Opinión

La Corte toma distancia

La separación de poderes es un principio político indispensable para la democracia, ya lo decía el célebre barón de Montesquieu en su obra El Espíritu de las Leyes.

Octubre de 2021 será recordado como un mes de rompimiento, un divorcio o, al menos, el final de la luna de miel entre los líderes del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Desde que asumió la presidencia de la Suprema Corte en 2019, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea mostró cercanía con su homólogo Andrés Manuel López Obrador. Una de sus posiciones más controvertidas fue el apoyo a la consulta popular sobre el enjuiciamiento a los expresidentes, la consulta era de suma importancia para el proyecto de la Cuarta Transformación pero no habría sido posible sin el aval de la Suprema Corte de Justicia.

A principios de este año el Congreso de la Unión aprobó una reforma que permitía extender la presidencia del ministro Arturo Zaldívar hasta el final del sexenio. Durante la “mañanera”, López Obrador declaró que sólo Zaldívar podría encabezar la indispensable reforma al Poder Judicial, era evidente que el presidente de la República deseaba conservar a quien percibía como un aliado, en esa importante posición.

Pero en este mes anterior, el presidente de la Suprema Corte envió señales claras de distanciamiento. Primero aceptó una entrevista con Carlos Loret de Mola, acérrimo crítico de López Obrador, en la que justificó su diplomacia hacia el presidente de la República diciendo que el entorno que le había tocado enfrentar era el más complicado para un presidente de la Corte, desde el siglo XIX.

Después vino la contradicción de tesis 39/2021, donde siete ministros (Piña Hernández, Ríos Farjat, González Alcántara, Laynez Potisek, Ortiz Mena, Pardo Rebolledo y Zaldívar Lelo de Larrea) determinaron que la prohibición absoluta de los vapeadores y cigarrillos electrónicos prevista en la Ley General para el Control del Tabaco es inconstitucional.

La decisión no le gustó nada al presidente López Obrador, pues contradijo la posición encabezada por uno de sus consentidos, Hugo López-Gatell, quien recientemente calificó a los vapeadores y los productos de tabaco calentado como “la nueva cara del enemigo de la salud”.

La respuesta no se hizo esperar, unos días después el presidente López Obrador emitió un decreto que prohibió la importación de todo tipo de dispositivos alternativos para fumadores, ya sea que utilicen la tecnología de tabaco calentado o Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN). El decreto se ha interpretado como un reto a la decisión de la Corte, que ahora deberá declarar inconstitucional esta nueva prohibición.

El desencuentro continuó y tuvo un nuevo capítulo el 25 de octubre, fecha en la que la Suprema Corte debatió las acciones de inconstitucionalidad 130/2019 y su acumulada 136/2019, invalidando la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y emisión de comprobantes fiscales falsos.

El presidente López Obrador abordó el tema durante su gira por Campeche, diciendo que lamenta mucho la decisión del ministro Zaldívar, pues afecta a los más pobres y protege a quienes tienen mejor posición económica.

Alegrarnos por el distanciamiento entre los líderes de los poderes Ejecutivo y Judicial parecería un contrasentido, pero en cualquier país con una sana democracia, los jueces en ocasiones votan en favor del Poder Ejecutivo y a veces en contra. La independencia del Poder Judicial es la piedra angular del Estado de derecho.

En el contexto actual y frente al debilitamiento de otros mecanismos de control, las posturas que la Suprema Corte ha mostrado recientemente son una excelente señal. La separación de poderes es un principio político indispensable para la democracia, ya lo decía el célebre barón de Montesquieu en su obra El Espíritu de las Leyes: todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo, para evitarlo, hace falta que “el poder detenga al poder”.

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