Marco Pérez

Marco Pérez: ¿Debe el Gobierno federal proveer insumos estratégicos?

El papel del gobierno es de “rector” y no de “actor”, ya que no es correcto que el árbitro también actúe como jugador en el terreno de juego.

Si bien la tarea fundamental de todo gobierno es la de garantizar seguridad a sus gobernados, tanto en su integridad personal como en su patrimonio, sin la cual no podría desarrollarse ninguna actividad económica, a veces no se le da la importancia suficiente, quizás porque en la práctica, quienes tienen recursos económicos, pueden acceder a servicios privados de seguridad, así como conseguir que la impartición de justicia les favorezca, preservando su patrimonio, ya que de otra manera, votarían con los “pies”, y migrarían a otro País, donde se sientan razonablemente “seguros” y protegidos por las autoridades.

La siguiente tarea del gobierno, es la de establecer Leyes y reglas del juego, que garanticen una convivencia pacífica, civilizada y ordenada, regulada y reglamentada por un estado de derecho que privilegie la equidad y la participación de todos los factores de la producción, debidamente regulados por la autoridad, en su calidad de rector de la economía, evitando prácticas monopólicas y abusos por parte de los actores económicos predominantes.

En este escenario, de una economía de libre mercado, el papel del gobierno es de “rector” y no de “actor”, ya que no es correcto que el árbitro también actúe como jugador en el terreno de juego.

Si bien la propia teoría económica establece que el libre mercado no puede proveer de manera óptima servicios ni bienes públicos, y los incluye como “fallas del libre mercado”, y esto llama a la intervención gubernamental para corregirlas, esto se puede conseguir regulando al productor monopolista, o siendo el propio estado el que provea el bien o servicio, como en el caso de la “Defensa Nacional”, la cual provee el Ejercito, institución a cargo del gobierno federal.

Incluso, en el arreglo institucional, la Constitución señala en su artículo 25, que corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional, y que planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, regulando y fomentando las actividades que demande el interés general.

Es ahí, en la Constitución, donde se establecen las áreas estratégicas, que de manera “exclusiva”, el sector público tendrá a su cargo, sin que se consideren “monopolio”, y se incluye el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.

Como sabemos, la reforma energética de 2013, abrió a la participación del sector privado, nacional y extranjero, la posibilidad de generar energía eléctrica para abastecer la demanda nacional, a través de reglas y mecanismos de participación regulados y operados por la autoridad, a través de la propia CFE, (la cual conserva el monopolio de la transmisión y la distribución) así como de los órganos reguladores creados por la propia reforma, buscando reducir, básicamente, el costo de generación de la energía eléctrica, para que llegara a los usuarios a precios más reducidos.

Obviamente, dada la antigüedad y la obsolescencia de muchas plantas generadoras de energía, propiedad de la CFE, y siendo el factor preeminente el costo de generación, la reforma apuntaba a un paulatino retiro de la CFE como productor de energía, para concentrarse en sus funciones monopólicas de transmisión y distribución, a medida que el sector privado, con plantas más eficientes y modernas y de tecnologías menos contaminantes, alcanzaran a producir la energía que demanda el País, a un costo menor que el incurrido por la CFE.

Si consideramos que las nuevas tecnologías para generar energía eléctrica, usan la energía solar y la eólica para estos efectos, y que por su naturaleza son de carácter intermitente, dada la poca o nula capacidad de almacenamiento de la energía producida, el aspecto de la “confiabilidad” en el suministro fue cuestionado por la nueva administración federal, y usado como argumento para proponer una nueva reforma constitucional que devuelva al gobierno, y a la CFE, el monopolio en la generación de energía eléctrica.

Si bien es un hecho que, de aprobarse esta propuesta, habrá afectaciones económicas a los actuales participantes en la industria eléctrica, esta acción no se enmarca en un estudio costo beneficio privado, sino en un modelo económico que asigna al estado un papel más preponderante en la actividad económica nacional, donde se privilegia más su papel de actor o proveedor, que regulador.

De tal suerte, independientemente de si se está a favor o en contra, esta propuesta debe analizarse dentro del paradigma de un cambio en la estrategia de crecimiento económico del País, y no como un proyecto de costo beneficio privado.

Marco Pérez

Marco Pérez

Economista especialista en finanzas públicas, Socio Director de Econometría Aplicada SC, Conferencista y Catedrático a nivel doctorado.

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