La salida política que se dio en Nuevo León con la dimisión del gobernador interino impulsado por el PRIAN y que dio pie a que Samuel García retomara sus funciones como gobernador constitucional, seguramente fue el resultado de un acuerdo cupular entre los jerarcas nacionales de esos partidos con el gobierno federal y por supuesto con MC, ya que de estar a punto de una crisis de gobernabilidad en la entidad, se pasó a la normalidad democrática e institucional.
Este hecho vislumbra la posibilidad de que, más allá del discurso beligerante cotidiano del principal huésped de Palacio Nacional contra sus adversarios políticos, es posible llegar a acuerdos ante una nueva crisis política, ya no en una entidad, sino a nivel nacional, como pudieran ser los desencuentros que se darán seguramente con motivo de los resultados de los comicios del próximo año, en los cuales los perdedores acudirán a los tribunales electorales a resolver sus diferencias, aunque estos estén cooptados por el oficialismo, lo que podría dar pie a una auténtica crisis de gobernabilidad y crispación social.
Está claro que el gobierno de la 4T adolece de una secretaria de Gobernación que se dedique a mantener precisamente esa gobernabilidad que pende sobre alfileres, ya por los embates del crimen organizado, o por la creciente crispación que ocurre entre los partidos políticos y el gobierno de López Obrador.
En el reciente conflicto de Nuevo León, la titular de la Segob, Luisa María Alcalde, brilló por su ausencia como ha ocurrido en otros conflictos y ello, por supuesto no es por su voluntad o sus limitadas capacidades, sino porque desde la oficina de AMLO se resuelven este tipo de problemas.
Ningún secretario del gabinete tiene la posibilidad de intentar resolver algún conflicto que estalle en sus áreas de competencia, mientras que no se les ordene proceder en consecuencia.
El bajísimo perfil mediático que tienen los principales miembros de ese gabinete se debe precisamente a que tienen órdenes expresas de no atender las demandas de información que tienen los medios de comunicación o la misma ciudadanía, so pena de ser sancionados, incluso con el despido.
Si esta es la regla, entonces todos esos potenciales conflictos derivados de todo tipo de temas se atienden directamente por el presidente y si acaso delega entre el círculo de sus más cercanos colaboradores que no necesariamente son los secretarios de Estado.
Todo se centraliza en Palacio Nacional en prejuicio del correcto funcionamiento de un gobierno que tiene demasiadas asignaturas pendientes y que, por propios yerros, se acrecientan aún más.
Vemos, verbigracia, el tema de la crisis en el sector salud, en donde el desabasto de medicamentos y de vacunas está en todo su apogeo, merced a malas decisiones del presidente, quien con base en sus ocurrencias ha tratado de solventar el problema.
Esa centralización de mando complica la tarea de gobernar de un gobierno bisoño en donde la curva de aprendizaje ya se prolongó por más de cinco años.
Es más, a tan solo 300 días de que concluya la presente administración, se siguen planteando gracejadas en temas que requieren seriedad absoluta como es precisamente el abasto de medicamentos y que, para solucionarlo se ha planteado la conformación de una megafarmacia que concentre todo tipo de fármacos y antígenos, para con ello abastecer a los pacientes, sin embargo, esta solución causa hilaridad e incredulidad entre los expertos del sector, toda vez que no solo se trata de tener inventarios adecuados y vigentes, sino de contar con toda la logística en el sistema de adquisiciones y la distribución a todo el territorio nacional.
Los derechohabientes y la población en general no quieren un sistema de salud público como lo tienen en Dinamarca, sino, aunque sea, como estaba antes de este sexenio.
El ejemplo del desabasto de medicamentos es un fiel reflejo de lo que ocurre en todo el gabinete, ya que nadie puede tomar decisiones, sin consultar al presidente y menos irse por la libre cuando la urgencia requiere soluciones prontas.
Es imposible que un solo hombre cargue sobre sus hombros con tantos problemas y tenga a la vez las soluciones pertinentes sin consultar a nadie, y menos dejar operar a los encargados de los despachos que fueron creados para ello.
En los poco menos de 10 meses que restan para que se termine el sexenio, la centralización del poder, de decisión y de actuación ante los problemas más acuciantes, es un gran cuello de botella, un embudo que impide que el gran entramado institucional que tenía México se haya desvanecido en los últimos cinco años.