Otra vez a la palestra la discusión sobre modificar el pacto fiscal de la federación, ya que a los estados que producen y generan más riqueza les regresan mucho menos de esos recursos, y viceversa, los que menos generan tienen una compensación para emparejar su gasto.
Aunque en el fondo del asunto existe un malestar creciente entre los gobernadores que se sienten maltratados por el gobierno federal en eso del reparto del presupuesto y de sus participaciones, además de que ahora el gasto social federal está etiquetado a los programas sociales del presidente López Obrador, lo mismo ocurre en las partidas que tienen que ver con la seguridad pública y ahora, con el mismo gasto en salud.
Los mandatarios estatales siempre han estado a expensas de lo que determine el gobierno federal, de allí que se les ve mendigando y tocando puertas en todas las secretarías de Estado y desde luego en la Presidencia de la República para contar con más recursos presupuestales.
El gobierno central es el amo y señor. Sin embargo, esa postura se ha recrudecido por la nula atención a sus problemas por parte de varias secretarías, como Gobernación, Hacienda, Agricultura, Salud y Seguridad Pública, entre otras.
De allí que los gobernadores del noreste buscan un nuevo pacto fiscal porque el actual es injusto e inequitativo, ya que la federación no regresa a los estados la misma cantidad de recursos que aportan y el mejor ejemplo es Nuevo León.
Jaime Rodríguez, gobernador de esta entidad, apunta que el estado que gobierna es uno de los que más aporta a la federación y al que menos recursos regresan, ya que por cada peso que aporta recibe únicamente 20 centavos y por el estilo andan la CDMX, Jalisco y varias entidades del centro del país.
Esta postura es compartida por jefes de ejecutivos estatales como Coahuila y Tamaulipas, además claro de Jalisco, en donde su gobernador Enrique Alfaro lleva a cabo una cruzada contra el Covid-19, prácticamente solo ya que la Secretaría de Salud federal le ha dado la espalda. Al igual ocurre con Baja California que a través del jefe del Ejecutivo estatal, Jaime Bonilla, se queja que el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, no se digna siquiera a contestarle la llamada y eso que ambos funcionarios son cobijados por las siglas de Morena.
En cualquiera de los casos, no existe un solo gobernador, tal vez quitando algunos de Morena, que no se quejen del maltrato y la restricción presupuestal a la que son sometidos todos los días y aunque lo comentan en corto, en público no se atreven a señalarlo. Tal es el caso de los mandatarios del PRI, quienes prefieren plegarse a los designios del presidente de la República que a enfrentarlo por la falta de recursos económicos.
Y sí hay tres posturas; una, la de la sumisión; otra, la de conformismo y la más valiente, la de la rebelión y en ella se encuentran gobernadores de todos los partidos políticos.
No se trata de una alzada política en contra del gobierno federal por determinado partido político, ni siquiera de un complot nacional para desestabilizar el pacto fiscal, no solo es un asunto de justicia y de un reparto equitativo conforme a los ingresos generados en cada entidad.