En todos los movimientos políticos y sociales importantes que ha habido en la historia, generalmente –por encima de los intentos por cambiar el perfil legal o histórico mediante un proceso de asimilación– ganaron las tendencias que buscaban la estabilidad jurídica y la defensa constitucional. Sin embargo, también ha habido épocas en las que –ya sea debido a la gran popularidad del líder en turno, al fracaso de los sistemas, al abuso de la corrupción o a la supremacía de la impunidad– se logró vulnerar las estructuras de los países de manera significativa. Como sea, la batalla entre la legalidad y la popularidad siempre ha traído consigo unas consecuencias nefastas para la vida de los países.
A México le costó muchos años, más de un siglo, lograr tener una estabilidad legal que –pese a todos los vaivenes, a la fabulación y a la tendencia nacional de hacer leyes para no cumplirlas– daba como resultado, con todo y todo, la conformación de un Estado. Otra cosa muy diferente era el uso o el abuso que, con el paso de los años y la hegemonía política, se hacía de la corrupción y de las prácticas que perjudicaban el ejercicio y los quehaceres del Estado.
El primero de julio de 2018, México dio un paso como nunca antes lo había dado. Es verdad que ese paso –que estuvo acompañado por los más de 30 millones de votantes que eligieron a Andrés Manuel López Obrador como su Presidente y a la 4T como su régimen– fue un paso que venía de un fracaso continuado. Un fracaso que llevaba arrastrándose al menos durante los últimos 18 años y donde todas las promesas, expectativas o capacidades de usar la fuerza del Estado para autorregenerarse y consolidar una evolución positiva para la mayoría del pueblo, se vieron decepcionadas un sexenio tras otro.
La gran pregunta que hay que hacerse con esta revolución en marcha que estamos viviendo es si la 4T cabe en la Constitución o si la Constitución tiene alguna posibilidad de sobrevivir al régimen liderado por el presidente López Obrador. En tan sólo cuatro años ha habido muchas pruebas y cambios sustanciales que no solamente cambian lo que es el comportamiento y la preeminencia de las capacidades políticas de México, sino que, además –una y otra vez–, juegan sobre lo mismo. Esto es, pese al hecho de saber las consecuencias insalvables que traerá consigo, se sigue poniendo en práctica la disputa entre la popularidad y la legalidad.
Hemos llegado a un punto que no era muy difícil pronosticar que llegaríamos. Las luchas internas dentro de la 4T, el gozar de la cercanía presidencial o el ser el mejor intérprete –con independencia de los límites que marca la ley sobre la voluntad presidencial–, se han convertido en factores que reflejan la actual realidad política. Una realidad que, lejos de darnos una certidumbre o de asegurar la legalidad, nos va alejando una y otra vez de la estabilidad. Poco a poco, nos vamos colocando en una situación en la que cada vez será más difícil entender los costos de elegir la popularidad presidencial y del régimen en lugar de la legalidad y la defensa constitucional.
Además, y por si fuera poco, estamos frente a dos crisis que están ligadas e incrustadas en la misma esencia del régimen. Dos crisis que demuestran la verdadera gravedad de los problemas a los que nos enfrentamos. Por una parte, está Ayotzinapa y la imposibilidad de llegar a descubrir realmente qué fue lo que pasó y quiénes son los responsables de lo sucedido. Por otra parte, nos encontramos ante una situación en la que la realidad de las cifras, de la violencia, de la inseguridad y del hecho de no saber dónde ni cómo podemos seguir viviendo, está enfrentada al dilema actual de la preeminencia militar. No se sabe con qué fin, garantías ni bajo qué plan, pero cada vez se le busca dar un papel y rol más predominante a las Fuerzas Armadas en la vida pública del país. Desde el punto de vista del Presidente, esta acción –que defiende bajo el argumento de que ningún líder mexicano se atrevería a realizarla– conseguiría reducir enfermedades que aquejan a nuestra nación, como lo son la corrupción, la impunidad, la inseguridad, entre muchas otras. Colocados en esa situación o, más bien, bajo la posición de que la garantía del control militar es la garantía de que nunca dejen de ser bienes de la nación, vamos avanzando sin importar el resultado.
