Después de varios meses buscando consensos, Sheinbaum presentó a inicios de diciembre el Proyecto de Reforma para la Implementación de la Semana Laboral de 40 horas.
Y si bien la propuesta ha sido recibida con claroscuros en ciertos sectores empresariales, la realidad es que México es un país donde se trabaja mucho por semana, con espacios de descanso limitados.
La reforma plantea una reducción gradual de la jornada laboral a partir de 2027 —dos horas menos por año— hasta alcanzar las 40 horas en 2030, sin afectar salarios ni prestaciones.
Esta estrategia busca reducir el impacto de golpe en las empresas, mientras va beneficiando poco a poco a las y los empleados. Esto es, da margen de un año para preparar el terreno con las obligaciones adicionales que prevé para los empleadores y, a partir del 2027, las y los empleados empezarán a gozar los cambios.
Eliminar 8 horas de trabajo a la semana no implica tener dos días de descanso obligatorio, pues esto afectaría a muchos giros empresariales y aumentaría significativamente el costo de horas extras con cargo a las industrias que no paran en días u horas inhábiles.
Sin embargo, la reforma va más allá de ajustar el reloj: incluye medidas que podrían transformar la vida laboral en México: se delimita con mayor claridad la jornada extraordinaria —entre 9 y 12 horas semanales solo de manera voluntaria—, se establece por primera vez la prohibición de horas extras para menores de edad y se fija un límite inamovible de 12 horas laborales por día.
A este rediseño de la jornada se suma un anuncio: el incremento del salario mínimo en 2026, que lo llevará a 9,582.47 pesos, con miras a que en 2030 cada persona trabajadora pueda aspirar a un ingreso equivalente a 2.5 veces el valor de una canasta básica.
Algunas nuevas obligaciones que contempla la reforma para los empleadores son: implementar un registro electrónico de jornadas, actualizar los tabuladores salariales y ajustar su estructura retributiva a los nuevos mínimos legales.
Para muchas empresas —sobre todo las pequeñas— será un reto; para otras, una llamada de atención que llega tarde. Y para todas, un parteaguas en la profesionalización de las relaciones laborales.
La Organización Internacional del Trabajo lo ha dicho durante años: reducir la jornada laboral implica menos fatiga, menos accidentes, mejor salud y una vida más equilibrada.
Según estimaciones oficiales, 13.4 millones de personas trabajadoras serán beneficiadas, sobre todo en sectores donde la sobrecarga es la norma: manufactura, comercio, transporte, hospedaje y alimentos.
En el contexto internacional, México llega —tal vez tarde— a una tendencia clara: la mayoría de los países desarrollados operan con jornadas de 40 horas o menos.
En Europa es la regla; Francia trabaja 35 horas desde el año 2000 y naciones como Alemania, Dinamarca o Países Bajos han avanzado incluso hacia esquemas más flexibles y con menos horas efectivas. En América Latina, Chile ya aprobó la transición a las 40 horas y Ecuador discute una reforma similar.
En contraste, otros países que históricamente han mantenido jornadas extensas —como Corea del Sur antes de sus recientes ajustes, o Turquía y varias economías asiáticas— muestran que trabajar más no siempre implica producir más.
Así, México sigue figurando entre las jornadas más largas de la OCDE, y, curiosamente, con una de las productividades más bajas.
En ello está el punto de encuentro de la reforma. El gran reto es disminuir la jornada, al tiempo que aumentamos la productividad. La economía mexicana necesita un impulso; las y los trabajadores también anhelan descanso y seguridad.
Si se implementa con seriedad y acompañamiento, la reforma no solo modernizará las relaciones laborales, sino que también abrirá la puerta a un mercado de trabajo más justo y competitivo para todas y todos. Demandaremos resultados.