Se supone que la revocación de mandato un mecanismo para que la ciudadanía quite del poder a un representante electo. Significa que esta persona ha hecho muy mal las cosas por lo que se convoca a votarle en contra con el fin de quitarle el derecho a gobernar.
El voto, en la democracia, es la voluntad de Dios: intocable e incuestionable. Para revocar una determinación divina hay que fregarse, no puede ser al vapor.
En Nuevo León se han sorteado mediáticamente al menos dos revocaciones de mandato por la tensión social y política que cada uno provocó. Sócrates Rizzo y Fernando Canales salieron por renuncia, oficialmente, pero todo el mundo sabe que las élites se aliaron para pedir amablemente su destitución. Las condiciones de ingobernabilidad que provocó su liderazgo, su equipo y su visión de estado fueron las razones de esas rarísimas convergencias de intereses. La ciudadanía no votó.
Ahora, la revocación de mandato en México es muy extraña porque no sólo no convoca intereses, al contrario, se dedica a confrontarlos. La solicita el mismo sujeto de revocación, el presidente López Obrados pide oficialmente a las instituciones que pregunten a la gente si quiere o no que acabe su periodo como el máximo representante de la democracia mexicana. ¿Por qué no lo pregunta él directamente?
De manera irracional la oposición duda, manda mensajes contradictorios y parece que se resiste. ¿Por qué no? ¿Por qué no propiciar la deseada salida del gobernante supuestamente indeseable?
Entre las dos preguntas se traza una situación estratégica de muchas aristas políticas. Una es que a nadie le importa la revocación de mandato, es una ley que no le funciona al ciudadano y deja en el limbo el derecho de defensa del gobernante. La pérdida de confianza es real, pero puede materializarse en cualquier cosa, y la omisión del derecho de defensa –porque ni siquiera es negación– es otra ambigüedad del mismo tipo.
El mecanismo de revocación sería válidamente ciudadano si fuera tan fácil para la ciudadanía juntar 2,758,227 firmas en dónde se reúna el 3% de ciudadanos de al menos 17 estados, en el mejor de los casos, en un plazo poco mayor a dos meses y medio. Pero no es así, la historia con la Consulta Popular evidencia que sólo los partidos políticos han logrado reunir 2% de firmas.
Otra arista es que se necesita que vayan a votar al menos 37 millones de personas (poco más); y que de estas, 24.8 digan que sí. Si la votación fuera tan nutrida como en las elecciones de 2021, tendrían que votar a favor 32.2 millones de personas. El presidente López Obrador rompió récord de votación con 30.11 millones de votos en 2021, ahora resulta que para revocarlo se necesitaría de otro récord, 1.1 millones más para 2022.
Es decir, presidente y oposición saben que es muy poco probable que la revocación de mandato funcione porque 1) la factibilidad para que se reúnan las firmas es baja, 2) es menos probable que vaya mucha a gente a votar y 3) es casi imposible que dos terceras partes digan que sí.
¿Quién gana y qué gana con la Revocación de Mandato? La ciudadanía no. Tampoco el Instituto Nacional Electoral que está siendo utilizado: se le niega el dinero, mientras se le acusa de incompetencia.
¿Quién gana nutriendo un debate político inútil a sabiendas que el mecanismo difícilmente va a funcionar? ¡El populismo de Venezuela! ¡La postergación del mandato! ¡La crisis económica jamás vista en el país!
No lo creo porque no se reúnen las condiciones sociales, políticas y legales que estructuraron esos cambios. La cosa extraña es que no había crisis social ni política – como la hubo en Nuevo León –, desde la campaña el hoy presidente la está provocando.
¿No será que la oposición está fallando en su estrategia?
