Con los resultados de las elecciones intermedias del 6 de junio, incrementa la sospecha de que el gobierno de México -el mismo presidente López Obrador- está negociando una ‘pax criminal’ como política fundamental para su estrategia de ‘pacificación’ del país.
Y este esfuerzo no solo fracasará, desafortunadamente estas ‘negociaciones’ darán pie a que incrementen, aún más, los índices de violencia e ingobernabilidad.
¿Qué significa fracasar? Los grupos criminales no se someterán a un acuerdo en donde ellos reducen la violencia a cambio de controlar regiones completas del país. No hay necesidad de negociar, porque el gobierno perdió la capacidad de enfrentarlos.
Y ese es el problema fundamental de la estrategia de negociación (¿sometimiento?) del gobierno federal. En mis talleres de negociación señalo que hay 15 principios básicos -lecciones aprendidas- para gobiernos que están negociando con criminales, grupos armados, narcotraficantes, paramilitares, o individuos o entidades que violan la ley, el Estado de derecho o que son violentos. Y uno de los principios fundamentales es que cualquier consideración para iniciar una negociación, empieza con el abandono de actividades delictivas y violencia en contra de la población.
Algo que claramente no está sucediendo en este momento. Parecería que gracias a la violencia y el control territorial que tienen estos grupos criminales no estamos ante una negociación sino un sometimiento del gobierno federal. Esta idea lo refuerza el mismo comportamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador con su sistemática deferencia con actores violentos en el país: agradeciendo a los grupos criminales de “portarse bien” durante las elecciones, la deferencia con Joaquín El Chapo Guzmán y su mama, el extraño caso de Ovidiogate, etcétera.
En un país ‘normal’ la amabilidad y el respeto que ha demostrado el presidente ante individuos que claramente son asesinos y violentan la población sería un escándalo con costos políticos. Los seguidores de López Obrador lo consideran como algo normal. Es tan extraña la relación del presidente con estos grupos que yo me pregunto si el presidente no sabe negociar. O, ¿será que comulga con los negocios y las ideas de estos criminales, lo están extorsionando, o están amenazando al mandatario y su familia?
Hasta el momento hay muchas anécdotas sobre la posible injerencia del crimen organizado en las elecciones, además del número de candidatos asesinados, el hecho de que en varias regiones controladas por grupos o criminales armados hubo una baja afluencia a votar. También están las encuestas presentadas al INE por la organización Desarrollo, Educación y Cultura, donde señalan los encuestados que entre un 30 y 35 por ciento del territorio mexicano fue impactado por la presencia del crimen organizado durante las elecciones y que la injerencia criminal incremento de 28 al 42 por ciento.
Y sí, los seguidores podrán argumentar que hasta el momento las pruebas se remiten resultados raros en las encuestas de algunas regiones, percepciones de los ciudadanos, chismes y declaraciones infundadas (hasta el momento) del gobernador Silvano Aureoles. Lo inexplicable es cómo fue que arrasaron los candidatos de Morena en zonas devastadas por masacres, violencia y presiones de los criminales. Y ante lo que parecería ser casi una invitación del presidente a ‘participar’ por la cortesía expresada por López Obrador y el hecho de que hay grupos en este país que son intocables, ¿no es obvio que grupos criminales, ante la laxitud del gobierno federal, buscarían influir en las elecciones y candidatos que permitirían que estos continuaran con sus actividades delictivas y control municipal?
¿Quién fue el genio que pensó que permitir que organizaciones criminales influenciaran las elecciones serían parte de una gran estrategia para pacificar al país? ¿O es un reconocimiento de la incapacidad del gobierno federal?
Entre los otros principios o lecciones aprendidas para negociar con grupos criminales es asegurar que se tengan las instituciones y la voluntad política de hacer cumplir acuerdos, que tienen que incluir dejar de violentar la población, las autoridades y dejar de delinquir.
Obviamente, esto no es una consideración del gobierno federal. ¿En verdad alguien cree que el presidente va a ordenar a los 11 nuevos gobernadores de Morena que su prioridad sea enfrentar a los violentos que posiblemente facilitaron su elección?
Aunque el comportamiento y las expresiones del presidente López Obrador señalan que hay un proceso de negociación. Pero la estrategia es tan criminalmente negligente, parecería que el presidente está más en un proceso de sometimiento o… estaría asegurando candados para las elecciones en 2024.