La noche del 4 y el amanecer del 5 de octubre hicieron creer que el sexenio del presidente López Obrador había llegado a su fin y el nuevo gobierno, liderado por las Fuerzas Armadas mexicanas, entraba a disponer, ordenar y cumplir con el mandato constitucional y desempeñar las distintas competencias que la Constitución le encomendaba. Fue una noche alucinante. Era como si un mal gobierno hubiera expirado a su debido tiempo y un nuevo gobierno surgiera inesperadamente. Fue como si un ejército bien organizado y con un plan que no estaba limitado al eslogan de “abrazos, no balazos” se abriera paso y tomara las riendas del gobierno. Fue como si, a partir de ese momento, una nueva época hubiera iniciado en México.
A partir del pasado 5 de octubre, dejamos de ser el país que inspiró la controversial frase de Salvador Dalí, cuando dijo que no soportaba estar en un país más surrealista que sus pinturas, y nos convertimos en una nación fantástica capaz de cambiarlo todo de la noche a la mañana. Un país que, con las mismas caras, fracasos y situaciones, tiene la capacidad de pedir una oportunidad –sin saber por qué o para qué– de adquirir más poder a quienes, teóricamente, su función es protegernos ante cualquier amenaza.
No tengo nada en contra de los militares. Creo que son una pieza fundamental no sólo de la cultura y de la sociedad mexicana, sino también del entramado legal y sociológico del pueblo. Aunado a esto, es necesario mencionar que el Ejército mexicano siempre ha sido una institución respetada por los mexicanos. Además de que durante muchos años ha sido la única alternativa capaz de producir un cambio de situación social con un futuro prometedor y con las herramientas necesarias para asegurar su desarrollo. Al ser como somos y como lo que más importa es lo que piensa y dicta el líder en turno, pasamos de tener una política del perdón y la armonía nacional a buscar poner como pieza fundamental del desarrollo a los militares.
Si seguimos por este camino, existe la posibilidad de que dentro de poco los valet parking terminen también por estar uniformados. Hemos pasado de ser testigos de cómo las Fuerzas Armadas mexicanas no eran capaces de ganar una guerra sucia –como la que se dio durante el sexenio de Felipe Calderón y ante la cual no estaban preparados– a posicionarlos como elementos que saben y pueden hacer de todo. Tras lo sucedido la semana pasada, hoy se tiene una imagen de un Ejército que es capaz no sólo de usar las armas, sino también de controlar los aeropuertos, participar en construcciones federales e incluso tener su propia aerolínea y ser un actor más del sector comercial aeronáutico.
Estamos frente a una verdadera transformación de funciones y responsabilidades. No quiero ni pensar qué estará pasando por la cabeza de los profesores del Heroico Colegio Militar o qué estarán pensando los alumnos, quienes entran soñando con ser generales del Ejército y que buscan dedicarse a desempeñar funciones militares, pero que existe la posibilidad de que terminen siendo encargados de puestos aduaneros. Tras lo sucedido, da la impresión de que se le está quitando la capacidad al Ejército de ganar las guerras para las cuales fue hecho y se va amoldando para las necesidades civiles que lo requieran. Necesidades que van desde el sector aeronáutico hasta el de la construcción civil o cualquier desafío que forme parte de los sueños irredentos del Presidente para cambiar la historia de México.
¿Exactamente qué fue lo que se aprobó la noche del 4 de octubre? Que el Ejército mexicano se haría cargo de toda la seguridad –pública y militar– hasta el año 2028. Esto significa que la próxima elección presidencial de 2024 no sólo será bajo la mirada siempre constitucional y ordenada –hasta aquí– del Ejército, sino que también tendrá que hacerse ese recorrido con una parte de la economía y seguridad civil en sus manos. Pero, lo que es más importante, lo hará con todo el respaldo y confianza del Presidente, del comandante en jefe.
