Uno de los grandes retos de esta administración es enfrentar el mal llamado “huachicoleo fiscal”. En los últimos años, este fenómeno creció, impulsado por grandes actores que aprendieron a mezclarse con la vida pública —o que ya formaban parte de ella—, cuando en la realidad operan redes criminales que no trafican drogas, pero sí poder y dinero. Hace días, un operativo exitoso derribó un engranaje que había dado maromas desde la administración anterior, en el cual cayeron altos mandos navales.
El “huachicoleo fiscal”, a pesar de ser un fenómeno muy complejo, en realidad opera con trampas muy simples. Se trata de un sistema que bien puede declarar precios irreales para pagar menos; cambiar el nombre del producto para saltarse requisitos; o levantar empresas fantasma para ocultar a los verdaderos beneficiarios. Llámele como quiera; al final del día es robo al fisco, es competencia desleal y es crimen organizado que debilita al Estado.
El operativo reciente dio un golpe severo que mostró esta situación con crudeza: una red operada desde puertos y aduanas por altos mandos navales que movió más de 10 millones de litros en 31 buques tanque con papeles falsos. Resultado: 14 detenciones (cinco marinos activos, uno retirado, cinco exfuncionarios aduaneros, tres empresarios) y el suicidio de un marino vinculado. No es un tema “administrativo”, es un tema de prioridad nacional.
La realidad es que este delito hace agua por todos lados, incluso afecta nuestra relación con Estados Unidos. Esto, ya que, si bien pareciera que únicamente aqueja al sector de los hidrocarburos, las consecuencias nos alcanzan a todas y todos.
Primero, merma el bolsillo público: si quienes importan de forma ilegal no pagan lo que deben, hay menos recursos para salud, seguridad y obras. Tema que cobra relevancia en la semana en que se entrega el paquete fiscal 2026, en el que todos quisiéramos ver que estos rubros cuenten con suficiente presupuesto.
Segundo, en la economía real: quien juega limpio no puede competir contra quien vende “barato” porque hizo trampa y se robó los recursos. Tercero, en la seguridad: las mismas rutas sirven para lavar dinero y fortalecer redes delictivas. Y sí, también hay una responsabilidad compartida con Estados Unidos por la ilegalidad de la importación de los hidrocarburos que entran desde las fronteras. La cooperación no es un gesto, es una necesidad.
Lo cierto es que este fenómeno ocurre en México porque las aduanas, los puertos, los cruces terrestres y la carga aérea concentran muchos actores de diversos sectores y sistemas que no se comunican. Porque en los últimos años el servicio aduanero se ha mermado con rotación y falta de perfiles técnicos y de servidores públicos capacitados. Porque las reglas muy a menudo castigan al mensajero y dejan intacto al que se lleva la ganancia.
Ante esta realidad llega la reforma a la Ley Aduanera con una gran promesa: más revisiones después del cruce, más digitalización, más dientes. Pero cojea en lo esencial: no consolida lo que sí funciona, sobrecarga al intermediario, en especial a las y los agentes aduanales, y ahoga a quien sí cumple. Recordemos algo básico: las aduanas son de los principales centros de recaudación de México, por ello la importancia de la reciente operación contra la red criminal operada desde mandos importantes de la Marina.
Sin embargo, si la reforma se enfoca en lo que no es el problema y olvida al beneficiario real de la trampa, las detenciones serán bolas de humo o premios de consolación. La conclusión es clara: el “huachicoleo fiscal” no se erradica con inspección a ciegas ni con filas más largas.
Así, el punto de encuentro está entre la continuidad de operativos asertivos y una buena reforma, no una con arreglos cosméticos. Comercio limpio es seguridad, certidumbre y confianza para México y para nuestros socios comerciales.