Las políticas públicas no pueden diseñarse de una vez y para siempre, deben revisarse y mejorarse constantemente, esta es una regla dorada para cualquier acción estratégica impulsada por el Estado y, naturalmente, lo es también para el acceso a la información pública.
Desde 2018 el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) mandató la formulación de una política pública que mostrara a la ciudadanía los beneficios del Derecho de Acceso a la Información (DAI) para la solución de problemas cotidianos, a la vez que su difusión para alcanzar una población beneficiaria cada vez mayor. Así, tras dos ediciones, en 2019 participaron 19 entidades federativas y en 2020 solo 14, el PlanDAI ha conseguido que hombres y mujeres no solo conozcan el DAI, sino que lo aprovecharan para mejorar su día a día. Esto incluye el acceso a becas, la mejora del espacio público, goce a otros derechos, y aprovechar el potencial de servicios de salud, por mencionar solo algunas historias de éxito.
En consecuencia, el INAI, de la mano del SNT, ha realizado una evaluación escrupulosa considerando los aprendizajes, limitaciones, áreas de oportunidad y experiencias que devienen de la implementación del PlanDAI. Para ello, ha sostenido diálogos con los involucrados en las dos ediciones pasadas para nutrirse de la retroalimentación de los implementadores. El resultado ha sido la identificación de áreas de oportunidad y una adecuación para el ejercicio 2021-2022 que inició en junio del año en curso. Estos son algunos de los cambios más trascendentes:
1. Que nadie se quede atrás. La meta es alcanzar un 100 por ciento de cobertura para dotarla de un carácter genuinamente nacional. Es necesario que todos los organismos garantes locales, más organizaciones de la sociedad civil y universidades se sumen para posicionar al DAI como un aliado efectivo y factible para aprovechar la utilidad pública del derecho al saber.
2. Focalizar la atención de forma sectorizada. Es necesario realizar tiros de precisión hacia sectores de la población que requieren atención prioritaria y que pueden dotar de un impulso al alcance del PlanDAI. En esta ocasión, se consideran: grupos vulnerables; empresarios; medio ambiente; y docentes.
3. Proyectos multianuales. Hasta ahora, el PlanDAI se ha implementado anualmente, tiempo suficiente para dar seguimiento a la pavimentación de una calle o al mantenimiento de luminarias, pero no para evaluar proyectos de mayor envergadura. Por ende, para construir historias de éxito todavía más benéficas es necesario que el PlanDAI pueda tener continuidad en las ediciones subsecuentes.
4. Incentivos a facilitadores. Las personas que, con destacado compromiso social se formaron como personas facilitadoras del DAI constituyen la espina dorsal de la política pública. De ahí la necesidad de idear incentivos para recompensar su loable labor. Desde la oportunidad de certificar sus habilidades laborales con la ayuda del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, hasta construir una Red de Facilitadores para que puedan conocerse e interactuar entre sí.
La reformulación constante es el mejor aliado del PlanDAI. Sin embargo, lo cierto es que la aspiración del SNT por llevar el aprovechamiento de la información pública a todo el país requiere de la colaboración de todos los institutos de transparencia; una orientación focalizada hacia nuevos sectores de la población; un esquema que permita una concatenación entre ediciones del PlanDAI y que multiplique sus beneficios.
Por esto invito a toda la población a acercarse a sus organismos garantes y sumarse a esta tercera edición del PlanDAI: he aquí una oportunidad para impactar en la vida cotidiana de las y los mexicanos; y una fórmula para tender puentes de incidencia con la sociedad, para demostrar el valor, utilidad y beneficios sociales que se construyen desde el uso del derecho. Contamos con un innovador catalizador de soluciones públicas, el DAI, aprovechémoslo: que nadie se quede atrás.