La cruda realidad llegó y todo indica que el gobierno de Donald Trump seguirá apretando a Claudia Sheinbaum y a su gobierno. Y aunque la decisión de EE. UU. de negociar el TMEC anualmente no sorprende, las sanciones a los huachicoleros y sus financiamientos a campañas electorales son crisis que ya están afectando la gobernabilidad del país.
Y sí, también hay claras señales de que Estados Unidos tiene toda la intención de continuar su estrategia de injerencia en la política y en la seguridad del país.
Hace cuatro semanas, en el Monumento a la Revolución, la presidenta de México hizo un llamado, durante su discurso, a proteger la soberanía del país ante la injerencia extranjera. La mandataria aseguró que “México no es piñata de nadie” y pidió a sus seguidores movilizarse de inmediato para ir a las plazas públicas a “realizar asambleas informativas, repartir volantes y periódicos, e informar al pueblo de que: ¡La patria no se vende! ¡La patria se ama y se defiende!”. Para Claudia Sheinbaum, Morena y la 4T, la amenaza más inmediata a la gobernabilidad y a la integridad del país es la posibilidad de que la Casa Blanca ordene un operativo militar contra individuos o estructuras vinculados a organizaciones criminales que ahora Estados Unidos considera terroristas y que amenazan su seguridad nacional. Y las imágenes del 25 de julio de 2024, publicadas esta semana por colegas de “Pie de Nota”, que muestran al Mayo Zambada y a Joaquín “El Güero” Guzmán descendiendo del avión —que ahora estará resguardado en un museo— rodeados por agentes del FBI, confirmarían la información que más temían Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum: sí hubo participación del gobierno estadounidense en el secuestro del Mayo Zambada.
Pero esta semana también Estados Unidos anunció que rechaza la extensión automática del TMEC, una decisión que le dará acceso preferencial a los estadounidenses en el corto plazo, pero que para México elimina la certidumbre de largo plazo que hacía del acuerdo un ancla para la inversión, el financiamiento, la manufactura y las cadenas regionales. Y esta decisión, obviamente, le permite a Estados Unidos continuar presionando con amenazas arancelarias, buscando ajustes en reglas de origen, expresando preocupación por la presencia china en Norteamérica y reforzando su intención de asegurar el control de cadenas estratégicas.
Pero el reporte del Departamento del Tesoro de esta semana debería alarmar a la presidenta y a su equipo de asesores políticos. Aunque el enfoque del reporte es la decisión de la OFAC de sancionar a dos empresarios mexicanos por su participación en empresas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), vinculados al delito de huachicol fiscal, la información sobre el impacto fiscal del huachicol en las finanzas del país es verdaderamente preocupante. Sin embargo, este documento presenta una vertiente que es una bomba política y tendrá un impacto sin precedente en la política mexicana. Según el reporte, “los cárteles utilizan las ganancias ilícitas provenientes de la venta de combustible en el mercado negro para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación, con el fin de ayudar a elegir a políticos corruptos dispuestos a facilitar que los cárteles controlen puestos administrativos clave en el gobierno”. Todo indica que el gobierno de Estados Unidos no solo sigue recabando información sobre las actividades de los ahora “terroristas” mexicanos, sino que también tiene información sobre cómo el huachicol financió campañas y medios de comunicación.
No es la primera vez que, según el gobierno estadounidense, los cárteles financian campañas. En el “indictment” publicado por la Fiscalía de Nueva York, hace dos meses, contra 10 políticos sinaloenses, se señala claramente que “los líderes de los Chapitos, entre otros aspectos, ordenaron a los miembros de los Chapitos que robaran las papeletas con votos de los oponentes de ROCHA MOYA, y que secuestraran e intimidaran a los candidatos de la oposición… Según lo prometido, desde que fue elegido gobernador, y a cambio del apoyo de los Chapitos en su elección, ROCHA MOYA ha permitido que los Chapitos operen con impunidad en Sinaloa”. Todas las investigaciones estadounidenses señalarían a Morena y lo más catastrófico es que la presidenta parece no reconocerlo: ha cuestionado la información proveniente del vecino y ha exigido “pruebas”.
La cruda post mundialista ya inició con un claro impacto en la economía, la política y la seguridad del país. Hasta el momento, todavía no hay claridad sobre cuáles son los objetivos de Donald Trump, pero los hechos de esta última semana apuntan a que las presiones de la Casa Blanca, que tanto ocupan a la presidenta, seguramente continuarán y aumentarán.