La semana pasada, después de mucha especulación sobre el tema, el presidente López Obrador dio a conocer en su conferencia matutina una propuesta de reforma al sistema de pensiones en México, que no sólo resultaba urgente sino necesaria. Luego de conocer varias iniciativas, entre las que destacaba la estatización de las Afore, la noticia resulta positiva porque de entrada dejaría de lado esa posibilidad. Además, derivado de que se realizó en conjunto con la iniciativa privada, manda una señal de acuerdo entre el Ejecutivo y el sector empresarial en uno de los temas más álgidos. Es así que, en medio de la peor recesión en los últimos 100 años, se logró un acuerdo.
Los principales lineamientos contemplan un aumento en las aportaciones para el retiro, que a la postre, incrementará la tasa de reemplazo, acorde a las mejores prácticas internacionales. Adicionalmente, propone una disminución en las semanas de cotización para poder acceder a la pensión, por lo que habrá más gente que se pueda jubilar con mejor pensión –parte medular del asunto. Es importante señalar que las aportaciones tendrán un incremento gradual en los siguientes ocho años de 6.5 al 15 por ciento del salario, y que dicho aumento provendrá de la contribución patronal, a 13.87 por ciento desde 5.15 actualmente.
Pero como todo en esta vida, hay áreas de oportunidad y retos con la reforma que será votada en septiembre. Para empezar pareciera que el aumento en la contribución patronal pudiera fomentar la informalidad y/o la simulación. Hay que recordar que tan sólo 30 por ciento del empleo en México es formal, y esta reforma deja fuera al sector informal, por lo que no resuelve las pensiones de este sector. Sin embargo, dados los posibles beneficios, más trabajadores querrán tener un empleo formal. Pero, pudiera ser que el patrón transfiera parte del aumento en el costo laboral al trabajador, ya sea a través de menores incrementos en los salarios o reducción en sus prestaciones. Esta reforma per se no contribuye a mejorar la productividad de las empresas, situación que deberá resolverse tarde o temprano si quisiéramos aspirar a mejorar el bienestar del país.
Con la reforma, es de esperar que aumente el tamaño y la relevancia de las Afore en el mercado financiero. Las Afore han sido inversionistas clave para darle profundidad al mercado de deuda gubernamental, la constante salida de valores gubernamentales en manos de extranjeros queda como "anillo al dedo" porque las Afore absorberán parte de la venta de esos papeles. La liquidez proveniente de las aportaciones tendrá que buscar rendimientos atractivos, pero será complicado dada las condiciones actuales de las tasas de referencia. Se espera que las tasas reales de papeles gubernamentales, a finales de este año, sean tan sólo de 1.0 por ciento. Otra parte de las inversiones buscará rendimientos más elevados, por lo que deberían de ser un vehículo para aumentar la productividad en el país a través del financiamiento a proyectos de inversión de largo plazo que contribuyan a crecer a tasas más aceleradas la economía, situación que se antoja difícil dados los proyectos prioritarios de la administración actual.
Al mismo tiempo se abre una oportunidad para los corporativos mexicanos. Para las empresas que tengan planes de crecimiento atractivos y alcanzables, y necesidades de financiamiento ya sea a través de capital o de deuda, el aumento de la liquidez pudiera ser el detonante que se esperaba. Pudiéramos ver mayores colocaciones de empresas mexicanas en las distintas bolsas de valores. El incremento en la demanda de papeles de calidad debería de estar atado a una oferta, pero durante años se ha quedado deprimida. Nuestro mercado financiero bursátil y de deuda es muy pequeño aun comparado con otras economías latinoamericanas.
Esta reforma es un primer gran paso para fortalecer el sistema de pensiones, quedan retos sobre qué hacer con la economía informal, y el fortalecimiento del mercado bursátil que fomente la inversión productiva en el país.