Esta semana se discuten en el Instituto Nacional Electoral (INE) el proceso y las condiciones como se llevará a cabo la Revocación de Mandato tan prometida por el presidente López Obrador. El INE se enfrenta al diseño de los lineamientos –sin ley– para poner a funcionar un mecanismo de democracia directa que existe en la Constitución, pero que no tiene ‘legislación secundaria’ porque el Congreso de la Unión no la hizo.
El Poder Legislativo debió regular –y aprobar– en 2020 qué y cómo debe llevarse a cabo esta revocación, desde recolección de firmas hasta los resultados, incluyendo los medios de defensa para la ciudadanía. Y aquí un elemento crucial para la democracia mexicana, la Consulta Popular sólo ha sido activada por ciudadanxs con el apoyo de un partido político. En esta columna y los tuits de su autora se pide insistentemente legislar una consulta que pueda activar la ciudadanía sin depender del apoyo de algún grupo, élite o institución partidista.
Por eso los partidos políticos no deben involucrarse en los mecanismos diseñados para la participación ciudadana. Tanto la Consulta como la Revocación son instrumentos para entablar el diálogo formal entre la ciudadanía y las autoridades, particularmente las autoridades electas. Este diálogo sirve para que la gente les corrija la plana a sus representantes, o sea, a las personas electas. ¿A cuenta de qué se involucran los partidos políticos?
Si estas instituciones quieren proponer, corregir o modificar en algo la agenda pública deben hacerlo desde las plataformas de gobierno que ofrecen en cada elección, o bien a través de los cuadros de representación que tienen gobernando y/o de los grupos parlamentarios. No tienen que estar recolectando firmas y mucho menos estar decidiendo cómo le debería hacer la ciudadanía. Es como si en un partido de futbol el entrenador técnico quisiera meterse a interpretar las reglas con el árbitro, es un sinsentido.
Por donde se vea en el país, los legisladores le han puesto candados a al diálogo ciudadanía-gobierno. Los peores casos – Yucatán, Coahuila, Puebla, Tabasco, Veracruz, Ciudad de México, entre otros – fingen tener mecanismos que pueda activar la ciudadanía ya sea dejándola en el limbo por limitar los temas que la gente puede consultar, por dejarles en dependencia de las autoridades involucradas, o bien, porque el resultado no obliga a dichas autoridades.
El saldo nacional es que 21 estados sí tiene algún tipo de consulta/revocación no trampeados. Todos tienen una base ambigua, en mayor o menor grado. Chihuahua sobre sale del resto, aunque solo se puede consultar lo decidido por la autoridad, la ciudadanía no puede proponer algo en la agenda pública.
La Consulta y la Revocación existen en México, lo que ya es un mérito, pero estos instrumentos están tan manipulados que materialmente la ciudadanía no-partidista se topa contra pared si quiere activar el diálogo formal con las autoridades electas. Hoy que los lineamientos para la Revocación son un asunto público con intereses políticos, vale la pena participar para que se sienten nuevas bases en donde la ciudadanía, y no solamente el presidente –o cualquiera en el poder–, pueda activarlos.
Pdta: En Nuevo tenemos casi cinco años de rezago legislativo sobre la revocación, ¡y la falta que nos ha hecho!
