Hace poco más de un mes que el Ejecutivo federal envió al Congreso la iniciativa de reforma constitucional en materia de energía eléctrica. Aún cuando ya en varias ocasiones anteriores se habían propuesto cambios a la regulación y a las leyes en materia energética, esta iniciativa causó una gran conmoción a nivel nacional, tanto en la propia industria eléctrica como en el público en general. A diferencia de los cambios anteriores que se habían propuesto, esta vez la intención parecía ser echar atrás toda posibilidad de competencia en energía eléctrica, además de que el cambio ya no es en la regulación o en las leyes, sino en la Constitución. Tras la publicación del texto de la iniciativa, se alzaron voces en todos los frentes: empresas del sector eléctrico, grandes empresas consumidoras de energía, partidos políticos afines al Ejecutivo Federal, partidos de oposición, asociaciones civiles, gobiernos extranjeros, etcétera. Todo este revuelo deja en completa incertidumbre a muchos de los posibles afectados, pues tienen el dilema de continuar o parar proyectos, sin una fecha clara para poder tener certidumbre.
En los días inmediatos a la publicación de la iniciativa de reforma, se manejó por parte de MORENA la intención de someter la iniciativa a votación para diciembre de 2021. A diferencia de las ocasiones anteriores, esta vez no se podía dar a esta iniciativa de reforma la calidad de “Iniciativa Preferente”, ya que esto no es posible para reformas a la Constitución. Por esa razón diciembre 2021 parecía la fecha más apresurada posible para poder votar la iniciativa en el Congreso. Con esta información, varias empresas consumidoras de electricidad, se plantearon la posibilidad de esperar hasta fin de año para tomar decisiones respecto de eventuales migraciones al Mercado Eléctrico Mayorista, instalación de paneles solares, cumplimiento del Código de Red y demás. Para profundizar aún más el ambiente de incertidumbre, en días recientes se ha manejado la posibilidad de posponer varios meses más la votación de la iniciativa.
La semana pasada se hizo pública la intención de la bancada de MORENA de someter la iniciativa a voto en el Congreso para abril 2022. Coincidentemente el mismo día por la mañana el Embajador de los Estados Unidos se reunión con el Ejecutivo federal y, como se supo después, planteó la preocupación del gobierno de su país ante las consecuencias que traería la iniciativa eléctrica. Más aún, apenas esta semana el PRI hizo pública su intención de no discutir formalmente la reforma en el Congreso hasta junio 2022, después de las elecciones de ese año. Con esto, en poco más de un mes de que se hizo pública la iniciativa de reforma, se ha pospuesto por lo menos 6 meses la fecha para saber cómo serán las reglas del sector eléctrico para los próximos años.
Sin duda alguna faltan muchas cosas por suceder y no es descabellado pensar que este asunto pudiera seguirse posponiendo, pues MORENA y sus aliados no pueden aprobar una reforma constitucional sin votos de los partidos de oposición. Resulta entonces imposible pensar que las empresas podrán seguir esperando una fecha que incluso pudiera no llegar. Sin embargo, para poder tomar decisiones y continuar con sus proyectos en temas de energía eléctrica, las empresas necesitan protegerse ante situaciones imprevistas, especialmente ante posibles cambios en el marco legal. La clave para ello está en la negociación detallada de los contratos con sus proveedores de servicios de energía y equipos relacionados. Hay que tener presente que los proveedores son los primeros interesados en que los proyectos no se detengan, por que seguramente habrá mucha voluntad para negociar.
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