El pasado lunes, durante el encuentro internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas organizado por la Cámara de Diputados, la Relatora Especial de la ONU sobre violencia contra las mujeres señaló que nuestro país tiene niveles epidémicos y alarmantes de estas prácticas.
De manera destacada, mencionó la gestación subrogada como una forma de violencia y coerción económica contra la capacidad reproductiva de las mujeres.
Como consecuencia, organizaciones civiles han solicitado a Sheinbaum y al Congreso prohibir en México el “alquiler de vientres”.
Sin duda, la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres en México es insostenible. No obstante, incluir la gestación subrogada y solicitar su prohibición como un tema relacionado me resulta muy desafortunado.
Hace casi 5 años, mis mejores amigos, unidos en matrimonio igualitario, buscaron ser papás biológicos a través de una gestación subrogada.
La inseguridad jurídica y financiera ante la falta de claridad en la regulación; la inversión de energía descomunal en consultas jurídicas y médicas; y la presión y exclusión social que desafortunadamente aún existe para los miembros de la población LGBTIQ+, fueron todo un reto.
Sortearon todo abrazando la voluntad de formar una familia hasta que vino el siguiente obstáculo: diversos intentos fallidos en la implantación de óvulos. Fue entonces, al ser testigo de la complejidad del contexto y del amor con que deseaban convertirse en padres, que ofrecí gestar para ellos.
Informes internacionales documentan que la subrogación —de 14 mil millones de dólares en 2022 y con proyección de más de 129 mil millones para 2032 (Global Market Insights, 2023)— se sostiene en circuitos transnacionales en donde personas con alto poder adquisitivo pueden pagar agencias que, desafortunadamente, recurren a mujeres en situaciones de precariedad económica.
Por ello, la subrogación se ha vinculado a desigualdades de clase, género y nacionalidad.
En nuestro país, antes de su regulación en Tabasco en 2016, el 90% de las subrogaciones se contrataban entre personas extranjeras y gestantes mexicanas de contextos socioeconómicos vulnerables (GIRE, 2017).
El dato muestra que, en efecto, los derechos reproductivos han sido atravesados por condiciones materiales. Y no es un tema de los padres que buscan la gestación, sino principalmente de las agencias intermedias.
Desde esta realidad están los feminismos abolicionistas que afirman que el cuerpo de las mujeres deja de pertenecerles cuando la fertilidad se vuelve un recurso material; mientras los feminismos liberales sostienen que la agencia de las mujeres abarca tanto decidir interrumpir o no un embarazo, como gestar para otras personas si lo hacen bajo condiciones laborales y jurídicas adecuadas.
En mi caso era imposible negar el privilegio. No había necesidad económica; la motivación era exclusivamente afectiva.
Precisamente por eso, esta experiencia la uso para defender la adecuada regulación, no desde la ideología, sino desde la protección de los derechos humanos, puesto que, además, prohibir la gestación subrogada abre la puerta a la clandestinidad y ello pone en riesgo a todas las personas involucradas.
Por su parte, la Suprema Corte perfila una posición intermedia: es inconstitucional limitar la gestación subrogada sólo a ciertos modelos de familia y ha reconocido que la voluntad procreacional puede determinar la filiación, pero sin convertirla en un derecho absoluto ni ignorar los riesgos de explotación.
Si México protege la libertad de los derechos reproductivos de las mujeres y los derechos humanos de la población LGBTIQ+, dentro de los cuales está la posibilidad de construir una familia, no podemos dar pasos hacia atrás en cuanto a la gestación subrogada.
Así, debe imperar un punto de encuentro en este debate: la gestación subrogada debe regularse con garantías reforzadas; prohibirla permite mayor vulnerabilidad y la merma de diversos derechos.