El enfrentamiento de la legalidad con la popularidad le está haciendo perder al Estado de derecho su posición. Pero, además, hace falta una explicación que vaya más allá de la confrontación por la confrontación y la imposición por la imposición. Hay que saber para qué o con qué propósito se quiere mantener a las Fuerzas Armadas mexicanas hasta 2028 como las encargadas de la seguridad pública del país. Cuando se ofrece esa posición y se quiere eso, es necesario poder explicar qué fue lo que motivó a tomar ese rumbo, pero, sobre todo, los resultados de las cifras que hemos tenido hasta aquí.
El Ejército siempre ha sido una institución merecedora del respeto de los mexicanos, pese a todo. Lo ha sido pese al 2 de octubre –que, curiosamente, ayer se conmemoró el quincuagésimo cuarto aniversario de la matanza de Tlatelolco–, pero también lo hemos respetado pese a Echeverría, pese a Díaz Ordaz, pese a los abusos y pese a las matanzas de estudiantes y civiles. Sin embargo, en este momento –con todo este enfrentamiento y con el acompañamiento para imponer políticamente lo que, por mandato constitucional, tienen prohibido los militares– vamos creando una situación en la que el país está cada día más debilitado y confundido.
Se impone explicar si la policía va a desaparecer definitivamente de nuestro ordenamiento de seguridad y de la separación de los tres poderes. Se impone contestar cuándo y cómo los balazos sustituirán o, al menos, equilibrarán a los abrazos. Se impone explicar que, una vez tomadas esas decisiones y aplicadas, políticamente hablando, ¿qué haremos con la Constitución? ¿La dejaremos una vez más, como ha pasado durante tanto tiempo, como un papel que existe, pero sin la necesidad de cumplirlo ni siquiera respetarlo?
La revolución está en marcha. Lo único que nos falta es saber en qué dirección se desenvolverá. Siempre he pensado y dicho que, por muchas razones, México no puede ser como Venezuela. Hay un imperativo de orden físico que cambia y transforma la realidad y que imposibilita que eso suceda, y es el hecho de que México es el primer problema de la seguridad interna de Estados Unidos.
Con independencia de las peleas o interpretaciones del capítulo energético del T-MEC, hay que saber que hemos llegado a un punto en el que tenemos que contestar dos preguntas. La primera, ¿en realidad llegaremos al punto en el que terminaremos por convocar a un Congreso constituyente para que se redacte una nueva Constitución donde la 4T quepa dentro de ella? La segunda –y mucho más importante– es definir si vamos a poder seguir debilitándonos, siendo un país dividido y atomizado por los problemas de seguridad interna, y continuar siendo un problema manejable por Estados Unidos.
Esas son las dos preguntas a las que nos enfrentamos en los dos últimos años. Mientras tanto, la gran bacteria que termina destruyendo a los países y, desde luego, a las fuerzas políticas, ya empezó a manifestarse en nuestra nación. La división interna de México es hoy tan fuerte que está a punto de provocar consecuencias graves. En esa dicotomía de legalidad contra popularidad, la disputa y el nivel de enfrentamiento entre los políticos actualmente es tan grande que cada día somos más débiles y, lo que es peor, cada vez estamos más a la disposición de nuestros enemigos.
Posdata: en este inicio del otoño, los días están muy cargados. Es evidente que estamos en guerras que se gestan de forma paralela y simultáneamente. Algunas de ellas son política e internas. Otras se dan en contra de quienes comparten fronteras. Es claro que, por mucho que a algunos les gustaría mantener el actual estatus de las cosas, esto no será posible.
El hackeo en contra de las Fuerzas Armadas mexicanas es la última demostración –aunque también el inicio– de lo que supone poner en descubierto cuánto tiene de verdad el régimen actual y cuánto tiene de mentira. El grupo de hackers denominado Guacamaya podrá ser lo que sea, pero la realidad es que en la actualidad sólo hay tres países en el mundo que verdaderamente pueden perpetrar un hackeo como el que se dio. Dos de ellos no tiene sentido que lo hayan hecho, aunque del tercero tengo mis dudas. Lo que es indudable es que la mejor manera de debilitar un régimen que es hostil es corroyéndolo desde sus entrañas.