Repensar

Crisis federal

El tema migratorio ha enfrentado de nuevo a las autoridades locales y estatales con Washington.

En Estados Unidos hubo desconfianza de un gobierno central fuerte desde el principio. Los estados del sur, con una estructura agrícola, no querían que los estados del norte, con una economía mercantil, les impusieran leyes restrictivas, impuestos abusivos o guerras indeseadas.

Exigieron por ello que en la Constitución se incluyeran las garantías individuales (Bill of rights), se enumeraran los poderes federales (artículo primero) y se dejara explícito que los poderes no delegados quedaran reservados a los estados (Décima Enmienda). Se permitió también que los estados mantuvieran pequeños ejércitos, llamados Guardia Nacional.

De no ser por el talento jurídico y negociador de Alexander Hamilton y James Madison, nunca se hubieran podido poner de acuerdo.

La Guerra Civil fue, en buena medida, una lucha entre federalistas y antifederalistas y la ganaron los partidarios de un gobierno central vigoroso. Aunque el Ejecutivo y el Congreso federales se fortalecieron, son mucho más débiles que sus equivalentes en el resto del mundo.

De entonces para acá ha habido una lucha incesante en las legislaturas y en los tribunales. Cada año se promulgan o anulan leyes y se expiden o reinterpretan sentencias judiciales.

El enfrentamiento más fuerte se dio en 1957, cuando el estado de Arkansas se opuso a la integración racial en las escuelas. El presidente Dwight D. Eisenhower puso a la Guardia Nacional de ese estado bajo el control del Ejército federal y obligó al gobernador a inscribir a nueve estudiantes negros.

Desde los setenta, los presidentes republicanos (Nixon, Ford, Reagan, los Bush) han enarbolado la devolución de poderes a los estados y, por ello, éstos aceptan el dinero de los programas federales, pero son libres de aplicarlos como quieran.

Además, en 1992, la Corte Suprema prohibió que se obligue a los estados a pasar o no cierta legislación o a hacer cumplir las leyes federales. Por eso, hay estados que no cooperan con las autoridades migratorias para detener a extranjeros ilegales o no verifican los antecedentes de los compradores de armas o permiten el uso medicinal del cannabis.

La fórmula que han encontrado para hacer viables las leyes federales es el llamado “federalismo cooperativo”. Por ejemplo, la velocidad máxima de 55 millas por hora, el límite de 21 años para la expedición de licencias de manejo y la prohibición de conducir si se tienen más de 0.08 ml de alcohol en sangre, se hacen cumplir porque los fondos federales para construcción y mantenimiento de carreteras lo ponen como condición.

¿Otra Guerra Civil?

El tema migratorio ha enfrentado de nuevo a las autoridades locales y estatales con Washington.

Ante el incremento en la entrada de inmigrantes ilegales en su estado, el gobernador de Texas ha adoptado un enfoque militarista. A pesar de que la materia migratoria es federal, consiguió que su legislatura pasara leyes para impedir que los indocumentados trabajen, reciban beneficios sociales o consigan una licencia de conducir, además de castigarlos con un año de cárcel y deportarlos.

Mandó poner boyas y alambre de púas a la mitad del río Grande (en Eagle Pass) y no deja que la Patrulla Fronteriza (que tiene jurisdicción dentro de las 25 millas adyacentes a la frontera) las remueva, a pesar de que la Corte Suprema lo ordenó.

Los gobernadores republicanos, enarbolando la soberanía territorial de los estados, apoyan a Greg Abbott en su desafío al gobierno central. Catorce de ellos incluso le han enviado personal y recursos. En el Capitolio, los republicanos están iniciando un juicio político en contra de Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional.

Gran parte de la opinión pública tejana ve sólida la posición de Abbott (que se ha reelegido dos veces): el presidente Biden, por su negligencia para hacer cumplir las leyes federales, ha dejado entrar a millones de ilegales y por ello es legítimo que Texas despliegue a su Guardia Nacional.

Los alcaldes demócratas de grandes ciudades también se están enfrentando a la Casa Blanca. La ley federal prohíbe dar permisos de trabajo a los solicitantes de asilo hasta después de seis meses de que firman su solicitud y ésta es admitida. Mientras tanto, las ciudades que se han declarado santuario se ven forzadas a proporcionarles vivienda y sustento, a un costo altísimo y con la oposición de los locales.

Eric Adams y Brandon Johnson, alcaldes de Nueva York y Chicago, amenazan con usurpar la autoridad federal y darle permisos de trabajo a los miles de indocumentados que han llegado a sus urbes.

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