Hay países altamente centralizados (como Francia, Israel o Chile) y hay otros que se han organizado en federaciones (como Suiza, Canadá o Estados Unidos). Sobra decir que nosotros formalmente somos de los segundos y que a nuestros vecinos del norte les quisimos copiar hasta el nombre (Estados Unidos Mexicanos). Suponemos que su modelo es más apropiado porque acerca las decisiones a la gente; permite que cada región tenga sus prioridades, optimice la asignación de recursos y busque las mejores alternativas para desarrollarse. Se señala también que es la mejor fórmula para cerrar las brechas entre regiones y en última instancia da oportunidad a los pobladores de votar con los pies e irse a jurisdicciones donde los traten mejor.
Es una visión romántica que poco tiene que ver con la realidad. Para empezar, en la Convención de Filadelfia la mayoría no quería que hubiera estados autónomos; pensaban que fácilmente serían dominados por facciones que restringirían los derechos ciudadanos. Los federalistas como Madison proponían que sus leyes pudieran ser vetadas por el poder central y que no se les permitiera regular el comercio o establecer tributos. Si aceptaron el régimen actual fue porque era la única forma de que la Constitución fuera ratificada por los esclavistas del Sur, que desde entonces hicieron del reparto de fondos federales el precio por permanecer.
Lo que tenemos hoy es una gran complicación porque cada entidad tiene leyes e instituciones diferentes. Por ejemplo, el sistema legal de Lousiana está fundado en el Código Napoleónico y no en la common law. En algunas hay pena de muerte y es ilegal el consumo de la mariguana o el matrimonio entre personas del mismo sexo y en otras no.
Lo mismo sucede con sus esquemas fiscales. En promedio las instancias subnacionales dependen poco de las transferencias: 17% del presupuesto federal financia 25% del desembolso de Estados y localidades. Sin embargo hay casos como Louisiana y Mississippi que se refaccionan hasta en un 42% por esa vía. Las ayudas se dirigen sobre todo a los servicios de salud para la población de bajos ingresos (Medicaid), que se cubren en un 64% de esa forma. Nuevamente, con grandes variaciones: en Ohio alcanzan hasta el 92%. Lo mismo pasa con las aportaciones para construcción y mantenimiento de carreteras: en Rhode Island llegan hasta el 83%. En cambio lo que se entrega para educación es marginal (13% en promedio) y bastante parejo.
El arreglo parece justo porque los lugares con hogares más acomodados (como Connecticut, Massachusetts, New Jersey y New York) aportan más de lo que reciben y además sus propias contribuciones son más altas. Pero esto es engañoso porque son deducibles de las federales hasta un tope.
Cada entidad tiene fuentes de ingresos y pautas de distribución del gasto distintas. En general, las administraciones estatales subvencionan limitadamente a las locales (aunque en Vermont se alcanza el 64%) y el impuesto predial no es su principal entrada de recursos.
Batalla fiscal
A los americanos les entusiasma más la política de Washington. Apenas se interesan por lo que sucede en las mansiones de los gobernadores y en los Capitolios y votan poco en las elecciones respectivas. Muchos no se dan cuenta de que la lucha por la Casa Blanca se despliega también en esos escenarios.
Los demócratas son centralistas y los republicanos tratan de devolver autoridad a los estados. Unos y otros utilizan la política hacendaria para avanzar en sus posiciones. No sin intención, la reforma fiscal del año pasado benefició a las circunscripciones que votaron por Donald Trump. Por eso el gobernador de Nueva York, Andrew Como, la calificó de "guerra civil económica". Como han hecho sus antecesores, el presidente dirige los contratos federales a donde más le reditúa electoralmente y apoya selectivamente el rescate de los fondos de pensión de los empleados públicos.
Esta semana Trump presentó su proyecto de presupuesto para 2020. Incumpliendo su promesa de campaña, está proponiendo fuertes reducciones en proyectos de infraestructura y recortes considerables en el gasto social, sobre todo en el Medicaid y en los subsidios alimenticios (food stamps). Ya se lo esperaban los 16 gobernadores demócratas y por ello se juntaron para presentar una demanda contra la declaración de emergencia en la frontera sur. Es parte del jaloneo anual por el dinero del Tesoro y del posicionamiento con vista a los próximos comicios.