Tras el fin de la organización feudal, surgieron nuevas maneras de entender el mundo y nuestro lugar en él, todas con una tesis central en común: la desigualdad y la pobreza han de ser erradicadas. En lo que difieren es en la manera de hacerlo y, actualmente, en nuestro país estamos divididos entre pensar que los programas sociales y el aumento al salario fortalecen la economía de las familias mexicanas, o si son un paliativo que, más que sacar a los mexicanos de la pobreza, solo nos va a meter a todos en ella.
Los efectos de las políticas económicas han sido uno de los grandes temas de especulación en los últimos años, pero los resultados de la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) parecen llevar a una conclusión: hay un avance en el combate a la pobreza.
El salario promedio mensual de los hogares mexicanos fue de $22,439 en 2018 y de $25,955 en 2024, lo que representa un aumento de 15.67%. Las cifras son más sorprendentes cuando se analizan por deciles: el primer y el último decil ganaron $12,359 y $226,665 en 2018, respectivamente, y en 2024 aumentaron a $16,795 y $236,095. En otras palabras, el incremento fue de 35.9% para los más pobres y de 4.2% para el 10% de la población con mayores ingresos.
Pero, si la ENIGH midiese una reducción general en la pobreza, ¿qué tal que se debiera sobre todo a las transferencias gubernamentales y que no solo se tratara de una cifra artificial, sino que también haya provocado una dependencia del Estado? Tranquiliza saber que, de acuerdo con el INEGI, las transferencias representan solo 17.7 % del ingreso de los hogares; en el caso del primer decil, este número asciende a 36.23%, lo cual es ligeramente menor al 37.18% registrado en 2018. Los mexicanos siguen dependiendo del fruto de su esfuerzo diario, y el aumento al salario mínimo se ha traducido en una redistribución de la justicia.
Pero nunca nada es tan bueno como parece. Los beneficios de haber universalizado los programas sociales son evidentes para todos los deciles, desde quienes más los necesitan hasta quienes tienen un retiro mejor asegurado. No podemos olvidar que, gracias a que somos un país con una desigualdad estructural (por más que queramos negarlo, aquí siguen pesando mucho las condiciones en las que nacemos), el aumento real en los ingresos del primer decil es de $4,436, lo que palidece frente a los $9,430 del último decil.
Las finanzas públicas tienen que absorber el costo de haber ampliado la asistencia social, el cual asciende al 41% del presupuesto. Las medidas que ha implementado el gobierno no se pueden sostener con una recaudación deficiente y regresiva que no corresponde con la nueva realidad. Nuestros ingresos tributarios representan apenas el 16.9% del PIB, y la mayoría proviene del IVA y del ISR.
En este rubro, México está por debajo del promedio de la OCDE; sus miembros más ricos recaudan hasta 8% de su PIB a través de impuestos progresivos sobre los ingresos de las personas, contrastando con el 2% de los países latinoamericanos, incluyendo a México.
Si no queremos perder los beneficios de tener salarios más altos, el siguiente paso es agrandar el pastel: es indispensable aumentar la productividad e incentivar la formalización del enorme sector económico que opera en el margen de la regularidad. La clave está en las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías, pero también —como hemos visto— en la sensibilidad social. La desigualdad no es un resultado inevitable del mercado, sino una decisión política. Y esto también es cierto para la tecnología y su aplicación.