La Ley de Disciplina Financiera de las entidades Federativas y los Municipios, aplicable también a los “Entes Públicos” que sean regulados o controlados por estos órdenes de Gobierno, como es el caso de Agua y Drenaje de Monterrey, impone techos de financiamiento neto (colocación de deuda nueva menos amortizaciones) en función de la clasificación de endeudamiento que reporte cada Estado, y en el caso de Nuevo León, su nivel de endeudamiento se clasifica “en Observación” lo cual le permite contratar nuevos financiamientos y obligaciones de pago, hasta por el 5 por ciento de sus ingresos de libre disposición, para el ejercicio fiscal 2022.
Obviamente, la Ley de Ingresos del Estado para este año, turnada por el Ejecutivo Estatal y aprobada por el Congreso local desde el año pasado, consideró ya esta facilidad para incrementar la deuda del Estado, (y de hecho por una cantidad mayor al 5 por ciento autorizado) consiguiendo una autorización del Congreso Local para obtener $6 mil 510 millones de pesos en ingresos por financiamientos, $4 mil 240 millones en deuda a largo plazo, y $2 mil 270 millones en deuda a corto plazo, cantidad que supera incluso al 5 por ciento del total de ingresos aprobados, de hecho es el 5.91 por ciento.
Este sobregiro en la contratación de más deuda a lo autorizado, proviene de una interpretación a modo, en materia de “Obligaciones”, particularmente las de corto plazo, y señalan que el saldo insoluto de las “Obligaciones” de pago, pueden alcanzar hasta el 6 por ciento de los ingresos totales contenidos en Ley de Ingresos, (Artículo 30 fracción I) pero lo interpretan como un porcentaje “adicional” al tope global del 5 por ciento de los ingresos de libre disposición, lo cual es erróneo, ya que ese 5 por ciento incluye todos los compromisos de pago, no solo de “financiamientos” sino también de “Obligaciones”, aunque esto podría ser tema de una nota posterior.
Bueno, pues el caso es que el nuevo ducto que se va a construir para traer más agua, con un presupuesto inicial de $10 mil 444 millones de pesos, contempla una inversión a cargo de nuestro Estado del 55 por ciento de este monto, es decir, unos $5 mil 701 millones de pesos, y se informa que $3 mil 619 millones se obtendrán mediante un esquema de Bono Cupón Cero, asociado a CRÉDITOS del Fondo Nacional de Reconstrucción (FONAREC) y del Programa de Financiamiento para Infraestructura y Seguridad en los Estados (PROFISE), quedando por definir la fuente financiamiento para los $2 mil 082 millones de pesos restantes.
Los créditos que recibirá N.L. tendrán una fuente de amortización, (total al vencimiento), proveniente de una inversión financiera inicial, hecha por el Gobierno Federal, denominada bono cupón cero, porque los rendimientos se reinvierten, y a vencimiento, generan una suma de dinero igual a la que se presta al inicio, pero los intereses del crédito quedan a cargo del Estado.
