El pasado sábado fuimos testigos de una operación fallida. Todos los frentes tuvieron bajas: los organizadores y financiadores; el gobierno federal y el capitalino; la misma generación Z; la propia ciudadanía.
Mucho se ha dicho, e incluso se ha acreditado, que la “marcha Gen Z” se impulsó y financió en realidad por figuras de derecha y otros actores cuyos intereses pretendían verse beneficiados por el abanderamiento de una movilización de tipo estudiantil.
Acertadamente, hubo apropiación simbólica, instrumentalización generacional y el intento de disfrazar una estrategia de comunicación como una expresión espontánea de las y los jóvenes.
Sin embargo, esta generación hiperconectada, crítica, profundamente desconfiada de los partidos, cuenta con agenda propia —crisis climática, los derechos digitales, la salud mental, la libertad de Palestina— que se manifiesta de formas atípicas y sin responder a liderazgos tradicionales ni mucho menos a la derecha empresarial.
Por eso resulta especialmente grave el interés de adueñarse de su estética y de sus narrativas para avanzar agendas ajenas. Esta maniobra de la derecha conservadora, movilizada con millones de bots adquiridos en el extranjero, fue tan burda que el telón cayó por su propio peso. Se ridiculizaron solos y con ello siguen perdiendo adeptos.
Toda democracia necesita una oposición fuerte, no circos y maromas con las que se pongan el pie solos.
La marcha también afectó la legitimidad de la generación Z. Nuestros jóvenes tienen ahora el peso de saberse objeto de deseo de apropiación política y estarán obligados a mantener su autonomía y su rebeldía genuina para continuar con su fuerza legítima. Deben seguirse manifestando, cuidar su agenda y blindarse de infiltrados.
A dicha orquesta simulada, se sumó genuinamente el descontento ciudadano en materia de seguridad. En efecto, se trata de un reclamo legítimo que no inició ayer, tampoco en el sexenio anterior. Es letra viva y una realidad sin tregua para gran parte de nuestra población.
El problema de seguridad no es una bandera de oposición, es una demanda y deuda real para millones de mexicanos y no se le puede desacreditar por marchar al lado de peticiones disfrazadas.
Por ello me parece que también perdió el gobierno. Descalificar una protesta es un acto infructuoso; invalidarla con desdén erosiona la legitimidad democrática.
Porque pueden coexistir dos realidades: operación política aderezada de reclamos auténticos relacionados con la inseguridad, el miedo y la vulnerabilidad.
La izquierda, que durante décadas luchó por el derecho a la protesta, no puede ahora deslegitimarlo desde el poder.
El gobierno debe aprender la lección después del asesinato de Carlos Manzo. Acusar que las protestas contra la inseguridad son “campañas pagadas” o narrativas impulsadas por la derecha no resuena con la ciudadanía y en realidad profundiza y aviva el malestar.
Invalidar el miedo de las y los mexicanos y seguir descalificando todo como complot opositor fractura la legitimidad moral del gobierno.
Por último, la violencia registrada durante la marcha, aparentemente proveniente de entes ajenos a las y los manifestantes, levanta la preocupación de varios.
Estos espacios pueden estar siendo tomados por el crimen y grupos organizados que quieren vulnerar a la ciudadanía y a las instituciones para sembrar caos y miedo y con ello acrecentar el verdadero problema. Con esto, perdemos todos.
Escuchar y reconocer las angustias legítimas y diferenciarlas de la manipulación política es una ecuación sumamente compleja y se debe estar a la altura de ello.
La protesta puede ser orquestada, pero la inseguridad y el miedo son reales y, tristemente, hoy son un punto de encuentro que no va a desaprovechar la oposición.
El reto será saber contener el sentir ciudadano y responder con los logros y los resultados —que bien se están teniendo en materia de seguridad— y no con desacreditaciones anticipadas.