Desde San Lázaro

Regresión inconstitucional, la cancelación de Escuelas de Tiempo Completo (1)

Se violan los derechos humanos a la educación y a la alimentación de 3.6 millones de niños y adolescentes al cancelar el programa de Escuelas de Tiempo Completo.

La secretaria de Educación, Delfina Gómez, tomó la decisión de cerrar las escuelas de tiempo completo, medida que representa cortar de tajo con las pocas expectativas de desarrollo que tienen cientos de miles de estudiantes por su precariedad económica, además de violentar los derechos humanos por la educación y la alimentación.

En tiempos en que la deserción escolar está en su punto más alto (5.2 millones de estudiantes) por causa principalmente de la pandemia, el retorno a las aulas representa un reto titánico, sin embargo, en lugar de abonar a que ello se revierta, se suman más adversidades que dificultan aún más su reinserción al sistema educativo.

Violar los derechos humanos a la educación y a la alimentación de 3.6 millones de niños y adolescentes al cancelar el programa de Escuelas de Tiempo Completo, mismo que presentaba resultados alentadores durante los 15 años que operó, no solo conlleva responsabilidades éticas, sino legales que debe resolver la Suprema Corte de Justicia de la federación.

La regresión es gravísima e inconstitucional, tal como lo ha denunciado la organización denominada Mexicanos Primero, quienes han insistido que este programa ha revertido la desnutrición y la malnutrición de los estudiantes que están matriculados en este sistema.

El impacto no solo es a los educandos, sino también le pega al magisterio, ya que los maestros y directivos adscritos a este programa recibían algunas compensaciones económicas que significaban un alivio para sus atribuladas economías, ahora con esta medida se les dio la espalda.

Algunos gobiernos estatales, sensibles al daño que provocará en la comunidad estudiantil la medida, han decidido continuar con recursos propios el programa de Escuelas de Tiempo Completo.

La SEP de la 4T tiene las capacidades para enmendar el error, ya que no se trata de un conflicto político, sino del derecho a la educación y a la alimentación de 3.6 millones de estudiantes.

La decisión de cancelar el programa no se sustentó en algún estudio, consulta o proceso de revisión o evaluación. No, se tomó en aras de apoyar la infraestructura educativa sin considerar los daños directos y colaterales al estudiantado y a sus familias, muchas de ellas madres solteras que aprovechaban el tiempo que pasaban sus hijos en la escuela para ganarse el sustento familiar.

Qué pasará con esos niños ahora, sobre todo que muchos de ellos solo comían una sola vez al día en los comedores de las escuelas con horarios de tiempo completo.

Esos estudiantes recibían por las tardes el apoyo para hacer las tareas y en la recuperación de aprendizajes académicos.

Con la desaparición del Programa Escuelas de Tiempo Completo se propina un golpe más a los derechos de la infancia.

El Programa Escuelas de Tiempo Completo nació en 2007 como una estrategia para mejorar las condiciones del aprendizaje de las escuelas de educación pública en el nivel básico, que fueran escuelas de educación indígena o multigrado, que ofrecieran educación primaria o telesecundaria; con población en situación de vulnerabilidad o en contexto de riesgo social y que presentaran bajos niveles de logro educativo o altos índices de deserción escolar.

En diez años de operación, el programa rindió frutos que fueron patentes en las pruebas ENLACE y Planea y fue corroborado por las auditorías de desempeño realizadas por la Auditoría Superior de la Federación.

“Ello, a pesar de que ya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, el programa no contaba con recursos, a lo que el entonces secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, indicó que se le destinarían 5 mil millones de pesos, que provendrían del programa La Escuela Es Nuestra (LEEN), de frente a las protestas de docentes y directivos, que dejarían de recibir los apoyos económicos derivados de estas actividades”, advierte la exdiputada federal perredista, Verónica Juárez.

Este programa, al igual que el de estancias infantiles, proveía un espacio seguro para desarrollar las habilidades cognitivas de las y los niños, junto con una alimentación balanceada y una sana convivencia con sus maestras y maestros y compañeras y compañeros. (Continuará).

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