Antonio Cuellar

La nueva Ley de Aguas reconfigura el acceso al recurso como un derecho humano, pero concentra el poder en el Estado y abre riesgos de corrupción, ineficiencia y uso político.

Siempre es necesaria la revisión de legitimidad, justicia y legalidad alrededor de un acto de la autoridad que pueda llegar a vejar los intereses del particular.

Paradójico resulta que, en estas mismas fechas, haya tenido lugar una marcha de repudio a la corrupción y a la inseguridad que predominan en el panorama político nacional.

Una nueva generación de jóvenes estudiantes —los que integran la Generación Z— encabeza movimientos de protesta y cambio social que encuentran en nuestro país un eco sonoro y estridente, debido a la inestabilidad y la inseguridad que nos apabullan, y a la incapacidad del gobierno para atender los problemas.

La inédita decisión de elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia constituye una peripecia sin parangón en el mundo, asumida, en el mejor y menos crítico de los casos, como una auténtica barbaridad. La realidad, lamentablemente, comienza a demostrar que las voces que se opusieron a dicha reforma tenían razón.