era de los presos políticos y la normalización de relaciones económicas apuntan a un rediseño del poder más que a su desaparición.
El verdadero interrogante no es si habrá una contraofensiva militar, sino si existe la capacidad real de resistir este nuevo modelo de control. Todo indica que, salvo acciones aisladas o gestos simbólicos, no hay margen para una respuesta violenta de gran escala. Al final del día, como siempre, lo determinante es quién controla los flujos financieros y los recursos estratégicos. En el caso venezolano, el petróleo –la mayor reserva conocida del planeta– se ha convertido en el eje absoluto de esa ecuación.
El eventual levantamiento de sanciones, la reincorporación plena a los mercados internacionales y la recuperación de activos permitirían una inyección de recursos capaz de reactivar la economía venezolana. Al mismo tiempo, ese dinero estaría estrictamente condicionado, imposibilitando su uso para financiar alianzas con Teherán, sostener estructuras de apoyo al terrorismo o seguir subsidiando regímenes colapsados como el cubano. La geoestrategia global no opera por impulsos aislados, sino como una carambola de múltiples bandas, donde cada movimiento responde a un diseño mayor.
En ese tablero, Venezuela es sólo una pieza. La presión sobre Cuba, la contención de Irán y la redefinición del equilibrio en Oriente Medio forman parte de una misma lógica de poder. Las fuerzas hostiles a Israel seguirán existiendo, pero con capacidades limitadas y bajo un entorno internacional cada vez más restrictivo. Nada de esto es casual ni improvisado.
Para cualquier país o empresa con intereses en Venezuela, el mensaje es inequívoco. La capacidad de operar en la nueva etapa venezolana dependerá de alinearse con los estándares políticos, económicos y estratégicos definidos desde Washington. Quien no pueda o no quiera hacerlo quedará excluido del presente y del futuro que se está configurando para este nuevo modelo de Estado funcional, abierto en lo económico y profundamente condicionado en lo político.