La emergencia sanitaria ha evidenciado la necesidad de contar con mecanismos que nos permitan reaccionar, sin interrumpir las responsabilidades que tenemos como autoridades frente a la sociedad. Así, las políticas públicas deben ser flexibles y dinámicas para adaptarse a nuevos contextos para la solución de los actuales problemas públicos.
En los últimos años nos hemos concentrado en implementar una política nacional de transparencia que, entre otras cosas, facilite el acceso a las conocidas obligaciones de transparencia, que es aquella información que debe publicar toda institución en el país. No obstante, se tienen que reorientar esfuerzos y preguntarnos, ¿Qué hace falta para disponer de información completa, oportuna y accesible sobre otras temáticas a las que puede accederse solo mediante una solicitud?
No se trata de descubrir el hilo negro, la experiencia internacional ha mostrado que para incrementar la transparencia en un país se debe adoptar una Política Nacional de Datos Abiertos; a fin de planear y priorizar la publicación de aquellos rubros de especial interés para contribuir a la solución de un problema público y que, además, se encuentra a disposición de cualquier persona para consultarla, usarla y explotarla para sus propios fines. La diferencia entre las obligaciones de transparencia y los datos abiertos es que estos últimos son la fuente primaria de información y encuentran su razón de ser si existe un uso que contribuya en la atención de necesidades.
Contar con una política pública como ésta ha permitido a otros países responder de mejor manera a la pandemia. Colombia, con DataSketch, inició un proceso para cocrear soluciones que faciliten la movilidad. También la Unión Europea ha fortalecido las acciones de apertura y uso de datos entre sus países miembros para encontrar soluciones conjuntas en la atención de la pandemia. Argentina, Chile, Ecuador y Uruguay están promoviendo la publicación de datos abiertos sobre el estado de la pandemia de forma diaria, lo que puede ayudar a que, una vez estandarizada la información, se compare entre países para detectar posibles áreas de oportunidad en las estrategias para aminorar los efectos del Covid-19.
Estos ejemplos muestran la importancia de contar con una estrategia clara y definida para promover la apertura de datos en tiempos de crisis, pero además muestran la posibilidad de utilizarlos en otros ámbitos de la vida cotidiana, por ejemplo, la generación de empleo, la movilidad, la seguridad pública, el rezago económico, entre otras temáticas relacionadas con los derechos humanos.
A pesar de que México ha mostrado avances para consolidar una agenda de datos abiertos, en general, ha sido solo en el ámbito de la Administración Pública Federal, o bien, en alguna que otra entidad federativa. Hace falta una estrategia que una estos esfuerzos y los oriente hacia una agenda común, sin descuidar las asimetrías o necesidades diversas entre distintas regiones del país. Para ello, es necesario construir una Política Nacional que determine, por lo menos:
• La necesidad de identificar las bases de datos que generan los gobiernos e instituciones de los tres órdenes de gobierno para trabajar sobre aquellas que sean relevantes en la atención de necesidades.
• Un repositorio nacional que facilite la publicación, consulta y uso de los datos por cualquier persona u organización que requiera información para sus propios intereses.
• Reglas claras y estandarización entre la información publicada por distintas entidades públicas.
• Participación de distintos sectores de la sociedad civil para la determinación de prioridades en la publicación de los datos.
La emergencia sanitaria nos hizo ver áreas de oportunidad en términos de políticas públicas; siendo una de ellas el promover una en materia de datos abiertos, la cual se debe explorar ante nuestra realidad, si queremos transitar hacia una nueva frontera de la transparencia que contribuya con mayor efectividad a la atención de problemas públicos.