Con el resultado de las elecciones, veremos quiénes fueron los vencedores de los debates; qué casas encuestadoras fueron las acertadas, cuál fue el nivel de votación y por ende los rangos del abstencionismo, el costo de la democracia y más información que será de utilidad para ponderar sobre impulsar una reforma política que abarate el voto y permita mantener las voces de las minorías en el Congreso.
Ya instalados en el poder, AMLO y su franquicia política intentan por todos los medios y con todos los recursos institucionales a su alcance, cerrarle a sus adversarios políticos la posibilidad de ganar la presidencia de la República y tener mayoría en el Congreso —eso aquí y en China se llama totalitarismo—, aunque Claudia Sheinbaum no lo reconozca. Esos excesos buscan aniquilar la democracia, tal como lo hiciera el PRI en el siglo pasado por más de siete décadas.
Estamos ante una elección de Estado en donde el presidente López Obrador tiene aceitada toda la maquinaría de su gobierno y de los 23 gobernadores emanados de Morena y del PVEM, así como de los sindicatos, empresarios afines a la 4T y otros aliados que no necesariamente están del lado de la legalidad, para ganarle a Xóchitl Gálvez y sus millones de simpatizantes.
No hay que alarmarse por lo anterior, ya que Vicente Fox, por ejemplo, se enfrentó a una elección de Estado y resultó vencedor, es decir, hubo alternancia en el poder por la vía pacífica.
Ahora, se repite el escenario de principios de siglo con la salvedad de que en aquel entonces, el presidente Ernesto Zedillo no tuvo empacho en reconocer el triunfo de Vicente Fox y con ello, se pudo transitar de forma pacífica a otra página de la historia política contemporánea de México. En cambio, con AMLO ello no será posible, porque el tabasqueño es un pésimo perdedor y no está dispuesto a investir a la candidata del frente opositor Fuerza y Corazón por México con la banda presidencial en caso de que gane la elección.
Perdió legalmente con Felipe Calderón y no solo no reconoció el resultado, sino que bloqueó por varias semanas la avenida Paseo de la Reforma y se autonombró presidente legítimo de México.
Contra Enrique Peña Nieto tampoco reconoció su derrota, no obstante que perdió por más de 3 millones de votos.
En este contexto, los márgenes de victoria que requiere la hidalguense para evitar que la elección se dirima en tribunales o más aún que se inventen razones para invalidarla, deben ser amplios, es decir, una diferencia de más de ocho dígitos porcentuales y como están las cosas ahora, es difícil que ello ocurra, aunque no imposible.
En Palacio Nacional están lo que le sigue de nerviosos ante el avance de Xóchitl Gálvez en las preferencias electorales y el estancamiento de Claudia Sheinbaum, por ello citaron el día de ayer a los 23 gobernadores del oficialismo para imponer cuotas de votos y de recursos monetarios para el día de la elección.
En el frente de la coalición opositora, conformado por el PAN, PRI y PRD, están preparados los equipos de abogados que defenderán el eventual triunfo, ante el INE y por supuesto ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de ahí que cobren una especial relevancia esas dos instituciones de la democracia para hacer respetar la voluntad de las mayorías.
El comportamiento de los últimos días de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, de intentar prohibir portar el color rosa a los cientos de miles de asistentes a la marcha convocada en todo el país por los colectivos de la sociedad civil activa que integran el movimiento denominado ‘marea rosa’, habla de la proclividad que tiene hacia el oficialismo.
Por fortuna, hay otros consejeros con una visión distinta a la de Taddei, además de que buena parte de la plantilla de funcionarios del INE a nivel nacional y estatal, están comprometidos en defender la autonomía e independencia de ese organismo y mantenerlo al margen de los intentos de imponer criterios y voluntades por encima de los resultados reales de la votación en los comicios más grandes de la historia en nuestro país.
Y qué decir del Tribunal Electoral en donde los cinco magistrados que integran la Sala Superior, están en el ombligo de mundo y por ende su actuación debe ser ajustada totalmente al orden constitucional, alejados de presiones del Poder Ejecutivo y del Legislativo y que, sin duda, se van a recrudecer si pierde la elección Claudia Sheinbaum.
La magistrada presidenta, Mónica Soto, estará en el ojo del huracán junto con sus compañeros magistrados y en ello recaerá la enorme responsabilidad de calificar la elección, porque no dude, estimado lector, que será hasta esa instancia en donde se resolverá la elección presidencial y si aun así no reconoce AMLO la derrota, entonces, ¿qué pasará?