Desde San Lázaro

Programas sociales: opacidad y corrupción

Los montos de las irregularidades sin duda dañan las finanzas públicas del país, ya que por el desvió de recursos los problemas a los que se supone atienden, no se han solucionado.

La mayoría de los programas sociales instrumentados por este gobierno carecen de objetivos claros, reglas de operación, mecanismos de participación social y evaluaciones independientes, además de que se otorgan bajo una lógica de política clientelar y no para resolver la pobreza y la marginación.

De acuerdo con Coneval, existen 17 programas sociales coordinados por siete dependencias federales de la 4T, los cuales durante 2023 recibieron recursos por 512 mil millones de pesos y de ese enorme caudal de recursos públicos, el 19 por ciento no han logrado identificar su población objetivo, lo que significa que alrededor de 66 mil millones de pesos se canalizan ‘a ciegas’, por lo que, en el mejor de los casos, son recursos tirados a la basura, y en el peor, es dinero público que se perdió en los vericuetos de la corrupción.

Los proyectos prioritarios para este gobierno son, entre otros, pensión para el bienestar de adultos mayores; personas con discapacidad permanente; sembrando vida; jóvenes construyendo el futuro; becas para estudiantes de educación básica y media superior, entre otros tantos, en donde se diluyen los recursos públicos.

El reporte de Coneval menciona, por ejemplo, que programas como Universidades para el Bienestar, diseñado para superar la exclusión en la educación superior; el Programa Nacional de Reconstrucción, para la rehabilitación de inmuebles de salud, educación, vivienda y bienes culturales afectados por los sismos de 2017 y 2018, y Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin la Seguridad Social Laboral, no especifican ningún grupo poblacional al cual buscan brindar atención.

Se diseñan los programas al gusto del principal huésped de Palacio Nacional con recursos etiquetados, pero no se definen las reglas de operación y todos los mecanismos de control interno de las dependencias que ejercen el gasto y por ello, de acuerdo a los informes de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación que dirige el oaxaqueño David Colmenares Páramo, las comprobaciones relativas al gasto en estos rubros, en buena parte de ellas, no existen o están conformados por información sesgada, insuficiente e incluso falsificada.

Tenemos los casos más emblemáticos de la corrupción de esta administración, en Segalmex y en todos los programas de política asistencial, así como curiosamente, en sus tres obras insignia: el AIFA, Dos Bocas y el Tren Maya, que de acuerdo con la ASF en su más reciente informe, se detectaron 785 millones de pesos como daño al erario.

De hecho, la ASF halló irregularidades por más de 32 mil 894 millones de pesos en la Cuenta Pública de 2022, de acuerdo con su último informe y en particular, en desarrollo social hay un posible desfalco de 2 mil 705 millones de pesos.

Esta administración ha operado con inmensa opacidad en donde la Ley de Transparencia y el propio INAI, se constituyen como estorbos engorrosos que es necesario desaparecer.

Los montos de las irregularidades representan una danza de cifras que, sin duda, dañan las finanzas públicas del país, ya que por el desvió de recursos —como, en el mejor de los casos, en la inutilidad—, los beneficiarios o los problemas a los que se supone atienden, no se han solucionado.

Lo cierto es que en donde no hay transparencia y rendición de cuentas, hay un caldo de cultivo para la corrupción.

Este es uno de los mayores retos que tendrá el nuevo gobierno, ya sea que esté encabezado por Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez, por lo que será necesario el rediseño de una nueva ingeniería en materia del gasto social que necesariamente tendrá que eliminar la mayoría de los programas del presidente López Obrador.

No es posible que, al carecer de reglas de operación claras en el otorgamiento y disposición de los recursos públicos, se sigan canalizando más de medio billón de pesos cada año a este pozo sin fondo y sujetos a niveles insospechados de corrupción.

Para nadie es un secreto que el presupuesto de los gastos sociales se mueve con criterios político electorales y merced a que buena parte de esos recursos se tienen que mover en efectivo porque la población beneficiada carece de los instrumentos bancarios para recibirlos, aun con la existencia del Banco del Bienestar, entonces, se explican las irregularidades de índole patrimonial que encontró la Auditoría Superior de la Federación.

El cash que se mueve el día de las elecciones, tiene su origen, en mucho de los casos, en estas partidas presupuestales.

La tan manoseada austeridad franciscana, supuesta bandera de la austeridad, que instrumentó este gobierno, no fue otra cosa que suprimir programas, dependencias y fondos de contingencia para canalizarlos a los programas que tienen mayor opacidad en su ejercicio.

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