El huachicoleo del agua es otra forma de nombrar al despojo y saqueo sistemático de un recurso al que se le ha dado valor comercial y cuyo acceso constituye uno de los principales derechos humanos. Este abuso lleva décadas desgarrando al país y profundizando desigualdades, lo que sin duda se inserta en el epicentro de los verdaderos problemas y violencias de un futuro inmediato.
De ahí que la presidenta se posicionara públicamente contra las concesiones irregulares como el origen y motor de esta problemática, cuyo arranque se ubica en el sexenio de Salinas de Gortari al haber dado inicio al ciclo de privatización de servicios públicos. Sin embargo, es momento de reconocer que un problema de esta magnitud no se puede limitar solamente a una época.
La realidad es que el huachicol actual de agua es reflejo de una nula política y planeación hídrica en este país. El agua no era tema de importancia hasta que lo fue por necesidad. Simple y sencillamente, el sistema de registro de concesiones era uno completamente fallido. Esto es, en administraciones anteriores, la autoridad del agua en México ni siquiera contaba con certeza absoluta del número de concesiones otorgadas ni de la disponibilidad del recurso para la continuidad y otorgamiento de nuevos permisos.
Durante décadas, Conagua actuó desordenadamente y abrió la puerta a un sistema perverso: desvío del agua hacia grandes intereses privados, mientras comunidades enteras sufrían escasez, enfermedades y despojo. El caos administrativo del Estado provocó fragmentación del poder público, provocando un entramado institucional opaco y permisivo hacia la corrupción. De igual forma, la mercantilización del recurso desarrolló privilegios sistemáticos que favorecieron a pocos y desprotegieron a millones.
La importancia de denunciar públicamente la gravedad de las prácticas irregulares constituye un giro administrativo y político del agua en nuestro país. Y aunque esta batalla se libra en paralelo con otros frentes de huachicoleo —gasolina y fiscal—, la gran pregunta es si estamos ante una estrategia unificada o frente a combates fragmentados.
A mi parecer, los huachicoleos no son problemas separados, sino piezas de un mismo rompecabezas: distintos síntomas de un mismo mal, el de la corrupción, la captura institucional y la inseguridad. De ahí que el huachicol se haya convertido en una metáfora de la descomposición del Estado que requiere atención urgente con un plan oficial de doble propósito: combate frontal a las mafias externas —incluso mediante el uso de la fuerza pública— y maniobras sofisticadas de altura y astucia política que permitan desarticular la corrupción institucional.
En el tema del agua, si bien Conagua cuenta con elementos para una revisión exhaustiva y posible cancelación de concesiones irregulares, idealmente requiere de un rediseño y fortalecimiento de sus mecanismos de supervisión y sanción para lograr los resultados anunciados para finales de este año: orden de todas las concesiones vigentes y aplicación de medidas contra irregularidades.
Es menester regresar al agua su carácter de bien social, asegurando que su uso sea equitativo y sustentable, priorizando a las comunidades y garantizando el acceso pleno al derecho humano al agua. Se trata de construir una cultura política en donde el agua se defienda como derecho y no como mercancía, con una clara conducción política e institucional para lograr el buen manejo del agua.
Hago votos porque el combate contra el huachicoleo —de gasolina, fiscal y del agua— se convierta en uno de los sellos de este sexenio. Lo único que puede sostenerlo y que constituye un punto de encuentro será el combate externo e interno de corrupción, mediante un respeto del Estado de derecho.
No debe ser una persecución de brujas; se debe dar certeza y marco de legalidad a los buenos concesionarios, a quienes también les interesa que haya orden en el régimen hídrico de nuestro país.