El impuesto por la tenencia de autos fue una medida que se aprobó en 1962 con el fin de expandir carreteras, autopistas, vías, etcétera. Lo comenta Gerardo Esquivel (@esqiuvelgerardo) en una editorial de 2011 y desmiente el mito sobre la temporalidad del impuesto, así como su justificación para financiar las olimpiadas del ‘68.
El objetivo de este ingreso estatal ha evolucionado a 60 años de su creación. Y aunque son insuficientes las vialidades pocas están en buenas condiciones, también es incuestionable en las condiciones de inseguridad, la necesidad de un padrón vehicular actualizado, como argumentaron originalmente los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila.
Lo que no entiendo es porqué le sacan la vuelta si bien puede justificarse esa recaudación para poder hacer bien todas las adecuaciones que implica al estado la creación y mantenimiento de las vialidades. Un buen político hasta podrían sacar ventaja – y sería de aplaudirse – de un diseño vial con sentido ciudadano, políticas públicas que contemplen también la seguridad y el derecho de tránsito de peatones y ciclistas, que se financien investigaciones para el desarrollo de tecnologías/procesos favorables al medioambiente, que se mejore la señalización, que se otorguen incentivos para reducir el uso del carro o para la adquisición de vehículos más ecológicos.
Por otro lado, es bastante cuestionable la propuesta del volver a cambiar las placas, no hay la necesidad de reponerlas para mantener la actualizado el padrón vehicular. Más bien, habría que crear modelos de actualización más eficientes que no generen basura y no diluyan los ingresos entre los fabricantes de las láminas.
La credencial de elector, por ejemplo, tiene una vigencia más larga y la persona puede actualizarla casi en cualquier momento; igual el padrón electoral / lista nominal de electores, no se espera un año para mantenerse su vigencia. Ambos instrumentos funcionan sin molestias ni gastos adicionales para la ciudadanía y a la vez le son instrumentos útiles para las investigaciones del delito.
Otro punto, siendo un impuesto estatal, qué necesidad de culpar a la estrategia de seguridad nacional y crear más confusión y desconocimiento. Si en lugar de ‘patear el bote’ asumieran la responsabilidad de presentar un plan de integral en el que vehículo conviviera con las otras formas de traslado – ciclistas, motos, peatones, personas con discapacidades, transporte público–. Es decir, que quedara claro que la tenencia se invierte en el diseño de calles para alta/baja velocidad, con carriles exclusivos, banquetas, estacionamientos, rampas, señalización, guías especiales en la textura del piso para las debilidades visuales y, claro, sanciones para quienes incumplan cualquier medida entre muchas otras cosas que implican al carro y su conductor.
De ser así la autoridad no sólo generaría confianza, también respeto al presentar un proyecto con utilidad inmediata a la ciudadanía. No que el mito y la manipulación de la tenencia se repite cada elección a la gubernatura en casi todo el país. La oposición lo utiliza y exige quitarlo, mientras que quien está al mando, ‘robalea’; se escurre para no hacer frente a realidad, para no hacer comprometerse con un buen proyecto, en cualquier caso para mantener ese ingreso y disponer de los recursos a discreción.
Lo único que se ha logrado con esta táctica es (más) desconfianza y descontento entre la gente. La tenencia – replaqueo, verificación o como le llamen – es un impuesto etiquetado para proyectos y políticas públicas que urgen y particularmente a Nuevo León, ¿por qué no tomarlo como viene?
