Escrito está en la historia y práctica de las relaciones humanas y de supervivencia del mundo que –como Charles Darwin explicó en su momento– existe una ley de selección natural de especies en la que sólo las más fuertes, las mejor preparadas y las que más fácil se adaptan a los cambios son las que sobreviven. La 4T es mucho más que un experimento político. La 4T es una redefinición de capacidades de resistencia en el que se busca ver quién es capaz de sobrevivir en el ambiente hostil que actualmente rodea al sector político del país.
Las cárceles mexicanas no están llenas de los miembros de los cárteles y de los miles de criminales del país, así como tampoco están ocupadas por los responsables de la muy desagradable plaga de corrupción que acecha a nuestro país. Se prometió acabar con la corrupción y llevar a la justicia a los responsables del triste y preocupante panorama nacional. Sin embargo, estando en el quinto y penúltimo año de administración esta fue otra de tantas promesas que no se cumplió. Lo que sí es cierto es que fueron precisamente el ambiente de corrupción y la falta de transparencia al momento de rendir cuentas algunos de los elementos que aplanaron el camino para la llegada del presidente López Obrador y su cuarta transformación. Un régimen en el que se ha demostrado que no existe un margen muy amplio de debate y que la única y última palabra es la que sale de la boca de quien reside en Palacio Nacional.
Estamos a mediados de agosto y cada vez falta menos para el momento de la verdad y de las certezas. A estas alturas es muy importante saber quién ocupará el Palacio Nacional, aunque es más importante saber para qué lo ocupará.
El tema de los libros de nuestros niños es uno que escapa a una cuestión innegable: cualquier régimen político que gane por un procedimiento democrático, aceptado y que le hubiera dado a la gente la oportunidad de elegir, con el resultado de esa elección tiene derecho a imponer o no sistemas que sustituyan a los anteriores. Basta de una elección para liderar el camino del cambio, de salida o de destrucción de un país. La única diferencia que hay entre el derecho a cambiar y un cambio bien hecho es la mecánica que se sigue al hacerlo. Se pueden cambiar los sistemas legales, nada le impide al Presidente decretar el fin de la Constitución y convocar un proceso constituyente. Sin embargo, lo que el Presidente no puede hacer es cambiar un sistema jurídico por un autoritarismo puro y sin contrapesos.
Actualmente el problema no reside en si tenían o no el derecho a cambiar el contenido de los libros de texto, el problema es que la visión que ellos tienen sobre cómo debe de ser el mundo y la sociedad mexicana difiere mucho con la visión y la forma de pensar de la mayoría de los mexicanos. Si bien tienen la facultad legal de realizar los cambios que crean convenientes en los libros de texto, recientemente se ha encontrado que dicho cambio no cumple en su totalidad con lo estipulado en la Ley General de Educación, ya que ésta menciona que antes de producirse los libros, debieron haber sido publicados los planes y programas de estudio, cosa que no sucedió. Ante esto, una jueza emitió una suspensión definitiva, pero, como ya parece ser costumbre, el gobierno hizo caso omiso y desacató la suspensión.
La clave de cualquier ley radica en la aceptación popular que consiga. Lo difícil de cualquier ley no es imponerla a sangre y fuego a los demás. Lo complicado es que la aceptación popular se convierta en el mejor elemento de defensa de la ley en cuestión.
Llegamos al final de un ciclo histórico en el que la gran pregunta que se plantea no gira en torno de condenar o no a los guerrilleros de los años 70 –derecho y facultad que puede ejercer un Estado–, sino que la verdadera cuestión radica en la búsqueda del equilibrio sobre todo lo que se puede hacer para defender a la sociedad y lo que se pretende hacer cuando no hay más camino de cambio que por medio del uso de la violencia.
Muchas cosas han cambiado en México en las últimas décadas, incluyéndonos a nosotros, pero al final del día sigue existiendo una gran pregunta que es necesario responder, que es si todos los cambios, todos los actos violentos que se registran cada día y lo que significa vivir a la sombra de un régimen sin amparo legal, ¿todo esto, por qué será sustituido? Y hago la pregunta porque hasta el momento no hay propuestas claras que guíen a la verdadera ruta del desarrollo y crecimiento. Todos los mexicanos tenemos derecho a cuestionar de qué tipo y cómo será el cambio que vendrá cuando esta administración llegue a su fin. No sólo se trata de celebrar elecciones cada seis años y cambiar de mandatarios e ideologías políticas como un acto repetitivo y sin sentido, se trata de buscar la forma de ser mejores. Y en ese sentido, la realidad es que hasta el momento hemos fracasado rotundamente.
Tampoco se trata de rendirnos ante lo sucedido en el pasado y resignarnos a aceptar que lo que “no fue en nuestro tiempo, no hace daño”. Se trata de buscar lograr una armonización nacional en la que pasado, presente y futuro estén alineados con el crecimiento y desarrollo que buscamos como país. No es que olvidemos todo el daño que ha causado la corrupción y la violencia a nuestro país, es que seamos capaces de entender el verdadero daño que un camino tan corrupto, violento y tan caracterizado por el enfrentamiento deja completamente desprotegido a un gran porcentaje de nuestra sociedad.
La solución no reside en la proposición continua de cambios, de promesas de campaña o por buscar la victoria de uno u otro bando. La clave está en trazar la hoja de ruta que asegure un verdadero cambio que, con todos sus elementos incorporados, consiga convencer a todos de qué es lo que tenemos que hacer para mejorar.
El mundo moderno está enfrentado. Vivimos tiempos en los que la polarización y la división social han triunfado sobre la necesidad de la armonía y de la construcción de consensos sociedades. El problema es que tanto el mundo como México necesitan saber qué quieren ser, a dónde van a ir y a quiénes están dispuestos a seguir. En este sentido, lo de menos son las corcholatas o ese intento fallido de buscar cambiar las mentalidades a fuerza, sin una explicación que cuente con la complicidad activa de los padres y de todos aquellos que no se siente representados por la 4T. No obstante, el no sentirse identificado o no compartir con la ideología o actuación de la 4T no tiene por qué significar ser la parte del país excluida y violentada de diferentes maneras mañana tras mañana.
Lo más difícil a lo que la sociedad, no solamente los políticos, nos enfrentamos es marcar nuestro límite. Y ese límite no sólo se marca imponiendo leyes o planteando situaciones que no pueden ser cambiadas de ninguna manera mediante el diálogo o la convicción. El límite tiene que ser marcado bajo la afirmación de que todos quienes no forman parte de la cuarta transformación ni son leales al presidente López Obrador tienen derecho a seguir siendo mexicanos. No compartir una ideología o actuación política no puede ni debe de ser nunca una razón para ser excluido o deslegitimizado por quien ostenta el poder, sino todo lo contrario. El deber principal del Presidente es y siempre debe de ser velar por la salvaguarda e integridad de todos y todas las mexicanas, a costa de lo que sea.