ORIZABA.- El cuerpo de la reportera Anabel Flores Salazar salió de la ciudad de Tehuacán y arribó a la ciudad de Orizaba. Este miércoles fue velada por sus familiares en ese municipio, detalló Geiser Manuel Caso Molinari, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP).
Luego de que el pasado martes fuera localizado su cuerpo en una carretera del estado de Puebla, la CEAPP ha mantenido el acompañamiento, asesoría jurídica y apoyo económico a la familia de la reportera, además de "una serie de herramientas tecnológicas y de seguridad que no podría detallar pero desde el lunes la familia cuenta con seguridad", indicó.
El Sol de Orizaba se deslindó del vínculo laboral con la reportera afirmando que no se encontraba en nómina, sino que sólo colaboraba con el medio obteniendo una pequeña remuneración económica por su trabajo.
Al respecto, mencionó que se entrevistó con el director de El Sol de Orizaba, quien confirmó que Anabel Flores no se encontraba en nómina y sólo recibía un apoyo económico.
"El director está en toda la disposición de continuar con la atención y cualquier cosa que la familia nos pidiera al respecto la comisión (CEAPP) puede intervenir con asesoramiento jurídico laboral".
Al respecto, el comisionado de la CEAPP Jorge Morales indicó que el hecho de no estar en nómina del periódico no exime al medio de su responsabilidad laboral para con la periodista. Además de que este contexto se une con la situación laboral de la mayoría de los periodistas en el estado de Veracruz ya que no cuentan con contratos ni un tabulador de salarios, lo que beneficia a los dueños de medios de comunicación para deslindarse de la relación laboral de sus periodistas.
También dijo que la versión que divulgó la Fiscalía de Veracruz en un primer comunicado respecto de que Anabel se encontraba en compañía de una persona que fue aprehendida el 30 de agosto de 2014 por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, existen versiones periodísticas distintas a la planteada en dicho comunicado en las que se habla de que la reportera se encontraban en un lugar público, lo que hace al señalamiento muy vago e incluso irresponsable.
La Fiscalía tiene como premisa investigar la labor periodística del comunicador, recordó, y están desviando la atención y con dicha versión "no sólo no están cumpliendo con sus protocolos, sino que están desviando la atención por un asunto que se percibe que lo hacen con el dolo y la intención de desacreditar a la periodista a priori".
Entre otras cosas, Geiser Caso detalló que la familia toma las decisiones pertinentes respecto de los hijos que Anabel dejó, un bebé de pocos meses y un pequeño de 4 años. Por lo que la CEAPP les ofreció el apoyo jurídico para resolver la situación legal de la custodia de los menores.
Respecto de las amenazas que algunos reporteros de la zona centro de Veracruz han estado recibiendo, el secretario ejecutivo de la comisión refirió que cuentan un programa preventivo en el que se encuentran varios periodistas, algunos policíacos. Por lo que a petición de quien lo solicite, la comisión hace una evaluación de riesgo para ofrecer las medidas más adecuadas para la protección de los comunicadores.
EXIGEN JUSTICIA
Amnistía Internacional emitió un comunicado en el que exige a las autoridades mexicanas realizar una exhaustiva investigación del caso de Anabel Flores y asegura que "el descubrimiento del cadáver de una periodista mexicana especializada en la información de crímenes es un trágico recordatorio de la angustiosa realidad a la que se enfrentan miles de periodistas de todo México, uno de los países más peligrosos del mundo para los profesionales de los medios de comunicación".
Alrededor de 16 organizaciones, además de periodistas y activistas exigieron la renuncia del secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita y del Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras ante los recientes casos de los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca y el asesinato de otra comunicadora veracruzana. Además exigieron una depuración de las dependencias de seguridad de la entidad.
"Consideramos que la desaparición forzada de ciudadanos a manos de autoridades policiales estatales, la escasa protección a periodistas así como la indiferencia de la Fiscalía General del Estado a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras para investigar los delitos deben tener consecuencias en Veracruz y en todos los estados donde la omisión y la revictimización son una constante. Por lo cual con carácter de urgente, exigimos una depuración completa de las dependencias de seguridad y procuración de justicia del Estado de Veracruz comenzando por sus titulares que han dejado de ser un referente confiable para la sociedad".