No solo la seguridad y operatividad del país están degradadas, sino prácticamente toda la actividad económica, además de que, con la violencia desbordada en amplias regiones del territorio nacional, en donde la ley de los criminales es la que impera, pues el deterioro de la gobernabilidad es evidente, sobre todo porque el narcoterrorismo es una realidad.
Mientras que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ha convertido a esa dependencia en un apéndice de Morena, las tareas que debe emprender esa secretaría han quedado en un vacío institucional muy peligroso, en virtud de que su titular se la pasa despotricando contra gobernadores y partidos de oposición para defender al partido en el poder, sin considerar que esas agresiones dañan más al gobierno del presidente López Obrador que a sus adversarios políticos.
La Segob también está degradada.
Ahora son una caricatura de lo que era el gobierno federal, debido al bajísimo perfil profesional y académico de la mayoría de los funcionarios que integran el autollamado gobierno de la Cuarta Transformación (4T).
Cuando el mismo presidente prioriza la lealtad sobre la capacidad, aunque esta no exista, pues en menudo lío están todas las dependencias federales importantes.
Analice, estimado lector, el curriculum vitae de los secretarios de Estado y sus principales colaboradores, así como las áreas de esas dependencias que fueron cercenadas en aras de cumplir con una supuesta austeridad franciscana, que en el fondo, no es otra cosa más que tomar todas las partidas presupuestales a su alcance para fondear los programas de política asistencial-electoral y las obras faraónicas, como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.
Entre la avanzada edad, la desactualización de conocimientos y la visión retrógrada que tienen sobre el manejo de la economía, la seguridad pública, la salud y el manejo de la pandemia por Covid-19, tan solo por citar algunos temas, se explican las razones del porqué de la degradación, incluso del servicio público.
Al inicio del sexenio, por instrucciones presidenciales corrieron a muchos servidores públicos de nivel medio para arriba, quienes contaban con una vasta experiencia en los asuntos que tenían bajo su responsabilidad, además de eliminar áreas sustantivas de las secretarías de Estado, verbigracia, en la Secretaría de Economía se eliminó la Subsecretaría de Minas y se recortó personal de campo; el resultado, la nula supervisión que existe en las minas carboníferas ubicadas en el norte del país.
Con el relevo de Tatiana Clouthier de esa instancia gubernamental, barrieron con el personal que tiene el expertise para –por ejemplo– atender las negociaciones ante Estados Unidos y Canadá por la inminente instalación de un panel de controversia que se dará sobre el tema energético, en el contexto del T-MEC.
Ahora que está en la agenda legislativa la discusión sobre el Paquete Económico para el próximo año, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio González, presentó los documentos que dan forma al programa económico 2023, y afirmó que la disciplina fiscal continuará sin incrementar ni crear nuevos impuestos, y tampoco aumentará la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), cuyas operaciones y estrategias de financiamiento han permitido ahorrar mil millones de dólares en el servicio de la deuda y garantizar su sostenibilidad.
Lo que no menciona el funcionario de la 4T, es que las presiones sobre los ingresos son muy severas en virtud de que el servicio de la deuda, las pensiones, los programas sociales, el subsidio a las gasolinas y las obras insignia de AMLO arrasan con todo, por lo que la cobija para cubrir las necesidades más acuciantes que aquejan a la mayoría de los mexicanos, como la inflación, no alcanza para cubrir a todos.
Se propone un precio de 68.7 dólares por barril de petróleo, sin embargo, aun con las coberturas petroleras, no estará en esos niveles la mezcla mexicana para el próximo año. Se ubicará muy por debajo de esa cantidad.
La iniciativa de Ley de Ingresos 2023 estima que los ingresos presupuestarios del sector público sean de 7.1 billones de pesos, un incremento 10 por ciento anual en términos reales, y que la recaudación tributaria alcance los 4.6 billones de pesos, 11.6 por ciento más que en 2022.
El subsecretario Gabriel Yorio González advirtió que “nos preparamos para que el próximo gobierno reciba un país con finanzas pública sanas, una deuda estable y fondos de estabilización con recursos para enfrentar choques presupuestales”.
Ese optimismo desbordante contrasta con lo que requerirán tan solo para el servicio de la deuda y las pensiones, que han sido incrementadas de forma irresponsable por el presidente y que, sin duda, comprometen la operación financiera del próximo gobierno.
Ante el peor sexenio, se avecina otro similar porque sus márgenes de gobernabilidad y de operatividad económica y financiera están muy acotados y se trasladarán para el 2024-30.