Más allá de para lo que se suponía que servían los ejércitos, más allá de verlos cruzados de brazos mientras el estallido de la violencia y de la especie de guerra civil en la que estamos es cada vez notoria, lo que verdaderamente da a entender la decisión tomada es que lo que se busca no es la seguridad nacional. Parece ser que lo que quienes gobiernan el país buscan es dar las herramientas y dotar de la experiencia necesaria a las Fuerzas Armadas del país para que sean capaces de dirigir y controlar todo lo que la nación –o las ideas del líder en turno– demande.
Hemos transformado el uniforme militar en uno de multiusos. Olvidamos cómo y para qué están hechos y les pedimos que sirvan para todo, sin tener a alguien encargado para ganar las guerras, que son cada vez más visibles en nuestro territorio. Esta es una revolución parecida a la que hubo cuando se constituyó el Estado mexicano, es decir, la Revolución mexicana de 1910. La diferencia es que hoy el Ejército mexicano no va ganando la guerra. Además, no hay que olvidar que uno de los problemas más relevantes a los que el actual régimen se ha enfrentado fue cuando se tomó la decisión de incorporar las funciones que tenía la Policía Federal e incorporarlas dentro de lo que hoy conocemos como Guardia Nacional. Una institución que cada vez es más relevante en la vida diaria del país y que no se sabe hasta qué punto será determinante en las decisiones y el rumbo que tenemos y tendremos como nación.
Le daremos el poder de las calles al Ejército hasta 2028. No sabemos ni han anunciado los programas que harán. Desconocemos qué pasará el día en el que –cuando se gane la guerra, se restituya la soberanía y cuando sea posible garantizar la seguridad de los ciudadanos en nuestro país– la normalidad vuelva y tengamos que descifrar cómo restituir las responsabilidades y funciones extraordinarias que hoy se le están otorgando a las Fuerzas Armadas. Nos limitamos a determinar que tendrán todo el poder hasta el año 2028, sin tener unas obligaciones claras ni definidas.
Me asombra, me extraña y me sobrecoge ver que podemos hacer una votación donde la epopeya está a cargo del secretario de Gobernación y del presidente del Senado, sin explicar por qué o para qué, pero, sobre todo, sin determinar cuándo se elaborará un programa integral de seguridad nacional. Un programa con unos responsables que, más allá de evitar justificar que las cifras de violencia son las que son por culpa del pasado y del hecho de haber recibido un país en llamas, verdaderamente busquen resguardar y promover la tranquilidad y la paz de los ciudadanos mexicanos. ¿Cuándo se aplicará sobre el incendio social actual una política de seguridad completa y que dé las explicaciones que hoy no se tienen sobre las funciones del Ejército?
Vivir para creer. Y sin fe, como dice la Biblia, no hay nada. Pero el problema es que, cuando uno ve situaciones tan potencialmente peligrosas como el reciente hackeo a los servidores de la Sedena o el poder que cada vez es mayor del narcotráfico en el país, inevitablemente surge la pregunta sobre quién nos protegerá ante las actuales y venideras amenazas que surjan. Queremos creer; sin embargo, no hay un sustento ni motivación que nos ayude a hacerlo. Estamos en una posición en la que cada día que pasa tenemos menos tiempo y menos paciencia, y ante la cual corremos un riesgo que se incrementa sustancialmente.
Si esta guerra la pierde el Ejército mexicano, también la perderá el Estado mexicano y esto supondrá su fin. Además, tanto poder otorgado en tan poco tiempo y en tantas áreas da lugar –en el mejor de los casos– a cometer errores superficiales u operativos, aunque en otros casos existe la posibilidad de que se cometan faltas irreversibles. Por muchas armas que tengan y por mucho poder que se les otorgue constitucionalmente, me asombra que los militares no tengan el mínimo instinto de supervivencia para cuidarse y no aceptar todo lo que les ofrecen, sino recoger aquello que estén en condiciones de cumplir. Hemos entrado en otra era y esa era, hoy por hoy, tiene una base armada. Esperemos que tenga un buen final.