Desde San Lázaro

La extorsión debe ser un delito grave

Con López Obrador el problema de la inseguridad resultó peor, merced a su estrategia fallida de ‘abrazos, no balazos’, y no hay visos de solución.

Las encuestas serias han reiterado que desde hace más de 20 años, la inseguridad pública es el mayor reclamo de la ciudadanía, por encima de las crisis económicas que hemos atravesado.

Ninguno de los últimos cuatro presidentes, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador, ha podido con el paquete; al contrario, el problema ha crecido exponencialmente hasta niveles inéditos.

Cuando se esperaba que con AMLO las cosas iban a cambiar, resultó peor el asunto, merced a su estrategia fallida de “abrazos, no balazos”, y a menos de dos años de que termine su gestión, no hay visos de solución; al contrario, la inercia indica que será peor que sus antecesores.

En este contexto, acude la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, a la Cámara de Diputados para comparecer ante la Comisión de Seguridad Ciudadana, en el marco de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno.

Durante su reunión con los diputados federales, permeó la impotencia que tienen todos los servidores públicos que integran el gabinete de seguridad, empezando por los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y del almirante José Rafael Ojeda, titular de la Secretaría de Marina, al tratar de combatir al monstruo de las mil cabezas que a diario extiende sus tentáculos de poder, destrucción y muerte, por todo el territorio nacional. Con una fuerza del Estado muy mermada por la falta de presupuesto y de estrategias sólidas que permitan combatir a los criminales con todo el rigor de la ley.

La titular de la SSPC atinó a solicitarle a los legisladores, catalogar el delito de extorsión como grave, en virtud de que en estos momentos no está considerado así, y los delincuentes salen de inmediato de prisión, porque es un delito que amerita derecho a fianza.

Hay que recordar que de 6.7 mil extorsiones en 2018, pasó a 8.8 mil extorsiones en 2021. Y en mayo de 2022 ya sobrepasó las mil extorsiones en solamente un mes.

México se ubica en cuarto lugar a nivel mundial en el rubro de extorsiones.

Un reclamo que merece la atención de los diputados y senadores de todos los partidos políticos, ya que más allá de distingos partidistas, debe prevalecer la altura de miras para coadyuvar en la solución de la criminalidad y violencia por la que transita nuestro país.

Agregó la funcionaria que espera que esa eventual modificación legal, no caiga en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): “yo creo que los ministros estarían de acuerdo en la gravedad del delito de extorsión, porque aqueja a los mexicanos y cada vez más está causando miedo entre la población”.

El asunto no tendría que llegar al máximo tribunal, porque es un reclamo social en el que se deberían sumar la mayoría de los legisladores.

Cierto, en la Suprema Corte hay un tema que espera la atención inmediata de los ministros y es la determinación sobre la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y seguramente será uno de los primeros temas que subirá al pleno el nuevo presidente de la SCJN.

Ante la realidad de que los cuerpos policíacos de las entidades federativas dejan mucho qué desear y salvo dos o tres estados, los demás no tienen policías capacitados y bien remunerados para combatir a la delincuencia; por ello, es menester que las Fuerzas Armadas mantengan su presencia en las calles, empero, debe ser por un periodo acotado para darle paso también a la Guardia Nacional.

Es decir, la Guardia Nacional debe ser independiente del Ejército y no como un apéndice de la Sedena y debe ser dirigida por un civil. Más allá de consideraciones estratégicas, la secretaria de Seguridad esbozó algunas acciones que está haciendo la dependencia a su cargo para combatir la inseguridad. Sin embargo, es mucha la voluntad, pero pocos los recursos y sobre todo, esto lo digo yo, la visión general del presidente está errada.

“La atención de la inseguridad en el país es una responsabilidad compartida del gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales; estamos trabajando con el 99 por ciento de ellos, hay algunos que tenemos que estar jalándolos para estar en la misma directriz de atender la seguridad para los mexicanos, con el objetivo de pacificar al país”, advirtió.

En torno a la protección de los candidatos en las elecciones de 2023 y 2024, Rosa Icela Rodríguez Velázquez subrayó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana brindará protección a todos aquellos aspirantes que así lo soliciten.

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