A inicios de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum fue víctima de acoso sexual en plena vía pública. El hecho desató indignación dentro y fuera del país y dejó al descubierto una verdad que México prefiere no mirar de frente.
Si esto puede ocurrirle a una presidenta —la mujer con mayor visibilidad—, ¿qué no enfrentarán diariamente millones de mujeres y niñas sin escoltas, cámaras ni atención mediática?
El contexto es aún más alarmante si consideramos que la violencia sexual se ha triplicado en la última década. Entre 2014 y 2024, el porcentaje de mujeres que reportaron haber sufrido un delito sexual pasó del 0.9% al 2.5% (Data Cívica, 2025). Las cifras hablan por sí solas.
Este episodio, lejos de ser aislado, confirma que ni el cargo, ni el poder, ni la notoriedad ofrecen un escudo absoluto: la violencia sexual no distingue rangos, clases ni posiciones de autoridad. Es un problema estructural que sigue marcando la vida de todas las mujeres y las niñas en México.
En respuesta a esta violencia, se han puesto en marcha diversas acciones. Entre ellas, el recién presentado Plan Integral contra el Abuso Sexual. Su objetivo es que este delito se persiga de oficio, homologar su tipificación en todo el país y modificar el Código Penal Federal para establecer sanciones de 3 a 7 años de prisión.
Paralelamente, se están fortaleciendo los protocolos de actuación ante casos de abuso sexual en el transporte público. Estos avances son relevantes, pues la impunidad envía a la sociedad el mensaje de que esta forma de violencia es tolerada.
Sin embargo, los distintos feminismos han señalado que la respuesta para combatir la violencia de género no puede centrarse únicamente en el punitivismo. La apuesta debe ser un enfoque integral que aborde las causas de la violencia y los factores estructurales que la sostienen.
Por ello, además de la reforma al tipo penal de abuso sexual, en el marco del 25N se anunciaron 10 acciones para erradicar las violencias contra las mujeres y las niñas, entre las que destacan la creación de senderos seguros para mujeres, la capacitación en perspectiva de género para las personas servidoras públicas y la actualización y fortalecimiento de los protocolos de atención e investigación de las violencias, con el fin de agilizar la procuración de justicia y garantizar el acceso efectivo a ella para todas las mujeres.
Ahora bien, para que estas medidas tengan un impacto real y respondan a las necesidades de quienes enfrentan estas violencias, es indispensable mirar hacia las calles y atender las voces que las han impulsado.
Este tipo de acciones institucionales son necesarias y bienvenidas. Por ello la importancia de la marcha del 25N, porque es en las movilizaciones feministas donde históricamente han nacido los reclamos que después se traducen en políticas públicas y en cambios legislativos.
Por eso, vale la pena reflexionar sobre las descalificaciones que suelen hacerse a estas protestas por “vandalismo” o “destrozos”. Pues si bien este año la marcha del 25N se desarrolló de manera pacífica, enfocarse únicamente en ello desvía la mirada de las razones profundas por las que mujeres y niñas salen a las calles. Ejercer un derecho y una forma legítima de resistencia frente a un Estado y una sociedad que no siempre garantizan sus derechos ni su seguridad.
La agresión contra la presidenta evidenció no solo la magnitud del problema, sino la urgencia de impulsar políticas que transformen las condiciones que permiten que estas violencias persistan.
Ello exige prevención, educación con perspectiva de género, mecanismos de reparación accesibles y, sobre todo, una escucha constante a los movimientos feministas. Ninguna mujer está exenta: la violencia sexual es estructural y su erradicación requiere un compromiso sostenido del Estado y de la sociedad.
Solo así podremos construir un país donde la seguridad sexual no dependa del género y sea un verdadero punto de encuentro.